Este miércoles 6 de agosto entra en vigor el Decreto 78/2025 del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen de precios y reservas de los servicios turísticos. El objetivo del mismo es implantar un conjunto de medidas de simplificación administrativa con el fin de mejorar los procesos regulatorios, la gestión interna y la organización.
Empresas de alojamiento turístico, restauración, agencias de viajes, turismo activo y guías de turismo tienen que ajustarse a las nuevas normas, algunas de las cuales han surgido de las alegaciones de la Unión de Consumidores de Aragón.
Esta entidad aplaude que el texto final, publicado el pasado 17 de julio, haya incorporado "garantías concretas frente a prácticas abusivas o negligentes que pueden causar graves perjuicios en la experiencia turística de la ciudadanía”.
A partir de ahora los precios en establecimientos de restauración deberán facilitarse en soporte físico, y si se pone a disposición del cliente algún elemento en la mesa, se presumirá que es gratuito. Asimismo, si se ofrece un servicio fuera de carta, su precio deberá informarse por escrito y de manera simultánea al ofrecimiento.
Por otro lado, las empresas de turismo activo han de informar al cliente antes de la actividad de precios, fechas, horarios y datos completos de la empresa (incluyendo CIF y domicilio social).
Y en el documento de reserva de los alojamientos también hay cambios, pues tiene que incluir el precio total de la estancia, detallando los servicios complementarios. Respecto a la señal para reservar un alojamiento, el porcentaje pasa a ser del 35% del coste total, en lugar del 40 como hasta ahora.
Ucaragón también se congratula de que las cláusulas de cancelación o anulación vayan a respetar la reciprocidad, protegiendo al consumidor de condiciones abusivas. Se aplicarán, tanto en alojamientos, como en restauración.
En el momento en que entre en vigor el decreto, en reservas de varias noches, si el establecimiento la anula por no presentación, deberá hacerlo de manera fehaciente, garantizando así mayor seguridad jurídica a la persona contratante. De esta manera se evita la pérdida de reservas por malentendidos o falta de notificación y se protege a los consumidores de cancelaciones unilaterales injustificadas.
Además se ha establecido un plazo máximo para el abono de indemnizaciones en caso de sobreventa de plazas. Si un establecimiento incurre en sobrecontratación, deberá abonar una indemnización del 15% del precio total de la estancia en un plazo de 10 días. De no hacerlo, el cliente podrá exigir el doble del importe.
El PSOE pide una moratoria para su entrada en vigor
El decreto, no obstante, recoge muchos otros aspectos, para los cuales el sector no ha tenido apenas tiempo de prepararse, algo complejo de hacer en pleno agosto, mes de intensa actividad, denuncia el Partido Socialista.
La formación considera una "insensatez" la urgencia en la aplicación y pide al Ejecutivo de Jorge Azcón que conceda más tiempo.
“Sin lugar a dudas es la peor época para modificar unos aspectos tan importantes, dado que estamos en plena temporada alta y los esfuerzos y trabajo del sector están en atender y dar servicio de calidad a los usuarios”, recalca el diputado socialista Marcel Iglesias. "Quieren que todos ellos dejen su trabajo o dupliquen más esfuerzos de los que ya hacen para desarrollar este decreto, so pena de las infracciones pertinentes”, añade.
En este sentido, lamenta que el pesidente "gobierne a su antojo" y que el sector turístico tenga que pagar su "ineficacia y desconocimiento". Insta al consejero de Medio Ambiente y Turismo a dar una moratoria a la aplicación del decreto y critica que se corra mucho para unas cosas y poco para otras, como para el Plan aragonés de Estrategia turística 2025-2030, que lleva "en fase de participación y deliberación demasiados meses ya, como hemos reclamado en las Cortes en varias ocasiones”.
Iglesias recuerda que el sector turístico en algunas zonas como el Pirineo supone más del 20% del PIB, sustenta a miles de familias y hace viables muchas pequeñas empresas y a muchos autónomos. Asimismo, es clave para "para el desarrollo de las zonas rurales y para mantener vivo el patrimonio natural y cultural”, zanja.
