Tal y como ha desvelado en exclusiva ElPlural.com, la Guardia Civil, a través de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Málaga, investiga una trama de corrupción que salpica de lleno al Partido Popular de Andalucía. Por el momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ronda ha imputado a hasta siete personas, entre las que se encuentra la alcaldesa de la localidad, María de la Paz Fernández Lobato, por cometer presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.

En las diligencias previas a las que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, la Guardia Civil relata una trama en torno a la empresa pública de limpieza, Soliarsa, que utilizaba “cajas fuertes” y “dinero en sobres” y “bolsas” para supuestamente robar dinero público.

Compra de material que nunca existió

Ese “desvío de fondos públicos”, siempre según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se podría haber realizado mediante la "simulación de operaciones comerciales inexistentes”. Es decir, haciendo creer que se procedía a la “compra de material que resulta inexistente”.

100 contenedores de basura, 60 papeleras, 8 carritos de limpieza, bidones y hasta un volante o un embrague son solo algunos de los objetos que la Guardia Civil sostiene que a través de la empresa Urban Services, Soliarsa aparentó comprar aunque finalmente nunca recibió esos productos.

Por algunas de estas compras, como es el caso de los contenedores y papeleras, se llegó a desembolsar un único importe de 20.376,40 euros (IVA incluido).

La firma de la alcaldesa del PP

Tanto en la factura como en la orden de transferencia, figura la firma de la alcaldesa, María Paz Fernández Lobato, presidenta de la sociedad desde el 15 de junio de 2019.

“Este hecho -sostiene la Guardia Civil-, vendría a confirmar que la presidenta de la sociedad ejercería las funciones de órgano de contratación unipersonal siendo necesaria su aprobación tanto de la factura como de la orden de transferencia”.

O dicho de otro modo: “la aprobación y visto bueno de la presidenta de la sociedad es condición sine qua non no (sic) se puede producir la contratación de la empresa ni el pago de la factura en cuestión”.

Para que se produjera esta “simulación de la compra de material que resulta inexistente”, la Guardia Civil sostiene que previamente se realizaban una serie de “operativas” así como la “elaboración fraudulenta de documentación para intentar justificar la misma”.

Hablamos por tanto de supuestas facturas falsas, documentos contables simulados, o justificantes de entrega de mercancía manipulados, puesto que los productos supuestamente nunca llegaron a Ronda.

La Guardia Civil, durísima

En este contexto, la Guardia Civil es durísima en sus diligencias previas respecto al papel jugado por la alcaldesa del Partido Popular:

“María Paz Fernández Lobato, que como ha quedado acreditado, ejerce las funciones de órgano de contratación, pese a las evidentes irregularidades que presenta la contratación de la empresa Urbana Services, habría decidido aprobar la contratación de la misma ordenando el pago de la factura, siendo esta acción necesaria para que el presunto desvío de fondos públicos pudiera haber sido llevado a cabo mediante la operativa descrita al ser la única persona con potestad para contratar empresas externas y para ordenar el abono del citado contrato”, explican los agentes.

Amenazas a ElPlural.com

A raíz de la publicación de esta exclusiva, y otras informaciones que afectan a Ronda, el Ayuntamiento de esta localidad ha amenazado con denunciar de nuevo a ElPural.com.

El Ayuntamiento incluso ha lanzado el siguiente comunicado:

"Ante la información aparecida con relación a las diligencias judiciales abiertas a la empresa SOLIARSA, queremos aclarar lo siguiente: -La investigación tiene su origen en una auditoría realizada sobre la empresa referida a los años 2018 y 2019, encargada por propio Gobierno del Partido Popular, nada más acceder a la Alcaldía. -Dado que Mari Paz Fernández tomó posesión del cargo, a mediados de junio de 2019 tras las elecciones municipales celebradas ese mismo año, el periodo en que presidió el consejo de administración de la empresa SOLIARSA que está siendo investigado fue tan solo de esos seis meses, correspondiendo al PSOE cualquier tipo de responsabilidad en los años anteriores. -Tras la auditoria a la empresa realizada por expreso encargo del gobierno del PP, Mari Paz Fernández adoptó de manera inmediata todas las medidas que el informe y los técnicos municipales propusieron para subsanar las deficiencias detectadas. -María Paz Fernández, -al igual que la anterior alcaldesa socialista María Teresa Valdenebro-, ha sido llamada a declarar por el Juzgado por la circunstancia objetiva, por la formalidad, de haber sido presidenta del consejo de administración de la empresa en una parte del periodo investigado, sin que en ningún momento se le haya imputado haber realizado ninguna actuación ilícita. No es cierto, ni consta ninguna mención en las diligencias de la Guardia Civil en tal sentido, que la alcaldesa tuviera conocimiento de los hechos investigados, ni mucho menos que se hubiera beneficiado o lucrado de ninguna forma. -Por todo ello, en el mismo momento en que el Juzgado le notificó el auto judicial que acordaba su citación para declarar, la alcaldesa recurrió tal resolución estándose en este momento a la espera de que el Juzgado resuelva el recurso planteado. -Conforme establece la ley, la alcaldesa ni ningún político intervienen nunca en los procedimientos de contratación de trabajadores, ya que esta función corresponde exclusivamente a un tribunal formado por funcionarios municipales. Por ello es absolutamente falso que la alcaldesa haya dado trato de favor en la contratación de ninguna persona, ni a su hermano, ni tampoco a “un fisioterapeuta y profesora de la guardería de su hija de su hija” que ni tan siquiera forman parte de la plantilla de Soliarsa. Tan poco fundamento tiene lo anterior, que ni siquiera es objeto de la investigación abierta por el Juzgado. -Confiamos en que de manera inmediata la Justicia disipe cualquier sospecha de responsabilidad de la alcaldesa de Ronda, que siempre ha actuado con el máximo respeto a la legalidad y en defensa de los intereses de todos los rondeños. -Por último, desde la Alcaldía se ha anunciado que esta misma mañana se ha dado instrucciones a los abogados para que interpongan una querella ante la Fiscalía, por la divulgación de datos personales que incluso afectan a su intimidad familiar, como por las calumnias vertidas".