Ambos, sindicatos y empresarios de Castilla y León, habían expresado su confianza en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, revertiría el ya famoso anuncio de recorte de 20 millones en la financiación a UGT, CCOO y CEOE por parte de su socio de Gobierno, el ultraderechista Juan García-Gallardo, que expresó rotundo hace semanas, acompañado de su consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, también de Vox.
Los sindicatos llegaron a decir que todo era "una performance" y que Mañueco, el mismo día de aquel anuncio, durante la firma en Madrid del acuerdo para conservar el empleo en Siro, que coincidió con el anuncio del hachazo a los fondos a los agentes sociales en Valladolid, se mostró "preocupado".
Desde CEOE se recibió la noticia con "incredulidad", y se instó al presidente a que aclarara si las actuaciones anunciadas están consensuadas por el Gobierno de Castilla y León o era solo "una decisión arbitraria de una parte del Ejecutivo".
Y bien parece, a tenor de la comparecencia conjunta de los máximos responsables de patronal y sindicatos después de tres horas de reunión del Consejo del Diálogo Social, sobre cuya mesa descansaba el futuro de la relación entre los agentes sociales y el Gobierno Autonómico, que todo ha empezado a "saltar por los aires", según sus propias palabras.
En su atención posterior a los medios, por separado, -UGT, CCOO y CEOE por un lado, y los consejeros de la Junta por otro-, no era fácil entender si habían estado sentados a la misma mesa, ni los detalles de lo sucedido.
Los secretarios generales de UGT, Faustino Temprano, CCOO, Vicente Andrés, y el vicepresidente de la patronal, Santiago Aparicio, no disimularon su decepción ante el resultado, que se traduce en una convocatoria de todas las comisiones de seguimiento de los 18 acuerdos ya firmados "de inmediato" con seis consejerías diferentes, para "renegociar lo ya firmado y presupuestado para 2022", señalaron.
En palabras de Temprano, según la parte de Vox en la Junta, "priman más los acuerdos de gobierno entre Vox y PP que los del diálogo social", de modo que volverán a sentarse para reiniciar el proceso de lo que ya, según los agentes sociales, debería estar en marcha, puesto que, en su opinión, todos esos acuerdos están vigentes y contemplados presupuestariamente para aplicarse en Castilla y León.
"Terminaremos en los tribunales"
Fueron unánimes los tres representantes, que no escatimaron calificativos. "Decepcionante", afirmaba desde Comisiones Obreras Vicente Andrés, "teníamos esperanzas de que el presidente Mañueco fuera más tajante, pero entendemos que no quiere poner palos en las ruedas de su propio gobierno, así que los pone en las del diálogo social".
"Terminaremos en los tribunales", sentenciaba Temprano, "porque si seguimos por este camino, los ciudadanos de Castilla y León no van a poder beneficiarse de los acuerdos firmados para 2022".
"Es un día triste, un día a borrar del calendario en Castilla y León", señalaba Aparicio, "porque nos hemos encontrado un muro infranqueable frente a nuestros sólidos argumentos, y ningún tipo de receptividad por parte del Gobierno, particularmente el consejero de Empleo, que es quien ha incidido para que no se llegase a un acuerdo".
"¿Qué hemos hecho firmando esos acuerdos?", se preguntaba el presidente de la CEOE, "¿perder el tiempo y engañar a los ciudadanos? Es surrealista".
"Que acabemos en los tribunales sería nefasto para empresas, trabajadores y ciudadanía", concluía la patronal, "y lleva a una incertidumbre enorme a empresas que están a las puertas de Castilla y León, porque quieren invertir en la Comunidad, y eso se puede diluir en poco tiempo, sólo pedimos que se cumpla lo firmado".
Los agentes sociales, sin embargo, anunciaron que participarán en todas las reuniones que van a convocarse, en consonancia con su "compromiso con Castilla y León, sus empresas y sus trabajadores". "Haremos frente a lo que nos ha tocado sufrir", remató Andrés, "aunque no son conscientes de cómo deterioran los servicios públicos".
Acuerdos no vigentes
Los comparecientes por parte del Gobierno autonómico, el portavoz Carlos Fernández Carriedo por el PP y el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, por parte de Vox, tocaban, sin embargo, otra melodía.
La explicación ofrecida por el principal impulsor del giro de 180 grados en la relación con los agentes sociales, Veganzones, -quien acompañó a Gallardo en la recordada rueda de prensa en la que se explicó el "tijeretazo" que se pretendía dar a sindicatos y empresarios-, fue la falta de vigencia de algunos de esos 18 acuerdos, firmados en años anteriores, para la que invocó la Ley 40/2015, a la que asegura que algunos no se adecúan en la actualidad, además de afirmar que "no estaban presupuestados".
Veganzones informó, además, de que desde su departamento se han propuesto otras 23 "líneas de trabajo" en las seis consejerías implicadas, pero desligó el recorte millonario de estos cambios en el diálogo social, que, sin embargo, confirmó que seguiría adelante.
El portavoz de la Junta y también consejero de Economía, por su parte, aseguró que a las reuniones que van a convocarse de inmediato, el Gobierno regional va "con voluntad de alcanzar acuerdos", así como que "todos los acuerdos que están vigentes se van a cumplir", y "si es posible, alcanzar otros nuevos".
