Este martes, Partido Popular y Vox han culminado sus negociaciones para investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente el próximo lunes 11 de abril. La ultraderecha ha presionado a los populares para conseguir un gran peso en el Ejecutivo autonómico, alzándose con tres consejerías y la vicepresidencia. No obstante, uno de sus reclamos era la Dirección de Comunicación de la Junta, que los de Abascal pretendían, aunque lo han terminado rechazado. Pero sí participarán en la elaboración, autorización, seguimiento y evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional.
En este sentido cobra especial protagonismo la Radio Televisión de Castilla y León, la televisión privada que recibe una inyección de dinero público al año concedida por la Junta de Castilla y León a través de la Dirección de Comunicación y que actúa como televisión autonómica. Esta empresa está controlada por la familia Ulibarri y por Antonio Méndez Pozo, dos imputados por corrupción.
Ulibarri y Méndez Pozo, salpicados por la corrupción
El empresario José Luis Ulibarri confesó el pasado verano que era autor de un delito contra la Hacienda pública, de otro de tráfico de influencias, de un tercero de prevaricación, de un cuarto de fraude a la Administración Pública y de un quinto de falsedad en documento mercantil. Lo hizo dos meses antes de que comenzase el juicio por la trama Gürtel con el objetivo de que se le rebaje la petición de cárcel aplicándose los atenuantes de confesión y de reparación del daño.
Por su parte, Antonio Miguel Méndez Pozo fue el primer constructor encarcelado por corrupción política en España y es otro de los magnates de la comunicación en Castilla y León, junto a Ulibarri. Fue condenado por corrupción en 1992 a siete años de prisión por el llamado Caso de la Construcción, aunque solo cumplió nueve meses ya que se benefició en tiempo récord del tercer grado.
Las posiciones de Vox en el Ejecutivo
Además de las tres consejerías que ha conseguido Vox en el Ejecutivo de la Junta de Castilla y León, García-Gallardo será el vicepresidente. En la nota conjunta que han enviado ambos socios de gobierno se señala que, además de ser el representante institucional en sustitución del presidente, asumirá la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno y de la Comisión de Simplificación Administrativa, incluyendo procedimientos ambientales; la representación suplente en el Comité de las Regiones; el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo; la representación institucional de las relaciones de los órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales.
Asimismo, señalan, y sobre el punto número 10 del acuerdo de legislatura firmado el 10 de marzo, se ha avanzado que se iniciará antes del 31 de julio la tramitación para elevar a rango de ley la regulación en materia de violencia intrafamiliar. Y en desarrollo del eje número 3 del acuerdo de legislatura, se iniciará antes del 30 de junio la tramitación de una normativa en materia de concordia.
