La propuesta era del Grupo Parlamentario Vox, y llegó al Pleno de las Cortes de Castilla y León permitiendo comprobar si el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco asumía las consignas contra “el mantra del cambio climático” de su socio de gobierno.

En su Proposición No de Ley, Vox pedía un Plan Nacional de Soberanía Energética “exento de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales”, la derogación de todas las leyes climáticas, fomentar el parque de centrales nucleares y paralizar el desmantelamiento de centrales térmicas, pero sobre todo, instar desde la Junta de Castilla y León al Gobierno de Pedro Sánchez que derogue el Real Decreto-ley de agosto contra el que ha clamado de forma reiterada el vicepresidente, Juan García Gallardo.

El procurador popular que defendió la posición de su grupo al respecto enmendó el texto original y pidió votación separada para los distintos puntos que componían la propuesta de la ultraderecha, de modo que, finalmente, se rechazaron los primeros puntos sobre el Plan Nacional de Soberanía Energética, pero se aprobaron los demás, entre ellos, la petición de derogación inmediata del Real Decreto-Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

Bonos y becas en Castilla y León

Durante el debate, la procuradora de Vox, Susana Suárez Villagrá, insistió en las medidas de ahorro energético que implanta el decreto: las temperaturas máximas en los termostatos para aire acondicionado y calefacción, el apagado de los escaparates y todas esas especificaciones que tanto levantaron la indignación de los ultras durante el mes de agosto.

De igual forma, presentó el “panorama desolador” que, dijo, provocan las medidas y la gestión del Gobierno a los ciudadanos de la región, a consecuencia del “seguidismo ciego de la agenda 2030”.

Sin embargo, Suárez Villagrá pasó de puntillas sobre otras medidas recogidas en el Real Decreto-Ley que piden derogar.

En esto insistió el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, cuando recordó que “gracias a las medidas del Gobierno de España, casi 10.000 castellanos y leoneses, en concreto, 9.392, tienen un bono para utilizar gratuitamente los servicios de RENFE, y más de 48.000 estudiantes de la Comunidad Autónoma disfrutan de un complemento a sus becas de 400 euros”.

Fernández calificó al Gobierno de Mañueco y Gallardo de “peligro público” al que “es atroz tener que sufrir”, y señaló a Vox, con su “delirante negacionismo climático”, oponiéndose a las ayudas del Gobierno de Sánchez para la ciudadanía, como un partido “cuya patria es su bolsillo”.

“Las minas las cerró Rajoy”

“Las minas las cerró Rajoy, las térmicas y las nucleares, las empresas, y quien firmó el decreto de cierre fue un ministro del PP”, recordó, por su parte, la procuradora del PSOE Rosa María Rubio.

Rubio señaló que en Castilla y León se genera el doble de energía de la que se consume. “Ser la tercera comunidad en exportar debería haber repercutido en nuestra tierra, pero el Partido Popular ha consentido que se nos explote y se lleven nuestra energía”.

De igual forma, criticó que la ultraderecha use a Castilla y León como conejillo de indias y apueste por un cambio de modelo “rancio y obsoleto” cuando en  Castilla y León somos líderes en energía renovables, ya que generamos el 20% del total nacional y tenemos un excedente del 55%.

Por último, la portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, preguntó a los de Gallardo dónde quieren poner una central nuclear. “¿Dónde piensan almacenar el material nuclear que queda vivo durante cientos o miles de años? ¿En Soria para combatir la despoblación? ¿O en la Sierra de la Culebra para repoblar las miles y miles de hectáreas que han ardido este verano por su incompetencia y su falta de previsión? ¿Este es el futuro que están sembrando para nuestra tierra?”, concluyó.