El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, habría cometido un cuarto delito. Así se lo atribuye Hacienda, que se refiere en su último informe a un delito contable para "omitir o falsear" más de 240.000 euros, según ha avanzado la Cadena Ser.
Con ello, el compañero sentimental de la presidenta regional habría llevado a cabo un total de cuatro delitos: dos contra la Hacienda pública por presuntamente defraudar más de 350.000 euros al fisco entre 2020 y 2021, otro de falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas y el mencionado delito contable.
El informe cita que González habría “practicado en los libros” de cuentas de sus empresas “anotaciones contables ficticias superando los apuntes omitidos o falseados, la cantidad de 240.000 euros por cada ejercicio fiscal investigado”.
Sin embargo, el Ministerio Público entiende que este delito contable debe quedar absorbido por los dos fraudes tributarios, aunque no descarta imputárselo a la pareja de la presidenta como alternativa penal en el momento en el que comience el procedimiento, según fuentes de la investigación.
El pacto que pidió a la Fiscalía por los tres delitos
Conviene recordar el pacto que Alberto González Amador ofreció a la Fiscalía un acuerdo de conformidad que incluyera dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental antes de que se presentara la denuncia contra él por presunto fraude fiscal.
El abogado del compañero sentimental de la presidenta envió el 2 de febrero un mail a la Fiscalía Provincial de Madrid en el que reconocía “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades”, según fuentes próximas al Ministerio Público a El País. Con ello, la defensa esperaba alcanzar un acuerdo para pagar la cantidad endeudada, a la que había que añadir los costes de la demora y así evitar, sobre todo la pena de cárcel, pero también pagar una sanción hasta siete veces mayor que los 350.000 euros que debía.
La cronología de los hechos cambia en medios como El Mundo, uno de los más afines a Ayuso, y según el cual fue la Fiscalía la que, horas después de que estallara el caso, habría lanzado su propuesta González.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid se defendía por primera vez en público el pasado miércoles desde Leganés, municipio en el que se celebró de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno. Ante los medios de comunicación, se pudo ver a una Ayuso más nerviosa de lo que acostumbra, titubeando en varias de las cuestiones arrojadas por la prensa y especialmente dubitativa a la hora de responder.
Ayuso defendió por activa y por pasiva que era Hacienda la que debía 600.000 euros a su pareja sentimental. “Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude”. “¿Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja? ¿Cuántos millones de inspecciones fiscales hay al año?”, cuestionó.
En un tono victimista, Ayuso mantuvo que el único “pecado” que había cometido era el de “tener una relación con un ciudadano anónimo” que “tiene derecho a tener su vida particular” y “llevarla como él quiera”. “No es cargo público ni ha vivido de serlo (…) Para mí lo más turbio es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular para destruir a un político”.
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