La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ofreció a la Fiscalía un acuerdo de conformidad que incluyera dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental antes de que se presentara la denuncia contra él por presunto fraude fiscal, según LaSexta.

Lo primero que hay que señalar es que para que haya acuerdo entre las partes tiene que haber citación judicial como imputado. Es decir, por un lado, que a la hora de la solicitud, la pareja sentimental de la presidenta estaba reconociendo los delitos. Por otra parte, el fiscal tenía, para poder llegar a este buen puerto, que presentar la denuncia. Dicho de otra manera, entendió que era imposible que existiera acuerdo de conformidad hasta que no se llegara a la fase de juicio oral.

Para ello, atendió al artículo 305.6 del Código Penal, que señala: “los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito”.

Pagar lo defraudado y evitar la cárcel

El abogado del compañero sentimental de la presidenta envió el 2 de febrero un mail a la Fiscalía Provincial de Madrid en el que reconocía “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades”, según fuentes próximas al Ministerio Público a El País. Con ello, la defensa esperaba alcanzar un acuerdo para pagar la cantidad endeudada, a la que había que añadir los costes de la demora y así evitar, sobre todo la pena de cárcel, pero también pagar una sanción hasta siete veces mayor que los 350.000 euros que debía.

La cronología de los hechos cambia en medios como El Mundo, uno de los más afines a Ayuso, y según el cual fue la Fiscalía la que, horas después de que estallara el caso, habría lanzado su propuesta González.

Ayuso niega los delitos

La presidenta de la Comunidad de Madrid se defendía por primera vez en público el pasado miércoles desde Leganés, municipio en el que se celebró de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno. Ante los medios de comunicación, se pudo ver a una Ayuso más nerviosa de lo que acostumbra, titubeando en varias de las cuestiones arrojadas por la prensa y especialmente dubitativa a la hora de responder.

Lo que no cambió fue el guion. En él, como si de una película que se sabe de memoria se tratara, la líder regional tiró del gran clásico; que todo obedece a una cacería de los “poderes del Estado” para “derribarla”, principalmente de Pedro Sánchez, y a un asedio del Ministerio Público. Llegó a sostener que lo de la Fiscalía era una inspección como cualquier otra y que esta sigue vigente, pero es falso, pues dicha inspección ya terminó y la Justicia encontró los citados presuntos delitos.

Ayuso defendió por activa y por pasiva que era Hacienda la que debía 600.000 euros a su pareja sentimental. “Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude”. “¿Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja? ¿Cuántos millones de inspecciones fiscales hay al año?”, cuestionó.

En un tono victimista, la presidenta de la Comunidad mantuvo que el único “pecado” que había cometido era el de “tener una relación con un ciudadano anónimo” que “tiene derecho a tener su vida particular” y “llevarla como él quiera”. “No es cargo público ni ha vivido de serlo (…) Para mí lo más turbio es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular para destruir a un político”.

La presidente también se refirió al piso en el que vive con González, ubicado en el pudiente barrio de Chamberí y que costó cerca del millón de euros. “Él tiene derecho a comprarse la vivienda que le venga en gana y yo a dormir en la cama que considero como persona que soy libre para hacerlo. Esa casa está bien comprada e hipotecada Si después de una vida trabajando se lo puede permitir, yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama”, mantenía.