Los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica que un día fue el orgullo, el hecho diferencial en materia de seguridad, del gobierno independentista de Carles Puigdemont viven desde hace meses en el ojo del huracán. Primero entró en crisis su método de actuación, señalados como represores por la CUP; después, la mayoría ERC-Junts-CUP consiguió el apoyo de los Comunes para estudiar un nuevo modelo policial; posteriormente, José Luis Trapero fue cesado por el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena; y ,finalmente, la reorganización de los mandos aprobada esta semana por la nueva cúpula supone el traslado del jefe de investigación criminal a un destino alejado de los casos de presunta corrupción atribuidos a dirigentes de Junts. La oposición sospecha que el gobierno Aragonés está pasando cuentas a los desafectos y pretende que el Parlament entre en el tema.

Esta secuencia de decisiones ha desatado todo tipo de especulaciones, aunque algunas de ellas como la comisión parlamentaria sobre modelo policial están muy lejos de haber resuelto nada en concreto. Una de las propuestas que se han presentado en esta comisión es la creación de una oficina de fiscalización de la actividad de la policía externa al cuerpo y por lo tanto de la oficina de Asuntos Internos. La politización de la policía en Cataluña motivó hace algunos meses una manifestación de agentes, reclamando apoyo del gobierno.

La más sorprendente fue el cese de Trapero, actualmente sin funciones pero ostentando el cargo de Major. El otrora héroe de los Mossos por su actuación en los atentados terroristas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils y durante el referéndum prohibido del 1-O cayó en desgracia a ojos del independentismo en el mismo instante que se convirtió en testigo de cargo de facto contra los dirigentes juzgados y condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Posteriormente, su absolución por la Audiencia Nacional de los mismos cargos le abrió el camino a su retorno a la dirección de la policía autonómica, hasta finales del pasado año, cuando perdió la confianza del consejero.

Joan Ignasi Elena no dio demasiadas explicaciones tras el cese de Trapero. Las filtraciones, sin embargo, apuntaban al presunto y desmedido ego del cesado y a una hipotética actuación del mayor de los Mossos movido por el resentimiento. El nuevo jefe de la policía autonómica, Josep Maria Estela, dejó caer durante su primera intervención pública que a partir de ahora “la primera persona del singular será desterrada en favor de la primera persona del plural”, apuntalando así una de las versiones extraoficiales. Las tornas han cambiado respecto a Trapero; quienes le detestaban hace unos años por su contemporización con la desobediencia del gobierno catalán ahora lo defienden como víctima del sectarismo independentista y quienes le adoraban por imaginarlo como el líder de las fuerzas patrióticas ahora dan por buena su defenestración como traidor a la causa.

Trapero no solo declaró haber advertido a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de los peligros de seguir con la convocatoria ilegal del 1-O o aseguró estar dispuesto a detenerlos de haberse dictado una orden judicial sino que una vez restituido en su cargo en 2020 practicó una política de gestos conciliadores que enervaron a muchos independentistas instalados en la consigna “ni olvido ni perdón”. Su visita oficial a las sedes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo al punto de ser reincorporado (también se apunta que pudo haber ido a La Zarzuela, aunque sin confirmación oficial) pudieron ser su canto del cisne.

De las decisiones tomadas respecto de los Mossos, la última, la reorganización de la estructura, es la que ha levantado mayores sospechas, especialmente por el caso del traslado del intendente Toni Rodríguez de la Comisaria General de Investigación Criminal a la Comisaría de Rubí. La CGIC dirigió las pesquisas que han llevado (o llevaran) ante la justicia a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por unos contratos irregulares, también al ex consejero de Interior, Miquel Buch, por contratar como asesor a un agente que en realidad actuaba de escolta de Puigdemont en Bruselas y al presidente de la Diputación de Lleida por presunta corrupción.

Formalmente, la renovación del cuerpo policial responde a la voluntad de abrir una nueva etapa, rejuvenecer la jerarquía y feminizar la cadena de mando. Y está por ver cómo puede influir la sustitución del responsable de unas investigaciones que ya están en manos de la justicia, más allá de enviar un mensaje ejemplarizante a los nuevos cargos sobre el riesgo de tomar iniciativas que puedan perjudicar los intereses generales del movimiento. De inmediato, se han dejado oír algunas voces que recuerdan que la CGIC, que incorpora todo el ámbito de la corrupción política, ha sido desde siempre objeto de presiones por parte de todos los mandos del cuerpo, incluido Trapero.