Los derechos y libertades del colectivo LGTBI+ en la Comunidad Valenciana podrían estar en riesgo. Bajo el mandato de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, hasta 34 entidades autonómicas y comprometidas con la causa han denunciado que se está dando un escenario de “deriva autoritaria y profundamente regresiva” por parte del Consell al estar impulsando una “ofensiva institucional” contra los derechos de las personas trans.
En el comunicado conjunto emitido este viernes, además de alegar “una estrategia sistemática para desmantelar derechos y silenciar la participación del movimiento asociativo" por parte del Gobierno de Mazón, denuncian a su vez que el PP de Mazón ha utilizado sus enmiendas a la ley en sus presupuestos, las cuales alegan que presentó “sin transparencia ni debate público”, para modificar la Ley 8/2017, más conocida como Ley Trans valenciana, “por la puerta de atrás”.
Con esta reforma de la normativa autonómica, las asociaciones denuncian que se acomete “una ruptura con los principios básicos de la democracia y la participación ciudadana”: “No se trata de un hecho aislado, sino que el Partido Popular, desde que gobierna la Generalitat, ha desplegado una estrategia sistemática de desactivación de los espacios de participación del colectivo trans y LGTBI que no le son afines”, aseveran en el comunicado.
Sin ir más lejos, hacen mención a un hecho concreto reciente para ilustrar este escenario: “El intento del gobierno de nombrar al controvertido alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, como representante trans en el Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales, sin ninguna consulta previa. El rechazo generado por este intento obligó a la Generalitat a dar marcha atrás", exponen.
A su juicio, con estos cambios, "el colectivo trans queda institucionalmente silenciado y perderá capacidad de interlocución directa y diferenciada como demanda la legislación nacional e internacional": "Estamos convencidas de que esta misma estrategia la seguirá el PP con otras entidades civiles", avanza el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.
El PP de Mazón dice que no apoyará “un chiringuito sectario”
Ante un escenario de importante calado para el colectivo LGTBI+ y, especialmente, para los derechos de las personas trans valencianas, estas entidades en su conjunto exigen que se convoque de manera urgente el Consejo Consultivo Trans y el Consejo Consultivo LGTBI+ como "espacios democráticos para abordar la gravedad de las reformas legislativas en marcha".
"No aceptaremos más desprecio institucional ni más maniobras para silenciarnos", reclamando a su vez "respeto, diálogo real y la retirada inmediata de cualquier ataque a los derechos por la vía presupuestaria o administrativa": "No permitiremos que se imponga un retroceso sin resistencia", ahondan.
Sin embargo, la primera respuesta que ha entonado el Consell de Mazón no abre la puerta al diálogo o a un futuro consenso. La portavoz de políticas LGTBI+ del PP en Les Corts, Verónica Marcos, ha señalado este viernes que el Gobierno valenciano “defiende ante todo la diversidad y libertad”, pero que no continuarán “apoyando un chiringuito sectario montado por los amigos de Compromís”, ha dicho, en referencia al Consejo Trans.
Señalando así que el Consejo Valenciano LGTBI “representa a todo el colectivo”, la dirigente parlamentaria del PP ha adelantado que el Consejo Trans “se va a eliminar para evitar duplicidades” puesto que ya se encuentra integrado en el primero. Sobre la modificación de la ley autonómica, Marcos ha incidido en que la intención es que todas las asociaciones estén representadas bajo un mismo marco y “que deje de ser el chiringuito de unos pocos”.
Esta no es la primera vez que Mazón enfrenta críticas sociales y parlamentarias por sus medidas LGTBI+. Días atrás, la secretaria socialista del mismo departamento en Les Corts, Marta T.Amat, acusó al Consell de “desproteger a las personas trans” al ver recortados sus derechos “por la puerta de atrás” debido a que afectarían con la modificación normativa a fundamentos básicos como la participación democrática o el acceso a la sanidad pública.
Retroceso en políticas LGTBI+, de Valencia a Madrid
Este escenario no sólo se está dando bajo el paraguas político del PP valenciano, sino también desde el madrileño con el mandato de Isabel Díaz Ayuso. En este caso, son muchos y variados los ejemplos de los últimos tiempos que aducen a recortes legales, eliminación de ayudas y supresión de organismos clave que sirven de apoyo al colectivo LGTBI+.
En las similitudes que guardan entre Mazón y Ayuso, en el caso de Madrid, destacan el retroceso que la principal mandataria del Ejecutivo de la Puerta de Sol acometió en la Ley Trans autonómica en diciembre de 2023 hasta en dos ocasiones. La Asamblea de Madrid aprobó la modificación de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y la 3/2016 de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
Una serie de cambios que se acometieron que, en voz de las asociaciones comprometidas con la causa, declinaron en “un retroceso en las garantías y protecciones” previas. Y, entre otras medidas al respecto, también destacó el pasado mes de diciembre la eliminación de la Subdirección General de Igualdad LGTBI+ de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
