La Junta de Castilla y León lleva días recibiendo varios golpes judiciales. Si hace menos de una semana se consideró a la institución como responsable civil subsidiaria en la Trama Eólica y se le obliga por ello a aportar 24,1 millones de euros de fianza, este miércoles, el juez de Instrucción número 2 de Salamanca ha imputado a los principales dirigentes del Partido Popular provincial por una presunta financiación ilegal que se habría cometido en 2017, durante las primarias del partido regional en las que venció el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Esquivando todo ello, el presidente del PP de Castilla y León ha anunciado, tras una reunión con los presidentes provinciales, que el congreso autonómico se celebrará el 15 y 16 de enero en León. Previamente, el 30 de noviembre se convocará la junta directiva autonómica para aprobar la fecha. Mañueco ha asegurado que ha hablado con Pablo Casado y con Teodoro García Egea, secretario general del partido: “Tengo los apoyos, tengo la energía y seré candidato de nuevo”. Así, ha detallado que su intención es que salga “un partido más nuevo, con ideas, para trabajar por Castilla y León y por España”.
Este anuncio ha llegado el mismo día en el que el Juzgado salmantino ha citado a declarar al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y a la gerente, Isabel Sánchez, al considerar que el PP provincial es investigado por el caso de la presunta financiación ilegal del partido. En rueda de prensa, Mañueco, aunque reticente a hablar del tema, ha mostrado “la máxima colaboración” con la Justicia. Pero el caso le toca muy de cerca, ya que esta presunta financiación ilegal tenía como objetivo hacerle ganar las primarias.
El juez ha tomado la decisión de llamar a declarar a ambas personas tras comprobar que las cantidades económicas que se habrían donado no cuadran con las declaraciones de los testigos y consideran que, tanto las explicaciones como los recibos que se habían aportado, no sirven para justificar la defensa del partido.
La mayor trama de corrupción de la comunidad
Este varapalo judicial llega después de que el magistrado que instruye la causa de la Trama Eólica determinara sentar en el banquillo a los 17 encausados, la que es la mayor trama corrupta de la comunidad, que suma una petición de penas de 138 años de cárcel y 848 millones de multa.
El juez de Instrucción número 4 de Valladolid, que instruye esta macrocausa, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los 17 investigados, entre los que figuran ex altos cargos de la Consejería de Economía y propietarios de empresas que se aliaron con las eléctricas. El juzgado ha dado un plazo de 10 días para que abonen fianzas que cubran multas y responsabilidad civil. De lo contrario se procederá al embargo de sus bienes.
Entre los encausados se encuentra la Junta de Castilla y León, como persona jurídica. De la misma forma que lo están Iberdrola Renovables, dos sociedades del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, (Delgado Núñez Consulting y Samuño Activos SLU), Sinae Inversiones Eólicas SA, Parque Eólico LA Boga SL y la sociedad Tough Trade SA.
El juez considera que el Gobierno autonómico es responsable civil subsidiario, por lo que tendrá que aportar 24,1 millones de euros, de los que 11,2 son de forma solidaria con Iberdrola, 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5 millones con Parque Eólico LA Boga SL, sociedades que fueron beneficiadas por la trama.
Presiones a Mañueco
El pasado lunes, el PSOE de Castilla y León pidió la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la comisión de investigación que está en marcha en las Cortes por la Trama Eólica. “Es necesario y necesito que dé explicaciones”, remarcaba la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez.
“Es gravísimo, un hecho sin precedentes. El PP ha conseguido manchar con su porquería a la máxima institución de los ciudadanos de esta tierra y nos avergüenza a todos”, criticaba. “El PP está tardando en salir a decir que la fianza la tiene que pagar el PP y no todos”.
