El magistrado que instruye la causa de la Trama Eólica ha determinado sentar en el banquillo a los 17 acusados de la que es la mayor trama de corrupción de Castilla y León, que suma una petición de penas de 138 años de cárcel y 848 millones de multa. Se trata de la Trama Eólica, en la que participaron ex altos cargos de la Junta de Castilla y León para obtener, junto a empresarios locales, importantes beneficios económicos gracias a las mordidas de 80 millones de euros que exigieron para autorizar parques eólicos.
El juez de Instrucción número 4 de Valladolid, que ha instruido esta macrocausa, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los 17 investigados, entre los que figuran ex altos cargos de la Consejería de Economía y propietarios de empresas que se aliaron con las eléctricas. El juzgado ha dado un plazo de 10 días para que abonen fianzas que cubran multas y responsabilidad civil. De lo contrario se procederá al embargo de sus bienes.
Entre los encausados se encuentra la Junta de Castilla y León, como persona jurídica. De la misma forma que lo están Iberdrola Renovables, dos sociedades del exviceconsejero de Economía (Delgado Núñez Consulting y Samuño Activos SLU), Sinae Inversiones Eólicas SA, Parque Eólico LA Boga SL y la sociedad Tough Trade SA.
El juez considera que el Gobierno autonómico es responsable civil subsidiario, por lo que tendrá que aportar 24,1 millones de euros, de los que 11,2 son de forma solidaria con Iberdrola, 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5 millones con Parque Eólico LA Boga SL, sociedades que fueron beneficiadas por la trama.
Larga lista de acusados
La lista de acusados la encabeza Rafael Delgado, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera el cabecilla y le pide una pena de 42 años de cárcel y una multa de 239 millones de euros. De hecho, el pasado mes de octubre la Fiscalía solicitó la apertura del juicio oral al tiempo que formulaba escrito de acusación.
La contundencia de la Fiscalía se evidenció en el rosario de delitos que imputa a los 17 acusados y el volumen global de las penas, que suman más de 138 años de cárcel y de 848 millones de euros de multa para los ex altos cargos de la Junta y los empresarios encausados. El fiscal Anticorrupción Tomás Herranz considera a Delgado como el cabecilla de la trama y le asigna los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y extorsión.
La Fiscalía también considera que Delgado habría seguido las instrucciones del fallecido ex consejero de Economía, Tomás Villanueva, y junto con Ricardo Bravos, responsable de Iberdrola, urdió la trama con las supuestas mordidas por la agilización en la tramitación de determinados parques eólicos entre los años 2000 y 2015. Siguiendo la trama, se seleccionaba y se favorecía ilegalmente a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación. Entre estas personas se encuentran los hermanos Esgueva, Francisco y Alberto, Andrés Martín de Paz (director general de Deportes de la Junta hasta 2003), el promotor inmobiliario Germán José Martín Giraldo o los tres hermanos propietarios de la consultora Collosa, Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente Muñoz.
El fiscal subrayó que salvo los hermanos Llorente Muñoz, ninguno de lo citados empresarios, amigos de Rafael Delgado o de Tomás Villanueva, estaban interesados en participar activamente en el negocio eólico. Así, pide que se abra juicio oral contra Delgado, Manuel Ordóñez Carballada, Jesús Rodríguez Recio, Alberto y Francisco Esgueva, Marc Nadelar, Germán José Martín Giraldo, César Hernández Chico, María del Mar Moreno Fernández, Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente Muñoz, Ricardo Bravo Sayas, Rafael Icaza de la Sota, Pedro Barriuso Otaola y Andrés Martín de Paz.
La mayor trama de corrupción de Castilla y León
Este caso de corrupción se destapó en 2015, coincidiendo con el año en el que Castilla y León se posicionó como la mayor potencia eólica de España, con 5.560,01 megavatios instalados -el 24,2% del total nacional-. Fue el PSOE quien denunció la trama. “El PSOE tenía razón cuando ya hace seis años denunció la mayor trama de corrupción que ha habido en esta Comunidad”, aseguraba Patricia Gómez, secretaria del Grupo Socialista en las Cortes y portavoz del PSOE en la comisión de investigación de la trama eólica tras conocer el escrito de acusación.
“Es necesario reflexionar acerca de la ingente cantidad de dinero que se ha tenido que desviar de las arcas públicas, dinero de los castellanos y leoneses, para beneficiar solo a unos pocos (…) Si sumamos las multas totales, suman 848 millones de euros. Hagamos esta reflexión, cuánto dinero se ha tenido que desviar de las arcas públicas para que la multa sea de tal magnitud”, añadía.
