Las víctimas de residencias de Ayuso, ante el archivo de una denuncia por parte del juez Peinado: “No nos olvidamos”

Víctimas de residencias de mayores lamentan en declaraciones a ElPlural.com que la Justicia no es igual para todos después de que este periódico contara en exclusiva la semana pasada que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, el del juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, archivó una causa contra la gestión que la Comunidad de Madrid llevó a cabo en los geriátricos durante los primeros días de la pandemia del Covid.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, unas de las máximas exponente de la lucha para que se repare de algún modo el daño que causaron los conocidos como protocolos de la vergüenza, afean en declaraciones a este periódico que “la justicia, especialmente algunos jueces, no actúan con la misma diligencia en según qué casos”. “Tal vez haya quien piense que la dilatación en el tiempo va a hacer que se olvide, pero no va a ser así porque ante el olvido y la impunidad el pasado puede volver a repetirse”, ha indicado.

"Se limitó a unas diligencias y archivó"

López alude, no solamente a esta denuncia que cayó en saco roto, sino a todas las que se distribuyeron por los distintos juzgados madrileños, con el mismo final. “Hasta el momento, en las querellas impulsadas entre 2020 y 2021 por nosotros por varios delitos -omisión del deber de socorro, entre otros-, que afectaron trágicamente a las residencias durante la pandemia, la justicia no actúa con la misma decisión que en otros temas de actualidad que estamos viviendo”.

“La actuación se limita a unas diligencias básicas para después archivar, y los procedimientos que vamos presentando en recursos de Amparo ante el Tribunal Constitucional se van acumulando sin resolver”; añade, aludiendo que “los primeros casos recurridos en el TC llevan ya alrededor de tres años sin que este tribunal se haya pronunciado en ningún sentido”.

La denuncia que recayó en el juzgado de instrucción número 41

La denuncia a la que tuvo acceso este periódico y que terminó en el Juzgado de Instrucción número 41 terminó archivado porque “no quedaba acreditada la comisión de ilícito penal alguno” y el geriátrico adoptó, según la resolución, las medidas “que procedían”.

El auto rezaba que “no puede reprocharse la actuación del investigado nada” al no haber “incurrido en una acción u omisión negligente, teniendo en cuenta que la que la imprudencia no es sino la comisión de un resultado atípico y previsible que se hubiera evitado de haber sido adoptada la diligencia debida, requiriendo asimismo un nexo casual entre la acción u omisión y el resultado que en este caso no se ha producido”.

En este sentido, la sala entendió que “la pandemia por el Covid 19 fue algo excepcional, imprevisible y que sorprendió a toda la sociedad incluso a los servicios sanitarios más especializados, viéndose diferente en sus inicios (febrero/marzo de 2020), que es cuando ocurrieron los hechos”; y no apreció delitos de homicidio imprudente ni de omisión de socorro.

No obstante, el nombre que aparece en el sobreseimiento de la causa es el de Carlos Valle, sustituto del magistrado. Esto, si bien llama la atención, no es extraño cuando un profesional se encuentra de vacaciones o de permiso, aunque las mismas suelen ser normalmente de mero trámite. Algunos expertos jurídicos pueden considerar que el tema que concierne tiene más importancia del que, en términos judiciales, se le ha otorgado.

Los familiares de víctimas de residencias de mayores de la Autonomía madrileña siguen explorando caminos para conseguir justicia y reparación. De hecho, hace un par de semanas se cumplía un año desde que 115 familiares de 72 residencias distintas presentaran una macrodenuncia por un asunto contra el que no han dejado de mostrar su indignación.

Situación actual de las residencias

Diferentes familias encontraban una nueva traba después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid impidiera unificar en una sola causa las investigaciones relacionadas con lo ocurrido en los centros de mayores madrileños en marzo de 2020, cuando se firmaron los que serían bautizados como protocolos de la vergüenza, que impidieron que personas que residían en geriátricos pudieran ser derivadas a hospitales, donde sí podían recibir atención sanitaria.

En el momento de redacción de estas líneas, Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo, la persona que puso la rúbrica a los documentos y exaltos cargos de Ayuso respectivamente, se encuentran imputados.

Otras polémicas del juez Peinado

 En lo que se refiere a Peinado, en los últimos días han visto la luz otras polémicas que tienen que ver, por ejemplo, con su etapa como profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde vertió comentarios racistas contra una alumna que portaba velo o frivolizó con el suicidio, según denunciaron algunos alumnos a los que impartió clase: “No vayas a saltar”, deslizó poco después de que otra estudiante se quitara la vida.