Las universidades públicas madrileñas se rebelan contra el abandono que sufren por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso. Hace años que vienen denunciando la situación que les provoca la falta de financiación. Una circunstancia que se podría agravar aún más cuando el PP apruebe la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, la LESUC, que este jueves ha superado un nuevo trámite en la Asamblea de Madrid.
El proyecto del Ejecutivo regional, que impulsa el consejero de Educación, Emilio Viciana, y redactó el "Rasputín de Ayuso", asoma a las universidades al abismo de la privatización, la censura y el control por parte de la Comunidad de Madrid. La oposición ha tratado de pararle los pies con una moción para que se retire. Los diputados del PP en la Asamblea votaron este jueves en contra de la PNL de Más Madrid.
Sin embargo, la sesión sirvió como megáfono de la indignación de la comunidad educativa con las políticas de Ayuso. La personificó desde la tribuna de invitados la Coordinadora de Plataformas por la Universidad Pública de Madrid, en las voces de Eva Aladro, profesora, y Jorge Martín, alumno de la universidad pública. Con los brazos en alto y entre aplausos de la oposición, dejaron claro que, a pesar de que el PP tenga todas las herramientas para perpetuar su sufrimiento, ellos no se van a rendir. "Tenemos a nuestras espaldas a toda la comunidad universitaria", declaró Aladro a ElPlural.com
Desde las plataformas de profesores y estudiantes llevan meses en armas contra las políticas de Ayuso. Decenas de manifestaciones han llenado las calles de la capital en los últimos meses. En noviembre, la huelga llevó a más de 55.000 personas a la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Y quieren dejar claro que, mientras la situación no cambie, seguirán movilizándose.
Las universidades recurrirán la ley "inconstitucional" de Ayuso
Las plataformas ya prometieron batalla contra el proyecto de la LESUC, en primer lugar por la vía consctitucional. Argumentan que la ley "atenta contra el título primero de la Constitución". El artículo 27 de la Carta Magna recoge "el derecho a la libertad de enseñanza", y en su apartado 10 reconoce "la autonomía de las Universidades". Aladro anuncia que presentarán "un recurso de inconstitucionalidad", cuando el Ejecutivo regional saque adelante el proyecto. El recurso "desactivaría la ley de inmediato", y la mantendría en suspenso mientras la Justicia resuelve el caso.
Mientras tratan de alargar al máximo el asalto a la universidad del PP, seguirán movilizándose en las calles. El próximo 14 de febrero se celebra una Asamblea General Interuniversitaria, en la que las plataformas decidirán los próximos pasos a seguir. Las medidas que contemplan, que incluyen nuevas marchas ciudadanas en la capital, van desde "presionar a los rectores para que luchen por las universidades" hasta una huelga indefinida, según cuentan a ElPlural.com.
La LESUC amenaza la autonomía y la libertad de expresión en las universidades
Antes de entrar al pleno del jueves, las plataformas reiteraban su determinación: "Venimos a apoyar y a mostrar la presión que estamos haciendo para que a las universidades públicas se les respete su autonomía", señalaba Aladro. Aseguran que la ley "puede institucionalizar la infrafinanciación crónica que arrastran las universidades públicas", como denunciaba Jorge Martín, que fue este jueves la voz de los alumnos en la Asamblea.
Entre los puntos del texto del PP que denuncian, está que permitirá que los órganos de control de los centros los elija la propia Comunidad de Madrid. También establece la fiscalización de todas las actividades financieras de las universidades públicas. Además, la ley coartará la libertad de expresión de los alumnos perseguirá las protestas estudiantiles, "por ejemplo, poniendo una multa de 500.000 euros únicamente por colocar una pancarta", explica Martín. Una dirección que el Ejecutivo regional tomó después de las acampadas propalestinas en varios campus de la Comunidad de Madrid.
La ley también allana el camino a la cada vez mayor privatización de la educación en la región, bandera de la política del PP. Las plataformas denuncian que el proyecto de la LESUC favorece la privatización o mercantilización del sistema, al incentivar la financiación externa y debilitar la participación pública, lo que podría poner en riesgo la equidad en el acceso y la calidad de la educación superior.