Trabajadoras sociales, sindicatos y colectivos migrantes se concentran en Extranjería por "una regularización digna"

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de coalición no se está desarrollando como esperaba el Ejecutivo. El papel lo aguanta todo, pero las trabas concienzudas de algunas administraciones y la falta de personal y recursos están propiciando situaciones dramáticas en lo que debería ser un mero trámite burocrático: personas durmiendo en la calle para conseguir una cita, trabajadoras sociales atendiendo llamadas que no cesan desde el inicio y hasta el final de su jornada laboral, asociaciones desbordadas intentando explicar un procedimiento que cambia constantemente.

Los servicios sociales de Madrid tienen claro que se encuentran ante un colapso y lamentan que lo que debería ser un proceso fluido y positivo se está convirtiendo en un calvario. El dramatismo de la situación se agrava con el paso de los días, razón que ha llevado a la Plataforma del Sector Social de Madrid, junto a sindicatos de barrio, CNT, CGT, CoBas y el Colegio de Trabajo Social Crítico a convocar una manifestación, este jueves a las 19:00 horas, frente a la Oficina de Extranjería número 1 de Madrid.

No queremos actuar como filtros burocráticos de exclusión

“Por una regularización digna. Papeles para todas” es el lema que han elegido los múltiples convocantes para la concentración. “No queremos ser un filtro más al acceso a derechos”, denuncian desde la plataforma convocante, dejando claro que no van a hacer el trabajo sucio de aquellos que pretenden diferenciar a personas. La protesta, explican, nace de una sensación compartida entre profesionales del sector social y colectivos migrantes: que el proceso de regularización está reproduciendo las mismas violencias burocráticas y racistas que supuestamente pretendía resolver.

“Las trabajadoras del sector social convivimos todos los días con situaciones insostenibles”, explica la Plataforma del Sector Social de Madrid. “No podemos ofrecer el apoyo que querríamos porque faltan recursos, falta personal y sobran leyes racistas”, insisten, apuntando a que “necesitamos una respuesta solidaria”. “No queremos actuar como filtros burocráticos de exclusión. Queremos pelear junto a nuestras compañeras migrantes por derechos reales”, recalcan, garantizando que lucharan codo con codo trabajadoras con y sin papeles.

El problema no es la migración, sino un modelo político y económico que necesita precariedad

Problemas desde el inicio

Apenas un mes después de la aprobación del Real Decreto, la realidad está lejos de ser la contenida en el texto. El principal punto de conflicto es la exigencia de un “informe de vulnerabilidad”, un certificado que deben emitir servicios sociales o entidades acreditadas para que las personas puedan iniciar el trámite. En teoría, el decreto partía de la máxima de que toda persona en situación irregular se encuentra ya en una situación vulnerable; sin embargo, el Consejo de Estado cuestionó esa presunción y el Gobierno terminó incorporando el requisito documental.

La consecuencia, denuncian las profesionales del sector, ha sido inmediata: listas de espera imposibles, oficinas colapsadas y miles de personas atrapadas en un procedimiento para el que ni siquiera se reforzaron los servicios públicos. “Nos enteramos del requisito cuando se publicó el decreto”, explican trabajadoras sociales de Madrid. “Al día siguiente ya había personas esperando ser atendidas, llamadas constantes, instrucciones contradictorias y ninguna capacidad real para responder”, exponen la reacción que ha propiciado el cambio de última hora, agravando los problemas ya enquistados.

Y es que los servicios sociales madrileños llevaban años funcionando bajo mínimos, situación que sus trabajadoras llevan denunciando años. En muchos distritos, las citas con trabajadoras sociales ya se estaban dando para junio antes incluso de que se aprobara la regularización. Ahora, con un plazo oficial de apenas dos meses y medio para presentar solicitudes, el acceso al certificado se ha convertido en una carrera imposible. El Gobierno central tiene responsabilidad por las trabas introducidas en el Real Decreto, pero las organizaciones señalan también al Ayuntamiento.

El Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha aprovechado el caos, reprochan, para atacar políticamente el proceso mientras mantiene unos servicios sociales “desmantelados y privatizados”. El alcalde del Partido Popular (PP) calificó el proceso de “chapucero” y aseguró que la administración local no asumiría las consecuencias, una posición hipócrita que ha generado un gran enfado en el sector social. “Hablan de saturación de servicios públicos mientras llevan años vaciándolos”, exponen desde la Plataforma del Sector Social.

“La derecha y la extrema derecha criminalizan a las personas migrantes y dicen que no hay recursos para todos, pero ocultan deliberadamente que la saturación viene de la privatización, de la infrafinanciación y del abandono institucional”, insisten las trabajadoras. Contra las tesis de aquellos que defienden tesis racistas, los convocantes de la protesta insisten en el comunicado difundido en que “el problema no es la migración, sino un modelo político y económico que necesita precariedad”.

“Quieren mano de obra barata y personas obligadas a aceptar cualquier condición para no perder los papeles”, remarcan el trato que se le da desde las empresas y las propias administraciones, en todos sus niveles, a las personas migrantes. Sin embargo, el nuevo sistema de renovaciones obliga a mantener contratos largos y continuados para conservar la autorización administrativa, lo que empuja a los solicitantes a una situación de dependencia extrema con sus empleadores.