El Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, anunció que llevaría la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno a los tribunales. Mientras eso se resuelve, la forma que tienen de combatirla es poner todas las trabas posibles para que se lleve a cabo en aquellas administraciones en las que gobiernan. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el que José Luis Martínez-Almeida está ahora en el foco por posibles delitos en este proceso.
El sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo) ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde y varios altos cargos del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. Les acusan de presuntos delitos de prevaricación administrativa y discriminación por las dificultades que están propiciando en uno de los trámites necesarios para que algunos migrantes puedan acceder a la regularización.
Se trata del certificado de vulnerabilidad, con el que la derecha ha tratado de esparcir bulos desde el inicio del proceso, el pasado 16 de abril. Este documento es exigido para aquellas personas que no hayan trabajado en los cinco meses mínimos de estancia en España que se exigen para la regularización, además de los que no hayan solicitado protección internacional y no vivan junto a su unidad familiar. Esto lo convierte en trámite fundamental para un gran número de los migrantes que optan a la regularización.
El informe es emitido por los servicios sociales de cada municipio o las entidades colaboradoras de Extranjerías autorizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En Madrid, este trámite se tiene que hacer en dos pasos, algo que ha provocado "colas y saturación", según afirma la CNT en declaraciones a Público. En primer lugar, los solicitantes deben pedir una cita para presentar la documentación en el Registro General, y después esperar para acudir a los servicios sociales para que estudien su certificado de vulnerabilidad. "No es un procedimiento habitual exigir registro para algo así", advierten, "este tipo de informes, por ejemplo para búsqueda activa de empleo o incluso para un bono social, no se hacen por esa vía y se pueden pedir por entrevista o por correo".
Según el sindicato, el Ayuntamiento ha dado instrucciones a estas instituciones que han creado "obstáculos administrativos" a los migrantes, que han tenido incluso que "pasar la noche a la intemperie solo para poder iniciar el trámite". Advierten de que no hay constancia de que en otros municipios se esté dando una situación similar a la que está propiciando el Gobierno de Almeida, que ya anticipó que su Ayuntamiento "no va a colaborar" con un proceso que tildó de "chapuza".
Hasta 5.000 solicitudes canceladas en un día por el trámite de Almeida
Y no están colaborando, porque además de la complicación del trámite, los sindicatos denuncian que no se han reforzado los servicios sociales ante la mayor carga de trabajo, provocando más retrasos si cabe. Esto pone en riesgo que muchos migrantes puedan llegar a ejercer su derecho a la regularización en Madrid. "En algunos distritos las listas de espera son de entre 30 y 60 días, lo que puede dejar a muchas personas fuera, ya que los tiempos administrativos no encajan con la fecha límite del proceso", que finaliza el próximo 30 de junio, según explica un delegado sectorial de la CNT.
El sindicato denuncia también que la obligación a registrarse antes de pedir la cita está provocando que muchos migrantes vean su petición rechazada, ya que desconocen que, en el caso de Madrid, existe un paso previo. El delegado explica que rechazaron 5.000 solicitudes en un solo día por este motivo, y denuncia también que las citas para valorar las vulnerabilidad no están siendo prioritarias, lo que podría dejar también a muchos migrantes fuera.
"El Ayuntamiento", añaden, "ha diseñado un protocolo para que Almeida acabe consiguiendo lo que quería: que su gobierno no facilite la regularización y que seas las entidades colaboradoras quienes carguen con todo el trabajo". El delegado apunta que es responsabilidad "de las administraciones cumplir la normativa y emitir estos documentos sin tener que acudir a una organización privada", dice al citado medio. Aquellos que no acuden al sector privado para hacerlo se enfrentan a "semanas de espera para poder conseguir su informe", durante las cuales siguen sin tener los derechos que confiere la regularización. Esos días pueden ser cruciales porque si le paran por la calle sin papeles puede terminar encerrado en un CIE", explican.
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