La Comunidad de Madrid lleva años abusando de la contratación menor, una herramienta que, si bien legal, puede hacer perder millones de euros que podría invertirse en reforzar los servicios públicos cuando se usa de manera desmesurada.
Se trata de una situación que se ha repetido con los diferentes gobiernos del PP en la región, pero que deja en 2020 una situación especialmente preocupante, no tanto porque fuera el curso que más contratos se cerraron, que no es así (aunque el número no pasa desapercibido), sino porque fue un momento crucial.
Y por aquel entonces, según los datos que ha recabado el colectivo ciudadano Audita Sanidad, la Autonomía cerró más de 408.000 acuerdos mediante este procedimiento. De haber gestionado de otra forma este tipo de contratos, Madrid podría haber dispuesto de 82 centros de salud más y de más de 14.000 profesionales, atendiendo a los números que ha cruzado la entidad y a cuyo informe ha tenido acceso ElPlural.com. “Se habla de que no hay médicos porque se jubilan, de que no hay tasa de reposición, de que se marchan por las condiciones de trabajo”, denuncian el portavoz Vicente Losada.
Este jueves, la entidad que protagoniza estas líneas presentará una denuncia ante el OIResCon, dependiente del Ministerio de Hacienda, presentará una denuncia que se basa, precisamente, en el informe de 2020 que ha podido leer ElPlural.com. De los números se desprende que la Consejería de Sanidad formalizó 408.133 contratos menores por un importe superior a los 900 millones de euros con IVA. Lo que viene a ser un 99,5% sobre el total.
"No parece que haya interés de cumplir"
En el quinquenio comprendido entre 2016 y 2020 la Comunidad de Madrid dio luz verde a 2.300.000 contratos por la vía del contrato menor, siendo 2017 el año que más adjudicaciones se hicieron de este modo. “El resto han disminuido unos 20.000 por año, pero nos movemos en cifras de más de 400.000, lo que nos deja con un problema sistémico”.
Losada, como portavoz, evidencia que “no parece que haya interés de cumplir la legislación vigente”. “Nosotros no proponemos nada que esté lejos de la legislación, lo regula la ley; y esto no beneficia en nada”, emite. Así las cosas, tiene claro que abusar de la contratación “no beneficia en nada a la ciudadanía porque se producen unos sobrecostes absolutamente desmedidos”. “Además, el concurso de licitación permite que diferentes empresas puedan competir ofertando un determinado producto, suministro o servicio en condiciones, que se puedan comparar…”, apostilla.
El uso de esta metodología de contratación no incurre en sí misma en una ilegalidad, pero usada de manera arbitraria sí que puede suponer un delito. Además, es complicado demostrar, como ponen sobre la mesa los denunciantes, que el dinero acaba en bolsillos de conocidos, aunque hay ejemplos que permiten, aunque sea el beneficio de la duda: Ariete Seguridad, las comisiones del hermano de Ayuso, Tomás, etc.
Obligación de publicar los contratos
Audita Sanidad reúne los contratos a la Consejería de Sanidad de la región capital desde 2016, primer año que a tenor de la Ley de Transparencia se podía analizar un año completo. “La ley 19/2013, publicada en 2014, promulgaba que en los portales de contratación pública se subiesen los contratos menores adjudicados trimestre vencido”, detalla la fuente principal de estas líneas.
En otro orden de cosas, Audita pide la investigación en profundidad al Ministerio amparándose en artículo 332.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en sus apartados b) y e) (“Velar por la correcta aplicación de la legislación de la contratación pública a los efectos de detectar incumplimiento específicos o problemas sistémicos” y “Verificar que se apliquen con la máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar las irregularidades que se produzcan en materia de contratación”).
El informe que ha leído este medio, solo de 2020, deslizan que la contratación menor es “la norma” en los Centros de Gasto de la Consejería de Sanidad de la Autonomía, que “no parece haber control alguno por parte de los gestores de compras de estos centros y la no publicación en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid de los informes de necesidad que justifiquen estos contratos menores” o que “las instituciones que tienen la responsabilidad del control de la contratación no están llevando a cabo su función”.
Asimismo, en el documento se lamenta que “no parece existir planificación en la compra de insumos” ni “funcionar adecuadamente la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)” e insiste en que el “uso indebido y reiterado de los contratos menores conculca el derecho a la competencia”.
“La falta de competencia genera sobrecostes que suponen un despilfarro e impiden que se puedan dedicar esos recursos a la mejora de sanidad pública (…) Podríamos inferir que el uso ‘indebido’ de dinero público no es ‘despilfarro’, sino ‘malversación”, asevera el documento, que llegan a hablar de “posible corrupción”.
