El PSOE de Pinto ha denunciado este fin de semana el último movimiento del Consistorio municipal, dirigido por el Partido Popular, que ha colgado un cartel improvisado, elaborado de manera rudimentaria, en la entrada del Ayuntamiento para intentar justificar su gestión de la tasa de residuos y atribuyéndola directa y engañosamente al Gobierno de Pedro Sánchez. Para los socialistas, el cartel no solo es "cutre en la forma", sino también "engañoso en el fondo", ya que intenta culpar a la administración nacional de la tasa de basuras mientras omite la explicación real del impuesto municipal.
"De los creadores del polémico taller de maquillaje del 8M, que terminó suspendido tras la polémica generada, ahora llega una nueva producción: 'Con Sánchez tapo mi gestión de los importes de la tasa de residuos'", ironizan los socialistas pinteños, que consideran cuestionable utilizar un espacio público, como es el cartelón del Ayuntamiento, para lanzar mensajes "capciosos y partidistas" en lugar de "informar con rigor a la ciudadanía".
Frente a este cartel, que deposita la culpa del impuesto de basuras en el Ejecutivo central, que no tiene competencia alguna en este sentido, desde el PSOE de Pinto recuerdan que su prioridad ha sido ayudar a los vecinos y vecinas afectados por la tasa. En este sentido, informan de que ya se han gestionado más de 3.000 recursos correspondientes al recibo de la tasa de residuos de 2025, asesorando a la ciudadanía y facilitando que puedan ejercer su derecho a reclamar. Los socialistas denuncian, además, que el Gobierno municipal está poniendo trabas para que los vecinos puedan presentar recursos, al no ampliar las citas disponibles para realizar estos trámites, lo que está dificultando que muchas personas puedan ejercer este derecho.
Un problema de gestión municipal heredado de la normativa europea
Por otra parte, desde el PSOE de Pinto recuerdan que la obligación de implantar esta tasa procede de la normativa europea, que fue apoyada por el Partido Popular en Bruselas. Sin embargo, subrayan que lo que están pagando los vecinos de Pinto no es solo una tasa obligatoria, sino también las consecuencias de las decisiones tomadas por el actual Gobierno municipal, del que lamentan que continúe buscando culpables externos para justificar su gestión. "Intentan señalar a otros en lugar de asumir responsabilidades ante un problema que en Pinto tiene un origen claro: su incapacidad para gestionar con rigor y transparencia un asunto que afecta directamente al bolsillo de los vecinos", señalan los socialistas.
Además, denuncian que la situación responde también a decisiones políticas concretas del actual Ejecutivo municipal. "Estamos pagando el capricho del contrato que han firmado con Valoriza, que en la práctica hace que los vecinos paguen dos veces por el mismo servicio", lamentan sobre la gestión transferida al sector privado. Por todo ello, los socialistas añaden que una de las cuestiones que más indignación está generando entre los vecinos es que el Ayuntamiento esté cobrando la tasa también por garajes y trasteros, algo que ha provocado numerosas reclamaciones y que, a juicio del PSOE pinteño, demuestra la falta de sensibilidad del Gobierno municipal a la hora de aplicar esta tasa.
Por otro lado, desde las filas socialistas recuerdan que la tasa que actualmente se está cobrando corresponde al ejercicio de 2025 y advierten a los vecinos de que en los próximos meses llegará el recibo correspondiente a 2026, que previsiblemente mantendrá los mismos importes tras un año en el que el Gobierno municipal no ha planteado ninguna modificación en el modelo.
"La utilización del Ayuntamiento para hacer campaña política no solo no sorprende, sino que alarma. En lugar de poner los recursos municipales al servicio de los problemas de los vecinos de Pinto, el equipo de Gobierno los utiliza para intentar tapar una gestión cada vez más cuestionada", vuelven a incidir, y reivindican que "los vecinos de Pinto no necesitan propaganda institucional ni carteles improvisados: necesitan un Ayuntamiento que se dedique a resolver sus problemas". "Se puede maquillar un cartel en Word, pero no se puede maquillar el Tasazo Aguado que están pagando los vecinos de Pinto", concluyen.
Similar al 'basurazo' de Almeida en la capital
Este caso recuerda al basurazo de José Luis Martínez-Almeida en la capital, que pese a haber llegado a los tribunales, siguió su curso y aplicación con normalidad. En 2025, los ciudadanos de Madrid tuvieron que poner de su bolsillo 141 euros de media al año por hogar para sufragar el servicio de recogida y tratamiento de la basura, según cálculos del propio Ayuntamiento capitalino. El importe puede ser superior o inferior, en función de la situación de cada vecino. Denuncias y críticas de los grupos de la oposición al margen, el Consistorio se lavaba las manos a golpe de cargar toda la responsabilidad al Gobierno central de Pedro Sánchez, en una estrategia similar a la del cartel del Consistorio pinteño, argumentando que el tarifazo nace de una normativa aprobada por el Ejecutivo en el ejercicio de 2022 para cumplir con las demandas de la Unión Europea en términos de reciclaje.
Los grupos de izquierdas, así como Vox, que también llevó la maniobra de la Corporación municipal a los tribunales, denunciaban en su momento que el alcalde no se ha movido en los márgenes que permitía la ley estatal para gravar la gestión de la basura en función de la renta de la población. O, en su defecto, que contabilizara una penalización por el uso turístico de las viviendas. Tampoco surtió el efecto deseado por el equipo de gobierno la rebaja del Impuestos sobre Bienes Inmuebles que aprobó el PP a finales del 2024.
La corporación conservadora, por su parte, se eximía de toda responsabilidad. Los datos, sin embargo, corrigen la versión del Ayuntamiento, habida cuenta de que la normativa comunitaria no contemplaba la imposición de una tasa específica. No obstante, sí que exige el cumplimiento de una serie de requisitos en materia de gestión de residuos. Por lo tanto, según se desprende del articulado que transpone la directiva europea aprobada en 2018, Bruselas demandaba alcanzar al 55% de reutilización y reciclaje de desechos para el año 2025. Dicho texto forzaba a aquellos municipios de más de 5.000 habitantes a delimitar una tasa impositiva a modo de “coste real” de tal gestión. Para ello, se concedía a las corporaciones municipales un margen de tres años que caducó el pasado mes de abril.
