La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales. La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado. Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión cuyo contenido ha podido conocer ElPlural.com.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadores han sido llamados a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT comarcal sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. La primera de las jornadas se ha activado este jueves, pero el plato fuerte llegará en escasas horas (este viernes a las 10:30 horas), cuando las huelguistas se concentrarán frente a la sede de la Fundación, ubicada en calle del Poeta Esteban de Villegas, 12 (Retiro, Madrid).
Amenazas directas a los trabajadoras y recortes
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
- Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
- Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
- Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
- Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
- Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto.
Barracones, hueveras y despidos
Los usuarios, que cuentan con menos recursos y personal de apoyo, también sufren las consecuencias. No hay más que darse un paseo por alguno de los barracones de los múltiples centros de Manantial, que recuerdan más a los baños portátiles de una fiesta popular que a un servicio de atención público, para alcanzar a comprender la magnitud de la situación. En su interior, un grupo cada vez más reducido de trabajadoras, en su mayoría mujeres, hace malabares para atender a vecinos, derivados de la sanidad pública, y poder vivir en ciudades donde existen alquileres más altos que sus sueldos, que en los mejores casos llegan a los 1.500 euros.
Al adentrarse un poco más en las recónditas estancias, como han relatado usuarios y trabajadoras (anónimas por miedo) a este periódico, se debe tener cuidado de no tropezar con las irregularidades del suelo o con el tipo de fauna invasora que toque según la época y la ubicación del centro. Casetas prefabricadas y espacios abandonados donde los usuarios realizan talleres completan la postal. En el de preparación e inserción laboral, los usuarios manejan hueveras o canutillos de papel higiénico, traídos por las propias trabajadoras, ante la negativa de la dirección a facilitar material. “Ni siquiera podemos imprimir a color”, comentan las trabajadoras entre risas sarcásticas, sentadas en sillas donadas y apoyadas en una mesa de camping.
Hortaleza, Parla, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Barajas, Torrejón, San Blas. Todos los centros Manantial Gestión atraviesan esta precariedad, de una u otra manera, y la peor parte se la llevan sus trabajadores, levantados en huelga tras la pérdida de varias concesiones por parte del Grupo, que podría derivar, como ya se ha deslizado desde la dirección, en despidos, eliminación de recursos (más despidos) y recortes laborales. Mientras, los gerifaltes de la entidad, afincados en la zona bien de Madrid, aprietan más la soga de “la gran familia” que aseguran estar defendiendo, pero que a ellos no les cubre el cuello.
Las cuentas de la sociedad y los sueldos de los directivos, datos reclamados en el marco de la legalidad por el Comité de Empresa, no han sido revelados. La dirección se niega a entregarlos esbozando el argumento torticero de la protección de datos y las diferencias entre las participantes del entramado de empresas, pese a que el organigrama de propia web engloba a todas dentro de Grupo Social Manantial y, por debajo, en Fundación Manantial. Argumento sospechoso atendiendo a la supuesta “caja única” con la que funciona el conglomerado y el trasvase de fondos entre subcajas, ámbito a priori muy regulado.
