El periodista de los protocolos de la vergüenza habla sobre un informe clave de las residencias que Ayuso quiere ocultar

En las últimas horas, el periodista Manuel Rico, de un tiempo a esta parte director del diario Público, reconocido sobre todo por haber destapado los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de mayores de residencias de Madrid a hospitales durante la pandemia del Covid, se refería a un informe clave que la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, había vetado.

Bajo la excusa de que la sala en la que se iba a presentar el documento no cumplía con los criterios para ello, el gobierno madrileño ha conseguido evitar hablar otra vez sobre una gestión que sigue un camino judicial no exento de polémicas. El documento que protagoniza estas líneas, el “más completo” en palabras del informador, denuncia la falta de personal en los geriátricos, un hecho que impide tratar a los mayores con la dignidad que se merece.

¿Qué dice el informe “más completo” sobre las residencias de Madrid?

Al documento le han dado forma la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (Pladigmare), personal experto de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO) Madrid y UGT. Empezó a elaborarse en octubre de 2023 y se le puso punto final en verano de 2024.

Un total de 700 trabajadoras de estos centros registraron las horas que empleaban en sus tareas para estudiar a cuántas personas podían atender como se merecen con las 1.172 hora anuales que marcan el convenio; pero el informe es igualmente demoledor en materia de residencias privadas, entre otros aspectos.

Los datos obtenidos, sobre los que el PP de Ayuso evita arrojar siquiera un poco de luz, concluyen que en la región capital el 88,38% de las residencias se encuentran gestionadas por empresas de particulares mientras que solo el 11,62% dependen de administraciones públicas.

En lo que respecta a ratios -tema central del análisis-, 8.820 trabajadoras atendieron las 20.123 plazas con financiación pública en Madrid, una realidad que choca frontalmente con el número de profesionales necesarios para que no hubiera sobrecarga: 15.773. Es decir, casi el doble.

Marco legal desfasado

El documento explica que las ratios actuales de personal en Madrid siguen un marco legal de hace 30 años; de 1990. En aquella década, la tipología de estos centros “era distinta” y “el porcentaje de grandes dependientes mucho menor”.

Obedece, por tanto, a un espacio desfasado cuyas cifras arrojan en la actualidad una situación de insuficiencia: 25 gerocultores por un centenar de residentes no dependientes o 35 por cada 100 dependientes.

Y los datos para que el trabajo sea óptimo deberían situar a los profesionales en 83 trabajadores por cada 100 residentes en un día, divididos en 37 de mañana, 34 de tarde y una docena de noche.

Con estas cifras, los expertos coinciden en que la Comunidad de Madrid disponen de 55.308 plazas para dependientes, de las que solo 6.430 son totalmente públicas, 13.693 son públicas con gestión privada y el resto son privadas”. En porcentaje, implica que el 93,28% de los centros de mayores se gestionan de forma privada, frente a un 6,72% que lo hace de manera púbica.

Esperanza Aguirre, como menciona el texto, impulsó un plan para la creación de residencias de 180 plazas, con 63 concertadas, a un precio fijado mediante concurso público. La propia Ayuso ha seguido esta estela con un proyecto para la construcción de 40 macrorresidencias y otros 40 centros de día de hasta 150 plazas que, por el momento, se mantiene reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) y poco más.

“Antepone el negocio al bienestar”

Rico habla sin medias tintas sobre el último veto del gobierno autonómico, en este caso a una acto propuesto por Más Madrid: “Las censuras son permanentes”, esgrime, antes de detallar los detalles del documento.

“Lo importante es lo que dice y lo que la Asamblea, controlada por el PP, no quiere que se sepa”, esgrime el periodista. “La conclusión es demoledora”, evidencia. “Es una situación que se da, no solo en Madrid, porque hay un modelo que antepone el negocio de las empresas privadas al bienestar de las personas mayores (…)”: “Deberían promoverse actos y comisiones para conocer la situación actual y cómo mejorar las condiciones de las personas mayores”.