Corren tiempos complicados en el despacho principal de la Real Casa de Correos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado recientemente varios escollos a su tranquilidad y al férreo control que ha ejercido, valiéndose de sus mayorías absolutas, de la Asamblea de Madrid y sus iniciativas y de la televisión autonómica Telemadrid. En concreto, se trata del Tribunal Constitucional, que se ha convertido, con algunos de sus recientes fallos, en un claro contrapunto de la dirigente madrileña, y del propio aparato interno del PP de Madrid, en el que han aflorado tensiones que ya parecen no ser simples rumores de corrillo, sino un malestar interno constituido con conversaciones entre afiliados y cargos orgánicos.
El Tribunal Constitucional se ha erigido, en los últimos meses, como un claro un tope al control absoluto que ejerce la lideresa madrileña. El Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara madrileña, lleva años bloqueando iniciativas, mociones y peticiones de comparecencias que puedan ser delicadas para el Ejecutivo regional. Desde el inicio de esta legislatura, en 2023, el PP ha bloqueado casi 7.000 iniciativas presentadas por PSOE y Más Madrid, la mayoría de ellas sobre asuntos incómodos para el Gobierno de Ayuso, como las mociones para destituir a Miguel Ángel Rodríguez por amenazar a periodistas, iniciativas para que el jefe de Gabinete de la presidenta comparezca ante la Asamblea, o para crear una comisión que investigue los contratos sanitarios firmados de urgencia durante lo peor de la pandemia. Del mismo modo, se ha señalado desde numerosos frentes el control que la Corporación madrileña realizaba sobre los contenidos de Telemadrid. Ambas situaciones han sido judicializadas por el Constitucional.
"No hay debate público"
Varias denuncias de la oposición hicieron que el Constitucional fallase el pasado mes de enero que el PP estaba hurtando "la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público", excediéndose en sus funciones con el veto de iniciativas. La dinámica es clara si se miran los datos sobre todas las iniciativas de la oposición, a los que ha tenido acceso ElPlural.com y sobre los que se armaron sus denuncias ante el Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, el Grupo Parlamentario de Más Madrid ha presentado un total de 23.641 iniciativas, de las que 6.834 no han sido admitidas. Solo en 2025, la Mesa ha bloqueado el 27,55% de las 11.573 que han impulsado. El porcentaje sube si se toman las cifras previas, llegando al 30,21% de inadmisión entre 2023 y 2024. En el caso del Grupo Parlamentario Socialista, en 2025 presentaron 2.281 iniciativas en el Pleno, incluyendo preguntas, comparecencias, interpelaciones, mociones o proposiciones de ley. Ha esto se suman 2.065 preguntas escritas y un número similar de peticiones de información. Los consejeros del Ejecutivo de Ayuso tan solo han contestado a 275 preguntas de los socialistas.
En cuanto a Telemadrid, el proceder seguido por la presidenta de la Comunidad de Madrid para hacerse con el control de la cadena es “inconstitucional” y “nulo”, también en juicio del Constitucional. El Alto Tribunal fallaba reciente y nuevamente contra el Gobierno autonómico por vulnerar los derechos fundamentales de los parlamentarios y de la ciudadanía al debate público y a la participación política, siendo esta la tercera sentencia en lo que va de año sobre los procederes antidemocráticos de la baronesa del Partido Popular.
La sentencia del Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido como ponente, expone que el Ejecutivo madrileño cercenó el derecho a debate y participación política al aprobar por lectura única y sin posibilidad de enmienda la ley de Telemadrid en 2021, poco después de vencer las elecciones. Esta norma, que contenía tan solo un artículo, sirvió a los conservadores para desplegar una fuerte purga de personal y de contenidos no afines en la cadena pública autonómica y, este miércoles, se ha confirmado que se alumbró de forma inconstitucional y "hurtando" el debate a la ciudadanía.
"El derecho de enmienda en el procedimiento legislativo entronca directamente con el derecho de participación política reconocido", recoge la sentencia firmada por Conde-Pumpido, quien considera que la "interpretación de la legalidad parlamentaria" que realizó de forma interesada la Comunidad de Madrid atacó directamente al "núcleo de la función representativa y el principio democrático". El magistrado apunta, de hecho, a que el seguido "imposibilita a los parlamentarios el ejercicio de su cargo público y conlleva su restricción", dado que no existió debate previo ni derecho a enmienda.
"La presentación, el debate y la votación de las enmiendas cumplen también la muy importante función de permitir a los ciudadanos conocer la postura de sus representantes respecto de una determinada iniciativa. Durante la tramitación, en ningún momento hubo posibilidad de enmienda", le reprochaba el Alto Tribunal al Ejecutivo autonómico, con un varapalo que, no obstante, afecta al procedimiento por el que se aprobó la norma, pero no al contenido de la misma, del que Conde-Pumpido señala que "podrá ser objeto, en su caso, de un proceso de constitucionalidad distinto y específico".
Profuso malestar interno en las filas 'populares'
Es costumbre, y no es nada nuevo, que se hable de que los partidos tienen rencillas internas por X o por Y que luego terminan quedándose en agua de borrajas. Pero en esta ocasión, el malestar interno en el PP de Madrid se manifiesta en conversación abierta entre afiliados y representantes como un clamor ineludible.
En palabras de ElConstitucional.es, la dirección que encabeza Isabel Díaz Ayuso está generando inquietud entre sus acólitos por una sucesión de nombramientos y ceses que muchos interpretan como "dedazos", además de tomar diferentes decisiones arbitrarias sin someterlas a debate interno. "La gente del PP de Madrid está desesperada y descolocada”, cita fuentes 'populares' el citado medio, refiriéndose, concretamente, al papel que están desempeñando José Antonio Sánchez y Ana Millán. En la misma línea, algunos dirigentes locales del partido hablan de un clima de desconcierto que afecta de lleno a la estructura territorial sin explicaciones públicas detalladas.
Tal es la crispación que se hacen paralelismos con la etapa de Pablo Casado: hace unos años se denunciaron maniobras de control orgánico y estrategias de confrontación interna que alcanzaron puntos que llevaron a los afectados a estudiar la vía judicial, ante lo que consideraban como un intento de inmiscuirse en el funcionamiento de las estructuras del partido. En aquel contexto, dirigentes como Sánchez y Millán fueron señalados por su implicación en dinámicas de tensión interna, incluidas filtraciones y movilización de afines frente a otros pesos del aparato interno como Ana Camins o Pío García-Escudero.
Aquella etapa fue considerada como una de las más delicadas y difíciles del PP madrileño, por lo que algunas fuentes se cuestionan que prácticas que por aquel entonces se calificaron de inalcanzables hoy se repitan sin consecuencias. En las últimas semanas se han producido destituciones y nombramientos que no solo impactan en la Asamblea de Madrid, sino también en la estructura orgánica del partido, con ceses sobre personas que ocupaban responsabilidades internas de relevancia y que han levantado muchas ampollas sobre la situación del partido en clave interna.
