La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, mantiene a sus universitarios en pie de guerra. Son varios los informes demoledores contra la infrafinanciación de la educación pública superior, siendo el último texto que se mueve en esta línea el de la plataforma UCM por la Pública, un documento que analiza datos que no dejan en un buen lugar a la Consejería de Educación madrileña.
Entre las conclusiones, que este lunes han desarrollado en la Cadena Ser durante el espacio de Àngels Barceló se desprende que Madrid es la Autonomía que más cobra a los estudiantes de grado y máster de estos centros, unos 1.620 euros de media, lo que se traduce en el doble aproximadamente de lo que lo hace Canarias, Galicia o Euskadi.
Se trata también de la región en la que más ha aumentado el número de alumnos en la universidad privada: hasta un 70%. Este porcentaje se traduce en que uno de cada tres estudiantes universitarios estudia en centros privados.
Además, la región capital es la que más ha aumentado el gasto de hogares para la educación superior, nada menos que un 140%; algo que choca directamente con el discurso de libertad que vende al mundo Ayuso y contra el que se revuelve al plataforma que ha elaborado el informe.
“Si estudias en Madrid, vas a pagar las matrículas más caras de toda España y a cambio vas a recibir la menor inversión”, desliza Álvaro Briales, portavoz del espacio. “Tienes libertad si eres rico, o si te endeudas, o si tienes las posibilidades de hacerlo”, emite.
El sector universitario lamenta que la situación irá a peor una vez que entre en vigor la nueva ley de universidades contra la que alumnado y profesorado mantienen las protestas.
Contra la “infrafinanciación” de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrentaba el pasado viernes a los pitos y los abucheos de decenas de personas del mundo universitario cuando acudía al acto de inicio de curso académico en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), donde los allí presentes condenaron también las palabras de la presidenta sobre Palestina.
Al margen de esa imagen, el motivo de la convocatoria fue precisamente la “grave situación de infrafinanciación” de la UCM, y es que, aunque el escenario no es demasiado halagüeño para el conjunto del servicio público, esta universidad ha tenido que pedir un préstamo de 34 millones de euros al Gobierno de Sol, que previsiblemente se lo concederá, pero para los estudiantes no es más que un “parche”.
Así lo emiten en un comunicado, con el que informaron que esta concesión, lejos de reforzar la autonomía, supone “una intervención” de la UCM, dado que consideran que las condiciones de la concesión pueden suponer en última instancia “una vigilancia y control indebidos por parte del Ejecutivo Regional”, máxime después de la polémica postura adoptada por el equipo de Ayuso acerca de las protesas universitarias.
La política no puede entrar en la universidad
La semana pasada, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid trasladó a los colegios una instrucción clara: banderas, pancartas o cualquier muestra visible de solidaridad con Palestina deben desaparecer de las aulas. La presidenta defendía así que las aulas no pueden convertirse en un espacio de militancia política y que corresponde a las familias y a la sociedad civil canalizar ese tipo de manifestaciones en otros espacios. La decisión no tardó en despertar críticas entre padres, madres, estudiantes y profresorado
Los reproches a Ayuso se centran en la incoherencia de la medida. No son pocos los que recuerdan que en 2022 el propio Gobierno regional animó a la comunidad educativa a implicarse activamente en la recogida de alimentos y medicinas para Ucrania. En aquel momento, colgar la insignia en los colegios era visto como una muestra de solidaridad y no como un gesto de “adoctrinamiento”, lo que da buena cuenta del doble rasero de Sol.
Esta era la frase con la que Ayuso se pronunciaba sobre el presente hecho, que afecta también a los más pequeños: “Los niños no tienen por qué ser utilizados para trasladar mensajes políticos”. Sin embargo, se trata de una cuestión que va más allá de un gesto administrativo; un tema de fondo sobre la posición que la sociedad civil ha adoptado frente al genocidio que está cometiendo Israel, posicionándose en favor de los derechos humanos.
