La gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia de Covid-19 lleva desde 2020 dando de qué hablar en lo político. Los 'protocolos de la vergüenza', el abandono de los hogares de mayores, los 7.291 fallecidos... son algunas de tantas manchas en el historial de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Han sido muchos los intentos de poner al Ejecutivo madrileño frente a la realidad y hacer justicia, especialmente desde la oposición. Hoy ponemos el foco en una de estas iniciativas, la historia de cómo un particular indignado logró acaparar los titulares de la prensa nacional cuando llegó al Tribunal Supremo con una denuncia contra Ayuso bajo el brazo.
Juan Pablo López López vive en el madrileño barrio de Pinar de Chamartín, un bastión del PP en el norte de la capital. A sus 62 años, es uno de los pocos vecinos que votan a la izquierda en este sector, donde Ayuso se acercó al 80% de votos en algunas calles. El miércoles 10 de abril de este año, López presentó una denuncia contra la presidenta "por permitir la muerte de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid". No se trataba de una venganza, ni de una maniobra que escondiese intereses políticos. Juan Pablo López simplemente cree en la justicia social, como cuenta a El País en una entrevista publicada este miércoles.
El Supremo archivó la denuncia del ciudadano que fue "a saco" contra Ayuso
Este ciudadano descubrió que podía poner una denuncia contra un aforado sin contar con representación procesal, y decidió "ir a saco". Tras recopilar información y redactar su denuncia, puso rumbo a la plaza Villa de París, dirección del Tribunal Supremo. Ningún familiar ni conocido de López falleció en una residencia. La indignación por la situación de las personas que habitaban las residencias madrileñas en marzo y abril de 2020 fue lo que le motivó. El ávido de justicia López, dedica su jubilación a cuidar a su madre, enferma de Alzheimer.
Juan Pablo no es precisamente el prototipo de revolucionario de izquierdas. Conduce un Audi, juega al golf en La Moraleja, y vive en el pudiente norte de Madrid, en el distrito de Chamartín. Progresista desde su adolescencia, este director de sucursal bancaria se prejubiló hace tres años. Vivir en un ambiente acaudalado no ha cambiado sus ideales, ya que López se ve a sí mismo como una "rara avis. Pero rara, rara". A su llegada al Supremo una sorprendida funcionaria cogió el escrito de 19 páginas titulado "Carta de presentación de demanda judicial contra Isabel Natividad Díaz Ayuso".
El trámite fue corto, pero López tardó dos meses en tener nuevas noticias. Lo que no esperaba es que aquel 20 de junio, todos los medios iban a abrir contando que el Tribunal Supremo había archivado una denuncia contra Ayuso por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid. Quizás no era lo que este ciudadano quería conseguir, pero sí que logró un gran impacto. Las redes sociales se llenaron de reacciones al pequeño gesto de un exbanquero con conciencia social.
El Gobierno de Ayuso ha "perdido la cuenta" de las denuncias contra su gestión de las residencias
La Sala de lo Penal del Alto Tribunal consideró que la denuncia no lograba demostrar la causalidad entre los 'protocolos de la vergüenza' -las indicaciones del Gobierno madrileño de no derivar ancianos a los hospitales- y las muertes en las residencias. La decisión de los jueces dividió la opinión pública entre los que veían una nueva demostración de politización de la justicia y los que celebraban que los magistrados daban una vez más la razón al Ejecutivo de Ayuso.
El propio portavoz del PP de Madrid, Alfonso Serrano, compartió la noticia y sacó pecho: "Seguramente que a quienes juegan con el dolor de las familias les importará poco saber que sus miserables acusaciones no tienen fundamento". La mano derecha de Ayuso aseguraba que ha "perdido la cuenta" de estos sucesos. No es de extrañar, pues desde 2020 han sido varios los intentos de llevar a la presidenta frente a la Justicia. Los propios familiares de los fallecidos en residencias se querellaron contra ella, caso que fue derivado al Tribunal Supremo. Las investigaciones se vieron fragmentadas en varias sedes judiciales, donde siguen a día de hoy, archivadas o pendientes de recurso al Constitucional.
El mismo argumento que el Alto Tribunal ha dado a López es común a todas las querellas que se han archivado en estos cuatro años: el Supremo no ve causalidad entre la actuación de la Comunidad de Madrid y las muertes. La identidad de López López fue un misterio hasta pasados varios días de la noticia del archivo de su denuncia. En la resolución solo se daban sus iniciales, J.P.L.L., y los medios se limitaban a publicar que la denuncia venía de "un particular". Días más tarde, Juan Pablo se quitaba la careta en busca de testimonios de víctimas que reforzasen su discurso. En la entrevista con El País asegura que actuó por "imperativo moral", y explica sus principios: "Aunque parezca mentira en el siglo XXI, cada vez hay más injusticias, y si no hago algo, me llevan los demonios".