Un segundo procedimiento judicial vuelve a situar en el foco a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su papel en la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia. El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha citado a declarar como testigos el próximo martes, 3 de junio, a varios protagonistas clave en aquellos meses críticos, entre ellos Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales.
Reyero, quien desde el inicio denunció la discriminación sufrida por los mayores que vivían en residencias, testificará a partir de las 10.00 horas. También lo harán Juan Abarca Cidón, presidente del grupo HM Hospitales, y Antonio Burgueño, asesor principal de Ayuso en materia sanitaria durante los primeros compases de la crisis del coronavirus. Ese mismo día declararán las dos personas que impulsaron esta causa con una querella por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificada en el artículo 511 del Código Penal.
A diferencia de la causa anterior reabierta en abril por la Fiscalía Provincial de Madrid, esta nueva investigación parte de la denuncia directa de familiares de residentes fallecidos. El procedimiento en Leganés se centra en esclarecer si el conocido como "Protocolo de la Vergüenza", que impedía el traslado de determinados mayores enfermos a hospitales, incurrió en una discriminación sistemática por edad o nivel de dependencia.
Entre los investigados en esta causa figuran Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmantes y diseñadores del polémico protocolo; el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Según han denunciado colectivos como Marea de Residencias o 7291: Verdad y Justicia, las ambulancias dejaron de acudir a las residencias si no mediaba autorización expresa, lo que habría impedido el traslado de cientos de pacientes.
Para estas plataformas ciudadanas, las declaraciones previstas el martes son “especialmente relevantes”. Confían en que Reyero aclare hasta qué punto sus alertas fueron ignoradas por la Consejería de Sanidad. Abarca Cidón podría aportar documentación que demostraría que solo se trasladó a hospitales privados a quienes contaban con seguro médico. Y Burgueño explicaría por qué no se aplicó su propuesta de medicalizar residencias.
El 17 de junio está prevista la declaración de los cuatro querellados. La causa podría sentar un precedente en la vía penal por la gestión de la pandemia en centros de mayores, donde fallecieron 7.291 personas en marzo y abril de 2020 sin ser derivadas a un hospital.
Colectivos de víctimas han hecho un llamamiento a los testigos para que colaboren con la Justicia y aporten “todos los datos y documentos” necesarios para esclarecer lo ocurrido.
Los "protocolos de la vergüenza"
Los denominados "protocolos de la vergüenza" fueron una serie de directrices emitidas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. Estos documentos establecían criterios que impedían el traslado de residentes de centros de mayores a hospitales, basándose en factores como el grado de dependencia o deterioro cognitivo. La aplicación de estos protocolos coincidió con la muerte de 7.291 personas mayores en residencias madrileñas durante marzo y abril de 2020, sin haber recibido atención hospitalaria.
Los protocolos, firmados por Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, y posteriormente por su sucesor Francisco Javier Martínez Peromingo, establecían que los residentes con determinadas condiciones de salud no serían derivados a hospitales. Esta medida fue criticada por diversos sectores, incluyendo al exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien alertó sobre las consecuencias éticas y legales de estas directrices y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), petición que fue desautorizada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Cinco años después, la justicia ha imputado por primera vez a altos cargos del Gobierno de Ayuso por su presunta implicación en la elaboración y aplicación de estos protocolos. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, así como a Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno regional. La imputación se basa en una denuncia colectiva presentada por 109 familiares de víctimas, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, por un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
Las asociaciones de familiares de las víctimas consideran que estas imputaciones son un paso importante hacia el esclarecimiento de los hechos y la asunción de responsabilidades políticas. Esperan que los imputados colaboren con la justicia y aporten información sobre las decisiones que llevaron a la implementación de los protocolos, así como sobre las personas que participaron en su elaboración y aplicación
