La Comunidad de Madrid ha vuelto a aplazar el compromiso de invertir “al menos” un 1% del coste de las obras públicas en la conservación y restauración del Patrimonio Cultural. Esta medida, aprobada en 2023 por el Ejecutivo autonómico, queda nuevamente suspendida en los presupuestos de 2025, lo que ha generado críticas tanto desde la oposición como desde las asociaciones culturales.

La normativa establecía que se debe reservar “al menos un uno por ciento de su aportación a los presupuestos de las obras públicas que financie total o parcialmente a fin de invertirlo en la investigación, documentación, conservación, restauración, educación patrimonial y enriquecimiento del patrimonio cultural”, una obligación que afecta a todos los organismos públicos dependientes del Gobierno regional.

Sin embargo, y pese a la obligación de la ley autonómica, el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso ha incluido en la ley de presupuestos de 2025 una disposición que suspende este compromiso en las cuentas del año que viene, una decisión que se ha repetido en los últimos años. Desde la Consejería de Cultura aseguran que la aplicación del 1% “no se contempla por la política presupuestaria” autonómica, justificando este posicionamiento.

Promesas incumplidas desde 2013

Tal y como aparece en la web del Gobierno autonómico, la Comunidad de Madrid aseguraba que su compromiso era respaldar “una fuente estable de financiación con la que sea posible realizar los planes y programas que la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid prevé”. También garantizaba que “además de conseguir que tanto los organismos públicos como los titulares de concesiones de obras públicas tomen conciencia de que, a la par de las inversiones en obras, deben también realizarse inversiones para acrecentar y conservar el Patrimonio Histórico existente”.

Según recuerda Alicia Torija, diputada de Más Madrid, el 1% cultural fue eliminado por primera vez en 2013 con el pretexto de la crisis económica. “En su momento prometieron que lo retomarían, pero no lo han hecho”, señala Torija. Además, la diputada también ha asegurado que la Comunidad de Madrid sí se beneficia del 2% Cultural que invierte el Estado en el Patrimonio autonómico.

Asimismo, Torija ha criticado que el Gobierno regional incluyera el compromiso del 1% en la normativa de 2023 sin intención de cumplirlo. “Si no pensaban aplicarlo, ¿por qué no lo quitaron directamente de la ley? No lo hicieron porque sería inconstitucional”, explica.

Por su parte, la socialista Mar Espinar considera que la falta de inversión en cultura afecta directamente a la ciudadanía: “Un gobierno que no invierte en cultura es un gobierno que estafa a la gente porque la hace pensar que es libre, cuando en realidad condena a la sociedad al conformismo”.

La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece que al menos el 1% de los contratos de obras públicas debe destinarse a la conservación o enriquecimiento del Patrimonio Cultural, siendo una inversión obligatoria para el Estado y las autonomías.

La pasividad cultural de Ayuso

Según Álvaro Bonet, vicepresidente de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, esta decisión es “lamentable”, recalcando que “la restauración del patrimonio es beneficiosa para todos, pero parece que la administración autonómica no lo entiende”.

Bonet ha defendido que en la región hay bienes que necesitan una inversión económica con urgencia, subrayando que el auxilio de esta partida podría destinarse al Patrimonio Natural, arquitectónico o religioso.

“Hay edificios que deberían tener un plan directo de acción; hasta que no se cae una cornisa de los edificios parece que no se actúa. Hay que evitar llegar al límite”, advierte.

Asimismo, Bonet propone que la Consejería de Cultura adopte medidas preventivas y proactivas en lugar de limitarse a reaccionar ante emergencias. Según él, el Gobierno autonómico “se limita a vivir de las rentas, adoptando una postura pasiva”, lo que genera una sensación de abandono hacia el patrimonio por parte de la administración regional.

El Gobierno central refuerza la inversión al 2%

Mientras tanto, desde la administración central se han dado pasos en la dirección opuesta. En 2022, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó la decisión de elevar la partida al 2% destinada a la restauración del patrimonio en cada obra pública.

Para 2024 y 2025, prevé invertir hasta 80 millones de euros, de los cuales 218.160 euros irán destinados a restaurar la fachada del edificio de ‘La Bodega en la Cartuja’, en Talamanca de Jarama, en la Comunidad de Madrid.