Desde hace años, la situación de las personas con discapacidad y dependencia en la Comunidad de Madrid viene empeorándose ante la falta de recursos y atenciones necesarios para una vida digna. Y es que resuelven este escenario de dificultades instándole al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso en los últimos tiempos a impulsar una ley que blinde y garantice sus derechos.
Desde FAMMA – Cocemfe, instaron este jueves a través de un comunicado tanto al Ejecutivo de la Puerta del Sol como al conjunto de la Asamblea de Madrid a “impulsar con carácter prioritario una Ley de Asistencia Personal específica para personas con discapacidad dependientes” para garantizar su vida “independiente, digna y plenamente integrada” en la región.
Y es que esta demanda, que viene de lejos y debido a la extensión de la problemática, se da en un contexto de “denuncia” por la “necesidad absoluta de políticas estructuradas que promuevan la autonomía personal” de estas personas, de la misma manera que aducen desde FAMMA a la “escasa implantación y desarrollo de la figura del asistente personal que se contempla en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención” a este colectivo, considerando que la gestión actual del Gobierno de Ayuso en esta materia es “residual”.
En palabras del presidente de la asociación, Javier Font, vienen advirtiendo que “no se trata solo de cuidados, sino de derechos; de posibilitar que las personas con discapacidad decidan sobre su vida, lugar de residencia, empleo, ocio y participación en la sociedad”. Y es que la falta de una normativa autonómica sobre esta cuestión se traduce en “un vacío legal” que condena a estas personas a la “dependencia de familiares” en vez de apoyos personalizados que podría brindarles los servicios públicos regionales.
Derecho a contar con un asistente personal público
Esta proposición de ley por parte de las asociaciones de personas afectadas exige que la posible normativa madrileña, en caso de que se lleve a discusión política, debe tener como razón de ser la figura de un asistente personal, “un recurso clave para facilitar que las personas con discapacidad tomen decisiones sobre su propia vida” y que, la cual, “se reconozca legalmente” y esté cubierta con “un sistema claro de financiación”.
En términos económicos, además de situar esta batería de medidas como un sinónimo de “justicia social”, desde la Federación insisten en que para la Comunidad de Madrid esta ley radicaría en “beneficios” con “reducción de costes asociados a la dependencia institucionalizada y favoreciendo la activación laboral, educativa y comunitaria” de las personas dependientes. Y, a su vez, con un resultado consecuente en el empleo de calidad.
Las listas de espera y otras tareas pendientes en la gestión de Ayuso
Sumada a esta reclamación urgente a modo de normativa regional, desde FAMMA llevan clamando las desigualdades que viven día tras día apelando a la responsabilidad y obligación del Gobierno de Ayuso para acometer soluciones.
En este sentido, a modo de ejemplo, ya se cumple más de un año desde que la asociación lleva haciéndose eco del ‘abandono’ en las listas de espera para que las personas con discapacidad sean valoradas por los servicios de sanidad, con una media de espera que llega a extenderse hasta 305 días. “Son cantos de sirena que no van a ninguna parte y que estamos en la situación que estamos: 15 meses como mínimo para ser evaluados como personas con discapacidad, algo totalmente inaceptable”, condenaron entonces.
Bajo este mismo telón de fondo, y en apoyo al informe AUPERMAD 2025, se reflejó el pasado mes de mayo los apoyos insuficientes que se brindan a las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. En aquel momento, en referencia al servicio de asistente personal, los encuestados resolvieron que tan sólo el 44% conocían su existencia y que el 13% hacían uso del mismo, teniendo en cuenta que el Gobierno de Ayuso tan sólo ha concedido el 0,03% de esta prestación a los usuarios del sistema de dependencia, según recogió el mencionado informe.
Otro de los apuntes de calado que se destacó de este estudio fue que, en cuanto a la financiación, el Gobierno madrileño aporta una escasa cuantía: el 75% tiene que sufragarlo parcialmente con recursos propios, y valoran el esfuerzo económico con una media de 6,52 en cuanto a sus capacidades monetarias.
