Las universidades públicas de Madrid no resisten más los ataques de Isabel Díaz Ayuso. La infrafinanciación, el deterioro de las instalaciones y la precarización del personal está mermando las condiciones académicas y de trabajo de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios (PAS); mientras la administración autonómica da beneficios a las universidades privadas y fomenta la entrada de capitales en las propias academias públicas. Este y otros muchos ataques han activado una ola de movilizaciones en las seis principales universidades que desembocará en una huelga general el próximo lunes 28 de abril.
Antes, este jueves, la comunidad universitaria de la Carlos III (UC3M) se encerrarán en el edificio 14 del Campus de Getafe, con la intención de pasar noche y manifestarse en la mañana del viernes, para “acumular las mayores fuerzas posibles” de cara a la huelga y “denunciar las condiciones específicas que sufre la universidad pública en Madrid”. Así explica Rubén, miembro de la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública, la razón de este y otros muchos actos que hemos visto en otras de las universidades que acudirán a la huelga (URJC, UAM, UPM, UAH, UCM).
Cada universidad tiene sus especificidades, pero todas ellas arrastran una infrafinanciación estructural del que derivan todos sus problemas. El recorte efectivo de fondos destinados a la educación pública desde 2009 a esta parte roza el 35%, según trasladan desde la plataforma, lo que ha provocado “estancamiento salarial, reposición cero del personal, aumento de la temporalidad, recortes en becas, privatización de espacios y subida de tasas”, según recoge el comunicado emitido con motivo de la huelga.
El último ataque de la administración de Ayuso a la pública ha llegado por dos vías en forma de iniciativa que ahondarán aún más en los problemas endémicos de la comunidad: el anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, y la aprobación y la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. “A todo esto se suma el acuerdo de Ayuso con las burocracias sindicales de CSIF, CSIT, UGT y CCOO para garantizar una oposición controlada y limitar el derecho a huelga recogido en el Convenio colectivo de 2025-2028 para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid”, añaden.
El Gobierno de Ayuso ataca, los sindicatos clásicos muestran complicidad y los rectores se muestran inoperantes, entre cartas formales y desidia, lo que ha llevado a los colectivos universitarios de Madrid a unirse frente al objetivo final de la administración del Partido Popular (PP): “una universidad capitalista, en el que se antepone la rentabilidad y las demandas del mercado al aprendizaje y en que la disidencia no tiene cabida”. Por todo, presentan una lista clara de ataques sufridos y exigen soluciones.
Principales problemas
La piedra angular de todos los problemas es la “infrafinanciación extrema” para la que el Ejecutivo de Ayuso propone un aumento insignificante del 4% para este año, “muy por debajo del 5,84% de 2024 y completamente insuficiente frente a la inflación acumulada (con una subida de casi el 35% desde 2009)”. “Madrid es la comunidad autónoma que peor financia a sus universidades públicas, mientras impone uno de los precios más altos del país a las familias”, denuncian los estudiantes.
A la par, se está produciendo una “injerencia de entidades privadas en las universidades”; es decir, la pretensión de la Comunidad de Madrid busca ahorrarse hasta un 30% de la financiación y que las universidades lo busquen en manos privadas, fomentando la presencia de fondos privados con influencia en una entidad pública. A esto se suma que el anteproyecto de Ayuso “establece la obligatoriedad de incorporar un sistema de financiación por objetivos”, movimiento que terminará eliminado o recortando los grados por su rentabilidad.
Los despidos y empeoramiento de las condiciones laborales, el deterioro de las infraestructuras y servicios, el fomento de la universidad privada y la represión de la protesta han terminado por colmar el vaso. "Mientras asfixia a las universidades públicas, el Gobierno de la Comunidad incentiva la expansión y consolidación de universidades privadas, en claro detrimento del acceso universal a la educación superior. Este impulso a la privada se traduce en cesiones de suelo público, disminución de las becas para estudiar en la pública o la proliferación de mecenazgos y patrocinios”, zanjan los estudiantes.
Exigencias y demandas
Para solventar esta situación y como principal exigencia de su huelga, la comunidad universitaria de la UC3M reclama que la financiación sea 100% pública y se realice un aumento del presupuesto “hasta alcanzar una cantidad que garantice una universidad pública, gratuita y de calidad, capaz de hacer frente a la creciente demanda de plazas sin elevar las notas de corte a niveles prohibitivos”.
Más allá del dinero, reclaman la “garantía del derecho a huelga, cesando el fin de los intentos de represión; la participación de la comunidad universitaria en la elaboración del proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia; medidas efectivas contra la brecha de género; la eliminación de la concepción de las universidades privadas como ‘prestadoras del servicio público de educación superior’; un abordaje integral de la problemática del sistema madrileño de universidades públicas; y la implementación de un sistema de becas y ayudas socialmente justo".
