Diferentes asociaciones advierten de la falta de oportunidades que sufre el alumnado con necesidades especiales en la Comunidad de Madrid. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a poner el foco en esta cuestión con una sentencia en la que condena a la región liderada por Isabel Díaz Ayuso por discriminar a un alumno con discapacidad.
Los hechos se remontan a 2019, cuando la Dirección de Área Territorial (DAT) Oeste impidió la matriculación de un niño en colegios ordinarios en contra de su voluntad. Laura Abadía, presidenta de la asociación Segundo Maestro explica a ElPlural.com los pormenores del caso, la vulneración de derechos que habría llevado a cabo la Comunidad y las consecuencias de ello.
Asesora Especialista en Educación y Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, Abadía cuenta a este periódico que el alumno estuvo un año sin acudir al colegio. La madre mantuvo una pugna administrativa importante, hasta que consiguió demostrar que la administración Sol había cometido irregularidades. Aquello fue por la vía administrativa y la Consejería perdió en los juzgados.
La consejería que entonces dirigía Enrique Ruiz Escudero recurrió la sentencia, de nuevo sin éxito. Tras un largo litigio, ahora la Comunidad de Madrid ha resultado condenada por tercera vez por daños morales al niño.
Pese a todo, la Autonomía madrileña se mantiene en sus trece respecto de este trato a familias que tienen hijos con necesidades especiales. Badía indica que en los últimos días, sin ir más lejos, una familia está recibiendo amenazas con Fiscalía de Menores, servicios sociales, etc. “No aceptan la voluntad de que el niño vaya a educación especial”, indican, cifrando en entre 20 y 25 las denuncias en curso que mantienen a través de su entidad por este motivo.
20 o 25 denuncias por año y asociación
El portavoz de la Confederación Autonómica de AMPAS y FAPAS de la Autonomía capital (CONFAPA), Fernando Mardondes, asegura que son muchas las asociaciones que trabajan sin descanso para que las personas con necesidades especiales puedan acudir a una educación pública, de calidad y en igualdad de condiciones.
Mardones lamenta que todavía en la actualidad existen muchos espacios académicos que no cuentan con los recursos necesarios para atender al alumnado correctamente, con lo que muchas familias se ven obligadas a matricular a sus hijos en colegios que sí puedan aportar esa prestación, normalmente de carácter concertado.
Dejando claro que los centros “no son los culpables”, el portavoz de CONFAPA mantiene que “hacen falta más recursos”, como muestra este nuevo ejemplo en esa línea. “Aquí se reconocen dos derechos fundamentales: a la igualdad y a la educación”, refrenda, proyectando que “si no tienes recursos para atender a un chaval con necesidades especiales, no estás protegiendo sus derechos”.
“Muchas familias están demandado en los tribunales por ello”, indica, celebrando que la Justicia haya dado la razón en el presente escenario con una multa que, si bien simbólica, al menos pone de manifiesta que algo falla, también en este aspecto, en el sistema educativo”.
Preguntado por este periódico, a la hora de cifrar en una cantidad el número de familias en esta situación que acuden a CONFAPA en busca de amparo, su portavoz no es capaz de arrojar un número exacto. “Porque muchos casos no son comunicados”, explica. Si bien, se refiera a “una decena o una veintena de familias al curso”, sin contar las asociaciones.
Sea como fuere, mantiene que llevan años peleando porque se destinen más recursos a la educación pública, para que también pueda atender de la mejor manera al alumnado con necesidades especiales. “A veces nos llega una familia, por ejemplo, con un chaval que tiene síndrome de Down, y no matriculan a su hijo en el colegio del barrio porque carece de recursos. Es que ni lo intentan, porque saben que no van a poder atenderle como deberían”.
Abadía plantea soluciones para revertir este escenario: “Cumplir la ley”. Parece simple, pero en la práctica no lo es tanto. “La Comunidad de Madrid debe respetar el derecho a la educación de todos, independientemente de la condición del alumno”, señala, subrayando que “no existe una diferenciación de derechos, entre la educación especial y la ordinaria”.
“Existe un único derecho. Lo que debería de hacer la administración es, en vez de hacer reglamentos intentando poner barreras para que este alumno, como tantos otros, permanezcan en el sistema, avanzar en lo que dice la Convención de los derechos educativos de las personas con discapacidad y dotar de recursos adecuadamente a los centros”, relata.
Así, alude a la ley de 2002 de la región, la de libertad educativa, que contempla, justamente, el derecho que tienen los padres a elegir centro. “Tendrían que respetar a las familias de los niños con discapacidad. Lo mismo que a las familias de los niños que no la tienen. El Derecho es igual para todos, y todos tienen los mismos derechos”, reafirma.
