El centro de menores Hogar San Mateo, perteneciente a la Asociación de Intervención y Desarrollo ABRAZO y gestionado por la Comunidad de Madrid, epicentro de unos presuntos casos de violación y abusos sexuales denunciados por dos menores de edad residentes en él, recibió una subvención del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso para luchar contra la violencia de género.
Varios trabajadores del hogar de menores tutelado por la Comunidad relataron a este medio cómo presentaron una denuncia a la Policía durante el pasado mes de diciembre por los citados presuntos casos de abuso sexual, perpetrados por cinco residentes de manera individual y continuada, unos hechos que el director del centro, presuntamente, ya conocía y habría silenciado durante más de un año. Las menores víctimas le habrían hablado al director sobre los abusos que estaban sufriendo en 2023, precisamente el momento en el que llegó esta subvención al centro. En concreto, fue publicada el 31 de enero de ese mismo año tras haber sido concedida el 27 de diciembre de 2022, bajo el concepto "Concesión directa de inversión en equipamiento técnico para luchar contra la violencia de género", según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado al que ha accedido ElPlural.com. El valor de la subvención asciende hasta los 5.000 euros.
Silencio por parte de la Comunidad y del centro
Por parte de la Comunidad de Madrid y del propio centro, la norma ha sido el silencio. Tan sólo dos días más tarde de presentar la denuncia ante la Policía, el 16 de diciembre de 2024, los trabajadores denunciantes fueron citados en una reunión con técnicos de la Comunidad de Madrid en relación a su demanda. "No se tomaron medidas, no se comunicó nada, a las niñas se les ha hecho chantaje emocional para mantenerlas silenciadas", comparte otra trabajadora del centro que ha preferido mantenerse en el anonimato y que estuvo presente en dicha reunión. "Una de las menores me confesó que quería desvincularse del director para escapar de todo lo vivido", explicó sobre lo dicho en aquel encuentro.
"La reunión con la Comunidad de Madrid fue lo peor", expresa otra de las trabajadoras. Son varios los trabajadores que han asegurado a ElPlural.com que los representantes autonómicos allí presentes "quisieron silenciar el caso": "Nos dijeron que no removiéramos las cosas. Lo que más les preocupaba era que las niñas utilizaran las redes sociales", agrega otra de las entrevistadas, asegurando que la prioridad para los técnicos presentes era que el presunto caso tuviera la menor repercusión posible. "De esa reunión lo único que sacamos fue una inspección de trabajo", relataba otra trabajadora anónima del hogar de acogida, coincidiendo con la versión que también han presentado a este medio sus compañeros. "Requirieron mejoras en el hogar y en los contratos del personal, el tema no se centró en los abusos dentro del centro ni en la forma en la que fueron gestionados", afeaba otra de las educadoras sociales a la Comunidad sobre su actuación.
Por su parte, desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, defienden haber realizado las prácticas ordinarias dentro de su protocolo de actuación. De esta manera, el organismo remite a este medio que "esto implica la apertura de diligencias informativas, la denuncia de los hechos, la escucha e intervención con los menores afectados, y la separación de las víctimas y los agresores", una praxis que los educadores del Hogar San Mateo encuentran "muy insuficientes", ya que el director investigado por el presunto encubrimiento de los hechos denunciados continúa en su puesto de trabajo, al frente del centro y siendo receptor de subvenciones como la citada.
