Antonio Burgueño, uno de los altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso imputado por las muertes en residencias, está a un paso de la doble imputación después de que este martes la magistrada de Leganés que investiga por la vía penal las muertes en los centros de mayores haya parado su testifical, precisamente ante esta posibilidad. Así lo ha adelantado elDiario.es.
Esta persona, que guarda una estrecha relación con el PP, ha explicado en sede judicial que durante una reunión con la propia presidenta y sus colaboradores en marzo de 2020, fue propuesto como mando único sanitario.
El de Leganés es uno de los dos juzgados -el otro es el de Plaza Castilla- que ha abierto recientemente una de las dos causas penales para investigar las muertes en residencias y los bautizados como 'protocolos de la vergüenza', que en la práctica impidieron que personas que se encontraban en residencias de mayores fueran tratadas en centros hospitalarios.
El abogado de la acusación Carlos Castillo ha llamado a la “prudencia” a la salida de los juzgados tras detener la magistrada la testifical. Con todo, será en los próximos días cuando la jueza decide si es llamado o no a declarar como imputado, repitiéndose de ser así lo que ha pasado en la causa de un juzgado de Madrid, que también investiga los protocolos y el fallecimiento de 7.291 personas. Mientras tanto, Burgueño ha rechazado hacer declaraciones, limitándose a señalar que él “no estuvo” en esa fase.
Quién es Antonio Burgueño
En 2013, Burgueño impulsó el denominado “plan ahorro” en detrimento de la sanidad pública que, en la práctica, implicaba la privatización en la gestión de seis de los centros de la comunidad.
Manteniendo siempre la misma línea, Burgueño atacó directamente la atención primaria pública, llegando a calificar de “entrañable” el pago en consultas de médicos de cabecera. “El pago directo de 30, 40, 50 euros del paciente al médico de cabecera redundaría en un modelo sanitario más entrañable (…) No podemos seguir ni con médicos ni empleados sanitarios funcionarios; los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado”, defendió.
En lo que se refiere a su relación estricta con el PP, el origen de la misma no se encuentra en el gobierno de Ayuso, sino en el de su predecesora Esperanza Aguirre, siendo en aquella época cuando impulsó la privatización de multitud de hospitales y defendió sin paños calientes el desmantelamiento de la sanidad pública, alcanzando a pronunciar las palabras anteriormente proyectadas. Antes de aquello, ejerció como médico de la aseguradora Adeslas entre la década de los 90 y 2001, momento que muchos sitúan como el inicio de su deriva privatizadora.
Si se habla de Burgueño hay que mirar también a su árbol genealógico; desde su padre, Antonio Burgueño Jerez, jefe de la compañía pionera en la Comunidad Valenciana en la gestión privada de hospitales públicos Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud, hasta sus hijos, piezas también clave en la región durante la pandemia.
El nombre de Encarnación Burgueño saltó a los medios de comunicación por la conocida como Operación bicho, el plan fallido para medicalizar los geriátricos de la Comunidad de Madrid. Se trato de una actuación clandestina que transcurrió durante los 12 días de primavera de 2020 en los que fallecieron alrededor de 3.000 mayores dentro de las residencias.
El plan, además de que no sirvió para nada, estuvo pensado por y para el negocio, tal y como demostraron audios difundidos por el diario El País a finales de aquel año. “Flipo colorines”, dictaba una de estas conversaciones. “Nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, Comunidad Autónoma”, se desprende de esa conversación.
