La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, mantiene un criterio de calidad en residencias de mayores de hace más de 30 años. Se trata de una normativa que data de 1990 y que posibilitta a los inspectores del Ejecutivo regional dar por bueno unos parámetros de profesionales totalmente desfasados.
El hecho lo ha puesto de manifiesto esta semana la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las residencias (Pladigmare) en una nota de prensa, pero la Comunidad sigue sin hacer caso a fecha de redacción de estas líneas. Lo que viene reclamando la asociación de familias en términos simples es más personal para los centros de mayores, un sector que reúne buena parte de las críticas hacia el Gobierno regional en el trascurso del mandato de la responsable de Sol.
Objetivo: 50 trabajadores por cada 100 usuarios
No es una cuestión aislada del equipo de la presidenta, sino que obedece a una situación que se mantiene en el tiempo, concretamente desde la década de los 90. En otras palabras, han pasado por Sol varios gobiernos ‘populares’ y ninguno ha hecho nada, según denuncia la plataforma. Además de tratarse de un texto obsoleto por el paso del tiempo, lo es también por los avances del sector, dado que cuando entró en vigor éste estaba mucho más desregulado.
En números, la norma recoge que las residencias de mayores pueden disponer de un mínimo de 35 trabajadores por cada 100 usuarios, un dato ínfimo si se compara con las pretensiones del Gobierno Central, pero también con el de otras comunidades autónomas que exigen ratios de la mitad de operarios respecto el total de pacientes. Es decir, de 50 por cada 100, como mínimo.
“Los requisitos materiales y funcionales mínimos vienen determinados en la Orden 612/1990”
La escasez de personal en residencias es una problemática que las familias llevan tiempo poniendo de manifiesto y ante la que, denuncian, la Consejería hace "caso omiso".
Así las cosas, cuando las personas que tienen a sus mayores en un centro y piden una mayor atención para ellos, el departamento les deniega la petición amparándose en que los ratios cumplen con la orden estimada (la 612/1990). “Los requisitos materiales y funcionales mínimos que deben cumplir estos centros vienen determinados en la Orden 612/1990, de 6 de noviembre, de la Consejería de Integración Social”, se puede leer en la página web de la Comunidad de Madrid.
Prioridad a las empresas
Sobre el papel, parece una prueba más de la particular guerra que la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene con su homólogo en el Ejecutivo, Pedro Sánchez. A menos así se desprende si se atiende a que otras comunidades sí que han hecho caso a los concejos de Moncloa que pasan por dotar de más personal a las residencias. Más allá de esto, el escenario no es nuevo.
Resulta llamativo que la propia región madrileña ha mejorado sus condiciones para algunas residencias. Eso sí, centra sus esfuerzos en las más de 100 que reciben a usuarios con plazas concertadas, en las que la Comunidad paga a las empresas las plazas a cambio del cumplimiento de criterios de calidad.
Por el contrario, la situación no varía en la inmensa mayoría de centros (casi 500) con los que cuenta la Comunidad. Con ello, Pladigmare denuncia que los gobiernos del PP han actuado priorizando el trato a las compañías, algo que niega la Consejería.
Más esfuerzos desde la pandemia
Distintos territorios han ido aumentando las ratios en residencias con el paso de los años. La primera vez que se impulsaron esfuerzos desde el Gobierno central fue en 2008, después de que se aprobara la ley de dependencia. Por aquel entonces, las comunidades secundaron junto a la Secretaría de Derechos Sociales un acuerdo que introdujo cambios significativos en la materia, siendo el más trascendente en este apartado que las residencias acreditadas eran las únicas que podían acoger a personas beneficiadas de un pago destinado a la cuenta bancaria del residente (conocido como el cheque servicio de la Ley de Dependencia).
La transformación implicaba que el ratio de los centros para personas mayores se situara en 47 trabajadores y 28 gerocultores por cada 100 habitantes. Madrid y otras seis regiones se abstuvieron, mientras que algunas dieron su “sí” y aprobaron un decreto de acreditación que la Comunidad nunca ha puesto en marcha.
Años más tarde, la pandemia del coronavirus puso de manifiesto la necesidad de ampliar el personal en residencias. El Ejecutivo impulsó, ante la situación de emergencia, un nuevo pacto autonómico que endurecía lo relativo a las ratios en centros de mayores y exponía su cumplimiento entre entonces y 2030. Madrid, como en otras tantas cuestiones, votó en contra -no fue la única- justificando que el proyecto obviaba el impacto económico de la medida y que el texto incurría en competencias regionales.
Opiniones encontradas y mentiras del PP
Las opiniones son varias y discurren entre quienes aseguran, como el Imserso, que todas las comunidades deben cumplir con las ratios estimadas en 2008 más allá de lo que votaran entonces, mientras que otras fuentes, como Inforesidencias que el pacto no cuenta con mecanismos de vigilancia a la vez que defienden que la mayoría de las residencias cuentan con personal suficiente.
Sea como fuera, el PP ha asegurado en alguna ocasión que las ratios estimadas en 2008 se cumplen desde entonces, algo que es falso.
