El conflicto institucional entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid por la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática está lejos de resolverse. Lejos de cerrarse, el enfrentamiento amenaza con intensificarse en 2026, después de que el Ejecutivo autonómico haya dejado claro que no permitirá la colocación de ninguna placa conmemorativa en la fachada del edificio, actual sede del Gobierno regional.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó en octubre declarar unilateralmente la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática debido a su papel como antigua Dirección General de Seguridad durante el franquismo. Sin embargo, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han rechazado de plano esa etiqueta y sostienen que el expediente administrativo está “caducado” y es “inviable”. “Para nosotros el caso está claro y cerrado: no se puede declarar nada”, han asegurado fuentes del Ejecutivo madrileño.
Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, no han concretado plazos sobre cuándo se procederá a la instalación de la polémica placa. Tampoco han informado oficialmente al Gobierno regional de sus planes, ni antes ni después de que la declaración se publicara en el Boletín Oficial del Estado el pasado 22 de octubre. Fuentes ministeriales apelan al “principio de cooperación y lealtad administrativa” y han recordado que la colocación de la placa será un imperativo legal. "Lo que es un hecho es que el lugar ya es Lugar de Memoria. Lo que no es normal es que, siendo así, la Comunidad se niegue a reconocerlo con una placa", han aseverado.
El Ejecutivo central da por hecho que la placa se instalará “antes o después”, al entender que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de colaborar. En Sol, sin embargo, han avisado de que ese escenario no es posible. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha sostenido que la actuación del Gobierno central fue irregular desde el inicio y recuerda que el caso está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.
Entre los argumentos de la Comunidad figura que el expediente ha superado el plazo máximo legal, al haber transcurrido más de un año entre su incoación y su publicación definitiva en el BOE. Además, ha denunciado una “falta de lealtad institucional” por la ausencia total de comunicación previa y ha recordado que la Real Casa de Correos cuenta con la máxima protección patrimonial como Bien de Interés Cultural, lo que, a su juicio, impediría la instalación de cualquier elemento sin autorización autonómica.
Fuentes del Gobierno madrileño han considerado que “la mera incoación del procedimiento de declaración de la Real Casa de Correos, sin previo aviso ni negociación por parte de la Administración estatal, manifestando en dicha resolución que tan sólo se proponen medidas de baja intensidad constituye, por sí misma, una grave injerencia e intromisión no sólo en el derecho de propiedad de la Comunidad de Madrid sobre este edificio, sino, especialmente, en sus competencias de autoorganización, gestión de sus bienes demaniales y patrimoniales, vigilancia de sus edificios e instalaciones, regulación y protección de los bienes de su Patrimonio Histórico y Cultural”.
Este choque competencial ha acabado en los tribunales: la Comunidad presentó un recurso ante el Constitucional en febrero por una presunta invasión de competencias, mientras que el Gobierno central respondió en marzo recurriendo la ley autonómica que impedía la declaración estatal del edificio. En este último caso, el Constitucional levantó en julio la suspensión cautelar de la norma madrileña.
Un símbolo en disputa
La Real Casa de Correos fue uno de los símbolos señalados por el Ejecutivo en el denominado ‘Año Franco’, con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador. En la resolución publicada en el BOE, el Gobierno justifica la declaración por el papel del edificio como “símbolo de la represión del régimen franquista”, al haber sido un lugar de detención, interrogatorios y torturas durante la dictadura.
"Desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura franquista. Este edificio, ubicado en la Puerta del Sol y actual sede de la Comunidad de Madrid, se convirtió en un símbolo de la represión del régimen franquista, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos", expresa la resolución publicada en el BOE
Pese a ello, la Real Academia de la Historia emitió un informe - a petición del propio Ministerio - en el que cuestionó la vinculación exclusiva del edificio con el franquismo: "Este informe, que comprende bien las razones aducidas para declarar Lugar de Memoria Democrática la 'Extinta Dirección de Seguridad franquista', asocia la antigua y discretamente elegante Real Casa de Correos, cualesquiera que hayan sido sus funciones posteriores, ante todo con la historia - moral y políticamente admirable, y por ello de obligado conocimiento general - de la Ilustración española, y con la misma centralidad, ya mencionada, que la Puerta del Sol tuvo, especialmente así desde el siglo XIX, con la vida social y colectiva de la capital española y, por extensión, de España"
Aunque reconoció el papel represivo del edificio durante la dictadura, recordó también episodios anteriores de violencia política en la etapa republicana y hechos como el atentado de ETA de 1974 en la cercana calle del Correo: "Igualmente es cierto, no cabe olvidarlo, que a la también extinta Dirección General de Seguridad republicana, sita en el mismo edificio que la franquista, pertenecían algunos de los integrantes del grupo de personas (guardia de asalto y milicianos incontrolados) que el 13 de julio de 1936 secuestraron y asesinaron en Madrid al líder de la ultraderecha monárquica, José Calvo Sotelo; y que, por estar sita donde estaba la Dirección General de Seguridad franquista, ETA cometió el 13 de septiembre de 1974 el terrible atentado de la calle Correo de Madrid, que costó la vida a 13 personas e hirió a medio centenar más”.
La Comunidad de Madrid ha incorporado este informe a su recurso ante el Constitucional, defendiendo que el inmueble está “completamente resignificado” como sede institucional y “casa común de los madrileños”. Mientras esperan el fallo del alto tribunal, desde Sol aseguran que defenderán sus competencias “hasta el final”. La colocación de la placa se perfila ya como un nuevo campo de batalla político e institucional en la antesala del próximo ciclo electoral.
