Esta semana, ElPlural.com informaba en exclusiva sobre un informe que deja al descubierto el abuso de la contratación menor por parte de la Comunidad de Madrid desde 2016, un modus operandi que empieza antes de que Isabel Díaz Ayuso llegue a la presidencia y que se mantiene con la actual responsable regional ya en la Puerta del Sol.
El colectivo que da forma al documento de 34 páginas presentó dicho texto junto a una denuncia ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIResCon), dependiente del Ministerio de Hacienda y encargada de supervisar el modelo de contratación.
Sin embargo, tal y como se desprende del informe y confirma en declaraciones a este periódico el portavoz de Audita Sanidad, Vicente Losada, el colectivo lleva años recurriendo a diferentes organismos en favor de la transparencia, pero sin éxito. De hecho, asegura que, si la denuncia ante OIResCon no resulta fructífera, se mantendrán en la pelea acudiendo nuevamente a algunos de estos espacios.
¿Eres capaz de descubrir la palabra de la memoria escondida en el pasatiempo de hoy?
Por lo pronto, correspondiéndose con el quinquenio que analiza la firma (2016-2020), Audita Sanidad ha elevado denuncias en varias ocasiones al Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias (CNMC). Todas ellas, quedaron anuladas en última instancia o sin respuesta. A continuación, se reproducen de forma pormenorizada los años en los que se presenta cada una, el organismo al que llegan y la argumentación de la respuesta.
Todas las denuncias entre 2019 y 2025
- Junio 2019, ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con respuesta negativa porque “no se aportan datos indiciarios mínimos de infracción penal”.
- Junio de 2019, ante la CNMC, con respuesta negativa porque “no tiene competencia sancionadora con la Administración Pública”.
- En septiembre de 2019, ante el Tribunal de Cuentas, con repuesta negativa porque “solicita escrito concretando los hechos e infracciones públicas y la cuantía de los daños y perjuicios en las actas públicas”.
- En diciembre de 2022, ante el Tribunal de Cuentas, con respuesta negativa por “archivo de la acción pública”.
- En febrero de 2023, ante el Defensor del Pueblo, con respuesta negativa porque “no procede entrar en el examen de la queja al existir denuncias ante el Tribunal de Cuentas”.
- En junio de 2023, ante el Defensor del Pueblo tras archivo de la acción pública por el Tribunal de Cuentas, sin respuesta.
- En marzo de 2023, ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, con respuesta negativa porque “su función fiscalizadora solo puede ser ejercida a petición de la Asamblea de Madrid o la propia Cámara”.
- En junio de 2023, ante la CNMC, con respuesta negativa porque “no tiene competencia sancionadora con la Administración Pública”.
- En junio de 2023, ante OIResCon, con respuesta negativa porque “la información recibida es generalista y no concreta hechos o indicios de irregularidad, fraude o actuaciones delictivas (…) La Cámara de Cuentas es el organismo competente en la materia”.
- En abril de 2023, ante la OCU y Facua, sin respuesta.
- En diciembre de 2024, ante la Intervención General de la Comunidad de Madrid, sin respuesta.
- En septiembre de 2024, ante la OIResCon, con respuesta negativa porque “sin un expediente completo, no puede intervenir”.
- En agosto de 2025, ante el Defensor del Pueblo (nueva presentación informe), pendiente de respuesta.
- En agosto de 2025, ante el Defensor del Pueblo (tras la falta de respuesta por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid), pendiente de respuesta.
Millones de contratos menores
Tras destapar 2.300.000 contratos menores entre 2016 y 2020, y 408.133 solo en 2020, el informe de Audita, así como las palabras que traslada Losada a este periódico, deja claro la lacra que puede suponer utilizar la contratación menor de manera extrema.
Así las cosas, contempla que el abuso de la contratación menor genera sobrecostes “con toda probabilidad”, que “afectan directamente al derecho a la salud de la ciudadanía, al tener menos recursos disponibles para la sanidad”. “Además, fomentan en mayor o menor medida, la corrupción”;
“El incumplimiento sistemático de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) es una afrenta a la ciudadanía y al principio de igualdad ante la ley, principio básico de la democracia (…) La ciudadanía tiene la obligación de velar por sus intereses. Por ello, la denuncia ciudadana es fundamental para poner de manifiesto los graves perjuicios que se causa en la sanidad pública y en la ciudadanía”, desarrollan las líneas y refrenda el portavoz del colectivo ciudadano.
