La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afronta este jueves seguramente su Debate sobre el Estado de la Región más tenso desde que es presidenta de la Autonomía.
El Gobierno madrileño se encuentra arrinconado con varios frentes abiertos, desde la huelga de las educadoras infantiles, que mantienen sus protestas en este nuevo curso escolar para reivindicar mejores condiciones laborales, hasta el Gran Premio de Fórmula 1, que se celebra el próximo fin de semana.
El evento, que reunirá a los mejores pilotos del momento en IFEMA, ha recibido la crítica de vecinos, oposición y organizaciones ecologistas por distintos motivos, desde el ruido que generará, hasta el oscurantismo con el coste que supondrá para las arcas públicas a pesar de que Ayuso y el alcalde de Cibeles, José Luis Martínez-Almeida, prometieran que saldría gratis a los madrileños.
El ático, actual talón de Aquiles de la presidenta
Pero si hay algo que hace que Ayuso llegue en una situación especialmente delicada al debate de este jueves, ese es el escándalo de ático. Desde que saliera a la luz que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid había comprado un inmueble en Chamberí, uno de los barrios predilectos de la responsable de Sol, para que la política desempeñara sus funciones durante el tiempo que durasen las obras en la sede autonómica, la polémica solo ha ido en aumento.
El anuncio de puesta en venta de la propiedad tan solo un día después de que El País publicara la primera información relativa al espacio localizado en el Paseo del General Martínez Campos, las versiones contradictorias, el señalamiento -quien sabe si intencionado o por error- del propio Alberto Núñez Feijóo, la falta de transparencia por parte de Planifica Madrid, a quien la oposición apremia a dar la documentación solicitada, o las novedades que aparecen, prácticamente, cada día, han llevado a un escenario que para la oposición se antoja insostenible y sobre el que alguien, tienen claro, debe dar explicaciones.
Desde la izquierda, y también Vox, han llevado a cabo diferentes iniciativas -preguntas, peticiones de información, etc- para tratar de esclarecer todo lo relativo al ático, que costó más de seis millones de euros a la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia y que fue puesto en venta por 6,7 millones. La subasta para hacerse con el inmueble concluyó el pasado martes, pero el Gobierno de Madrid retrasó dar a conocer si se presentaron o no ofertas para la adquisición. Así las cosas, habrá que esperar hasta el próximo 16 de septiembre para conocer si alguien se ha interesado por la propiedad, un día antes de que el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, comparezca en la Asamblea de Vallecas para dar explicaciones sobre el tema.
Entretanto, la oposición intensifica cada vez más la presión sobre el Ejecutivo regional, y es que han apelado a todas las vías, también la judicial. De hecho, esta misma semana el Tribunal de Cuentas admitía a trámite una denuncia de Más Madrid en la que el partido de la izquierda alternativa pedía investigar si había existido menoscabo de fondos públicos en la operación. No es, sin embargo, la única denuncia que ha conllevado el asunto del inmueble.
Cabe destacar que la controversia en torno al ático de lujo habría enfadado incluso dentro del PP. A las señaladas confesiones del líder del partido hay que añadirle que voces críticas de la formación conservadora habrían alimentado las polémicas, mientras que en privado llegaron incluso a darle por amortizada en su día.
Lo cierto es que la baronesa ‘popular’ apenas ha recibido apoyo público por el tema en este tiempo. Mientras, el primer señalado a nivel interno fue, a menos en una fase inicial, el consejero de Presidencia, con el que ahora Ayuso cierra filas en favor de su blindaje.
De la Fórmula 1, a las educadoras
En paralelo, tanto PSOE como Más Madrid han redoblado la presión por el supuesto ‘coste cero’ del Gran Premio de España, que se desarrolla entre el 11 y el 13 de septiembre. La izquierda alternativa lanzaba una campaña a inicios de semana en la que el macroevento cobraba un peso importante y comparaban la futura carrera con el ejemplo valenciano, que dejó un agujero de 300 millones de euros.
Mientras, los socialistas exigían conocer “cómo se ha tramitado” la cita con el automovilismo, que la administración demuestre que “no va a costar un euros de dinero público” y de qué manera se va a garantizar “que no se moleste a los vecinos”, quienes mostraron en los ensayos de Fórmula 3 -con tan solo cinco monoplazas y motores menos fuertes que los de Fórmula 1- que los decibelios superaron con creces los límites acústicos legales.
Por último, pero no por ello menos importante, las profesionales de la Educación Infantil de 0 a 3 años mantienen el pulso con la Consejería de Educación, dirigida por Mercedes Zarzalejo, en el marco de una batalla abierta hace cinco meses y que esta semana ha resultado en una acampada en la Puerta del Sol coincidiendo con el inicio de curso escolar y el periodo de adaptación de los niños.
A todo esto parece que tendrá que hacer frente la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien intentará huir de las controversias exponiendo las medidas que aplicará a lo largo de estos meses previos a las elecciones autonómicas de 2027. Entre ellas, Ayuso presentará un plan específico dotado de 26,5 millones de euros para acelerar la recuperación de la Sierra Oeste de Madrid, arrasada por los incendios de este verano.
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