Continúa la carrera por regular el mercado de la vivienda en la ciudad de Madrid. En la mañana de este lunes, el Ayuntamiento de la ciudad ha hecho público en su página web el listado de viviendas de uso turístico (VUT) que actualmente disponen de licencia urbanística: 1.000 inmuebles frente a los 13.500 que hay en la ciudad. Esta cifra refleja que aproximadamente el 92% de las viviendas turísticas de Madrid son ilegales, únicamente el 7,4% operan de manera legal.
Por barrios, la mayoría de estas viviendas de uso turístico, el 15,67%, se encuentran en el distrito Centro (158); el 13,695 en Tetuán (138); el 11,4% en Arganzuela (115); el 10% en Chamartín (101); el 7,8% en Salamanca (79); el 6,25% en Ciudad Lineal (63); el 5,5% en Carabanchel (56); el 5,15% en Chamberí (52); y el 4,06% en Puente de Vallecas (41).
El desequilibrio existente entre aquellas VUT que tienen licencia frente al resto que no la tiene pero funcionan como tal demuestra la todavía irregularidad en el mercado. Por esto mismo, el pasado mes de abril el Ayuntamiento de Madrid aprobó un plan de acción que pretendía equilibrar una situación que no había conseguido ser corregida por el Plan Especial de Hospedaje (PEH) que ya se lanzó en 2019 y cuyo “impacto” de una “expansión descontrolada”, “contribuye a acelerar la desertización del centro, genera problemas de convivencia con los vecinos, reduce la vivienda residencial y afecta al turismo”. No obstante, los datos reflejan la falta de compromiso para atajar el problema de la vivienda en la capital.
Incremento de las VUT desde 2017
En la actualidad, en la capital operan 14.699 establecimientos turísticos, de los cuales 13.502 son VUT. De este total, únicamente 1.008 funcionan con licencia municipal.
Además, desde 2017 las VUT se han incrementado un 47% en la ciudad. Durante estos años, se han contabilizado 5.546 viviendas turísticas nuevas y se han creado 50 establecimientos turísticos, por lo que el 65% de las plazas turísticas nuevas corresponden a las VUT.
Suspensión temporal de licencias
Según han detallado desde el consistorio, una de las principales medidas que el Ayuntamiento adoptó en esta materia fue la suspensión temporal de licencias, de manera que se pueda frenar la expansión irregular de las VUT, junto con una modificación del Plan General, cuyo objetivo primordial será el aumento de la oferta de vivienda residencial en la zona centro.
Hasta que esta modificación del Plan llegue al Pleno, algo que está previsto que suceda en el primer trimestre del año que viene, las licencias permanecerán congeladas en dos tipos de usos dentro del ámbito territorial que contempla el Plan Especial de Hospedaje. Por una parte, para uso residencial se han suspendido las licencias para VUT dispersas y aquellas para la transformación de local a vivienda en los ejes comerciales del distrito Centro. Por otra parte, se han suspendido las licencias también para VUT en edificaciones distintas al ámbito residencial que se sitúen en planta baja.
Al margen de estas dos medidas principales, también se habrían endurecido las sanciones de manera que, de forma inicial, las multas serían de 1.000, 2.000 y 3.000 euros, en caso de que el propietario no cumpla con la orden de cese de actividad. En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Madrid no dispone actualmente de ninguna normativa que se encargue de sancionar las prácticas irregulares entorno a las VUT. Por lo tanto, en caso de detección de un funcionamiento irregular, se aplica la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo.
Ley del Suelo e inspectores
Del mismo sentido, han expuesto su compromiso de que, a partir de ahora, cuando el Ayuntamiento compruebe que una VUT no cumple con la licencia requerida que le acredita para ello, se actuará bajo la norma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. De esta manera, el Ayuntamiento ordenará primero el cese de la actividad. Si este no se cumple, la sanción será firme de 30.001 euros; una segunda sanción de 60.001 euros; y una tercera de 100.001 euros. Queda por ver si estas multas se cumplen, ya que hasta el día de hoy las normas municipales han permitido que más de 12.000 viviendas operen de manera ilegal.
En la misma línea, de los 65 trabajadores que operan en la Subdirección General de Inspección y Disciplina, este verano el Ayuntamiento de la ciudad incorporará 10 más.
Durante 2023, este servicio recibió un 51% más de denuncias que en 2022 que afectaban a las viviendas y los apartamentos de uso turístico, esto es, 686 frente a 454. Respecto a la autoría de las denuncias, el 82% procedían de ciudadanos (563) y, a partir de las inspecciones realizadas, se registraron 478 VUT y se consiguió el restablecimiento a uso residencial de 243.
