Alquiler Seguro riega de dinero al observatorio que inspira las políticas de vivienda de Ayuso: "Blindan el rentismo"

El alquiler o la compra de viviendas es uno de los principales problemas para la ciudadanía española. Así lo deja claro el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) frente a la actitud del Partido Popular, tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid, que insiste en hacer de menos el problema valiéndose de informes capciosos como el del Observatorio de Alquiler, una entidad perteneciente a la inmobiliaria Alquiler Seguro, que fue expedientada en marzo por presuntas prácticas abusivas y propuesta para una multa de 3,6 millones de euros por parte del Ministerio de Consumo, y cuyo contenido está basado en datos de 2019 y 2021 sobre vivienda vacía, anteriores a la Ley de Vivienda.

La calle acostumbra a ser un buen termómetro social, y las múltiples manifestaciones para protestar por la situación de la vivienda han sido buena prueba de que existe un problema al que urge meterle la mano. La Ley de Vivienda, surgida de las entrañas del Congreso de los Diputados, cuenta con el hándicap de que su aplicación es dependiente de los Gobiernos de las comunidades autónomas, por lo que aquellas regiones cuyos Ejecutivos no comulguen con la regulación del mercado inmobiliario no han puesto en marcha la medida, provocando así que muchas regiones, entre ellas la Comunidad de Madrid, se hayan visto afectadas especialmente con precios altos y escasa oferta. No obstante, desde las filas 'populares', lejos de reconocer el problema, se maquillan los malos datos valiéndose de informes incompletos o que benefician a su narrativa, como el citado del Observatorio del Alquiler.

Más Madrid pide la comparecencia del presidente de Alquiler Seguro

Por su parte, el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea autonómica ha requerido oficialmente la presencia del presidente de Alquiler Seguro, Antonio Cazorra, precisamente a raíz de la propuesta de la multa millonaria de Consumo.

La iniciativa fue formulada por el diputado y portavoz de Vivienda de Más Madrid, Jorge Moruno, con el objetivo de esclarecer cómo las acciones de Alquiler Seguro han influido en el mercado de viviendas de la Comunidad de Madrid. Contactado por ElPlural.com, Moruno argumenta que el Observatorio del Alquiler es "la principal fuente de información que Vox y el PP y sus voceros mediáticos utilizan como fuente para blindar la ideología del rentismo y atacar cualquier política que ellos consideran intervencionista".

"Está promocionado y fundamentado por Alquiler Seguro, que es precisamente la empresa para la que el Ministerio de Consumo ha propuesto una sanción millonaria. Cogen sus datos como si fuera palabra de ley, pero en realidad son una auténtica chapuza porque no aportan ni el origen de los datos, ni es una investigación experimental, ni tiene causalidad y utilizan datos del censo del Ayuntamiento comparándolos con el INE, cuando la medición y las metodologías son diferentes", explica. 

"Se quiere imponer, con el barniz de la evidencia de los datos, una disputa ideológica y política que lo que busca es blindar una serie de intereses, en este caso del lobby inmobiliario a través de sus testaferros políticos, que son el PP y Vox. Su principal función es blindar sus privilegios e intereses y su rentabilidad", afea el portavoz de Vivienda de la formación progresista. Moruno señala también que "esto forma parte de una agenda de ingeniería social para tratar de convencer al conjunto de la sociedad de que aquello que funciona en los mejores modelos de vivienda del mundo es la no intervención en el mercado y el dejar que cunda el apocalipsis".

"Se le da publicidad a cualquier barbaridad pseudoacadémica que refuerce sus intereses y se ignoran otros informes sin intereses cruzados porque no casan con su relato. Por todo ello, queremos llamar al presidente de Alquiler Seguro para que hable de la situacion de la vivienda en la Comunidad de Madrid y para que dé su perspectiva sobre la multa que le han impuesto a su empresa", sentencia.

Detrás de la inocencia de los datos y las fuentes

Los datos nunca son inocentes. Tal y como advertía Iván Auciello para Infolibre, "hay lugares donde directamente se cocinan datos", mismo sentido en el que hablan desde el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Cataluña (DESCA). "Las asociaciones llevamos tiempo reclamando un registro de datos estandarizados sobre esta materia", argumentaba Irene Escorihuela, su directora.

Los cruces de acusaciones se han sucedido durante los últimos meses, y uno de los más recientes lo protagonizaba la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, hacia el Gobierno central. La 'popular' aseguraba que la Ley de Vivienda de 2023 ha provocado que haya 120.000 viviendas menos en alquiler.

Tal dato se extrae del citado informe del Observatorio del Alquiler, vinculado a la empresa inmobiliaria Alquiler Seguro, que se dedica, precisamente, al arrendamiento de casas y que tiene un lema tan revelador como 'Protección a propietarios, 0% de morosidad'. Las proyecciones del texto se calculan en base a cuatro fuentes: sus registros, a los que no ofrecen acceso; información de colaboradores, que no se detalla; datos de propietarios particulares, sin especificar, y datos de otros portales, de los cuales tampoco aportan ningún dato.

Del mismo modo, el informe que utiliza el PP para hacer sus acusaciones afirma en otro punto que muchos propietarios han optado por dejar sus viviendas cerradas en lugar de alquilarlas. "En la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento realizó un censo de viviendas vacías en 2019 que señaló que suponían el 1,2% del parque total. Sin embargo, los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que esa cifra se habría elevado ya al 9,3%, un incremento muy elevado de viviendas vacías que coincide con la Ley de Vivienda y la aplicación de las zonas tensionadas", señala el texto. No obstante, el dato del Ayuntamiento y la serie del INE son de 2021, anteriores a la Ley de Vivienda de 2023, por lo que el cambio porcentual no tiene que ver con la regulación. 

Aunque no es para nada extraño que los portales inmobiliarios y otras empresas del sector hagan informes basándose en sus datos, cuando lo hacen suelen informar de la fuente y se hace una distribución territorial adecuada, algo que no ha ocurrido en el caso del informe del Obsevatorio del Alquiler. "Sin saber el origen de los datos no podemos saber si son representativos o cuántos hay por cada zona. Además, la Ley de Vivienda no se aplica en toda España, por lo que tampoco se puede establecer una causalidad entre la norma y la evolución del número de casas", argumenta Auciello.

Prácticas abusivas y conflicto de intereses

El informe del Observatorio del Alquiler, en el que también participa la Universidad Rey Juan Carlos, dedica unas cuantas líneas a los presuntos efectos negativos de la regulación del mercado inmobiliario, señalando que, al hacerlo, se reduce la oferta y, por ende, aumentan los precios. Sin embargo, sus propios datos, inaccesibles, se contradicen: en la ciudad de Málaga sí habría crecido la oferta, y sigue siendo una de las urbes más complicadas para encontrar una vivienda, con una subida del 9,2% en el alquiler en el primer trimestre de 2025, último dato disponible en Idealista.

Por otro lado, tampoco se puede leer en el texto ninguna advertencia sobre un posible conflicto de intereses, ya que Alquiler Seguro es una empresa vinculada al sector de la vivienda, en el que tiene intereses económicos que pueden afectar a la credibilidad del contenido de sus informes. A su vez, el Ministerio de Consumo abrió en el mes de marzo un expediente sancionador a la empresa por supuestas prácticas abusivas en la gestión de los alquileres, que ha desencadenado en los últimos días en la proposición, por parte de la cartera que dirige Pablo Bustinduy, de multar a la entidad con 3,6 millones de euros. Entre las prácticas señaladas, se estudiaba la presunta imposición a los inquilinos de contratar seguros y otros servicios adicionales no solicitados, lo que vulneraría la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Hasta la fecha, en el registro del Ministerio de Vivienda solo han sido catalogadas como zonas tensionadas ciertos municipios en País Vasco y Cataluña, aunque el análisis del Observatorio hace proyecciones a nivel nacional. "Separar el efecto de las medidas que se toman de las dinámicas que se vienen dando desde hace años requiere de un estudio académico que establezca relaciones causales", señala Auciello.