El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la retirada del decreto de prestaciones laborales del personal sanitario que había sido calificado por los sindicatos como ‘decretazo’ al considerar que suprimía derechos. Su aprobación el pasado mes de noviembre provocó una serie de críticas, protestas y recursos ante los tribunales. Ahora, desde el Gobierno autonómico alegan que ya no hay “necesidad” para su aplicación.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, lo ha explicado en rueda de prensa después del Consejo de Gobierno de una forma escueta y sin entrar en detalles. Ha manifestado que los niveles de ocupación están en este momento por debajo de los de las anteriores olas, sin entrar a valorar la polémica que levantó el llamado ‘decretazo’. A través de Twitter lo ha comentado con posterioridad Mañueco diciendo que se deroga el decreto “dado el alto grado de inmunidad de los sanitarios por la vacunación”.

Pero una versión muy diferente dan desde la oposición, concretamente desde el PSOE. Las filas socialistas recuerdan que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos en Castilla y León ya no cuenta con la mayoría absoluta después de que se registrara la moción de censura y una de las procuradoras de Ciudadanos abandonase su grupo parlamentario. También justifican este movimiento repentino de la Junta en que los socialistas registraron el pasado miércoles una Proposición No de Ley para debatir en las Cortes sobre la derogación de este decreto.

El coordinador del área de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Diego Moreno, ha sostenido que la derogación que se ha anunciado este jueves de forma escueta responde a la “debilidad” del Ejecutivo de Mañueco. “Esta decisión de la Junta es en respuesta a esta iniciativa registrada por el grupo mayoritario de la Cámara. El Gobierno de Mañueco está ahora en minoría y sabían que iban a perder la votación, por lo que no han tenido más remedio que tomar esa decisión para no quedar en evidencia pública de su debilidad”, ha expuesto Moreno.

El decreto en cuestión, aprobado de forma unilateral por el equipo de PP y Ciudadanos, permitía “adaptar” los permisos, las vacaciones y las licencias, la jornada de trabajo, el régimen de turnos y descansos, entre otros derechos laborales del personal sanitario. También permitía trasladar al personal del Sacyl a otros hospitales y provincias en contra de su voluntad. Moreno ha considerado que “era una vergüenza ese decreto aprobado a espaldas del sector sanitario”.