Ciudadanos vive su momento más convulso desde que Inés Arrimadas fuese elegida presidenta del partido. Las elecciones catalanas evidenciaron que los naranjas han sido incapaces de construir un mensaje propio y atrayente para el votante, dejando el futuro de las aspiraciones de la estructura pendiente de un giro de timón reconocible que vuelva a ilusionar a aquellos que en algún momento optaron por depositar su confianza en la estructura.
Lo que nadie preveía es que este volantazo, necesario y capital para la supervivencia de la formación, se produciría esta misma semana con una moción de censura en Murcia que hiciera de Ana Martínez Vidal, portavoz de Ciudadanos en la región, presidenta de la comunidad autónoma en sustitución del popular Fernando López Miras. Una decisión que representa a todas luces un intento por desquitarse de la estrategia de Albert Rivera, quien, tras las elecciones autonómicas y locales de 2019, decidió apostar por su viraje definitivo a la derecha cediendo todos los espacios importantes donde su partido era llave de Gobierno al Partido Popular.
Sin embargo, a Inés Arrimadas se le ha torcido el plan. La sala de máquinas de los naranjas fue incapaz de prever que, teniendo la palabra y la firma de todos los diputados de la formación en Murcia, se pudiera producir una compra por parte del PP que hiciera que las promesas acordadas se difuminasen en apenas 24 horas. La destrucción del pacto interno ha puesto de relieve que Inés Arrimadas es incapaz de controlar los designios de su propio partido. Tres tránsfugas han decidido dejar a Ciudadanos tocado de muerte, uniendo su destino al Gobierno de Fernando López Miras, y un nombre resalta sobre los demás por distintos motivos: Isabel Franco.
Vicepresidenta regional, Franco se ha tomado su revancha particular. Apartada a dedo por Arrimadas de la portavocía de la delegación autonómica, la dirigente ha entonado aquello de que la venganza se sirve en plato frío y, junto a los diputados Francisco Álvarez y Valle Miguélez, ha provocado que la dirección nacional de Ciudadanos haya hecho de su plan estrella una evidencia más de que no corren buenos tiempos en Alcalá, 253.
¿Pero cuál es el motivo de Franco para este subterfugio movimiento? ¿Por qué decidió Ciudadanos apartarla de la portavocía en favor de Ana Martínez Vidal si ella había vencido en las primarias con el apoyo de Albert Rivera? Pues no es otra cosa que las sombras de corrupción. Y es que las primarias de Isabel Franco siguen judicializadas y señaladas por la UDEF por un presunto pucherazo del que Ciudadanos ha sido incapaz de rendir cuentas. Diferentes peritos informáticos señalan que una gran cantidad de votos en aquel plebiscito interno salieron de una misma antena y otros tantos lo hicieron desde direcciones IP de fuera de Murcia, evidenciándose así que el ‘modus operandi’ de este presunto fraude electoral se parecería mucho al que intentaron dar los afines a Albert Rivera en Castilla y León.
¿Qué dijo la UDEF?
“Ante la denuncia que inicia toda esta investigación, las averiguaciones realizadas hasta la fecha y la falta absoluta de colaboración real por parte del partido Ciudadanos y de la empresa Lazarus Technology que actúan de manera conjunta, se extraen indicios racionales de que está ocultándose un fraude en la votación”. Con esta contundencia, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF) mostró su disconformidad el pasado mes de noviembre con el ocultismo del que hacían gala Ciudadanos y Lazarus Technology - empresa contratada para guardar y administrar todos los datos relativos a las primarias-.
Un informe que llegó después de que el 30 de octubre de 2020 la propia UDEF solicitase información detallada sobre las direcciones IP desde las que se emitieron cada uno de los votos del proceso de elección señalado. No era la primera vez que el grupo de investigación hacía este requerimiento, ya que el 30 de julio la inspectora firmante ya solicitaba “información detallada” sobre la participación de la empresa en el proceso interno, el listado completo de las direcciones IP asociadas a cada uno de los votos y el de los “identificadores de voto” generados por cada una de las votaciones efectuadas.
“Si hubiera intención de transparencia por parte de los requeridos, se aportaría directamente la siguiente información: ID usuario de cada voto conectado con cada votante real con nombre y apellidos supuestamente emisor del voto, para que pudiéramos preguntar directamente al supuesto votante si efectivamente votó ese día en ese ámbito geográfico”, sentenciaba la UDEF.
