Carles Puigdemont y su sucedáneo de gobierno instalado en Waterloo se está convirtiendo en una pesadilla para el auténtico gobierno de Cataluña. Mientras Pere Aragonés presiona al gobierno central para obtener alguna dimisión por el espionaje sufrido por unos 60 dirigentes independentistas y justificar así el mantenimiento del pacto parlamentario con Pedro Sánchez, el Consell per la República, autoproclamado gobierno en el exilio de la República Catalana, exige a la Generalitat la ruptura política total con España. Y de paso convoca una consulta paralela a las oficiales sobre la candidatura olímpica para los JJOO de invierno de 2030.

La consulta anunciada por el Consell per la República se celebrará entre los asociados a esta entidad, unos 90.000, aproximadamente, y se abrirá a cualquier ciudadano catalán en el caso de que un 5% de los registrados apoyen la propuesta de convocatoria validada por la Sindicatura Electoral (sic) del entramado de Puigdemont. Según ha explicado Toni Comín, vicepresidente del consejo republicano, no se trata de torpedear la convocatoria de la Generalitat, sino de reflexionar sobre si la organización española de unos JJOO en Cataluña beneficia o perjudica el camino de la independencia que, a su juicio, es lo esencial.

Esta consulta es la prueba material de la decisión firme de Puigdemont de actuar como competencia declarada del gobierno catalán de ERC y Junts, al que considera maniatado al estado por la política colaboracionista de Pere Aragonés. Para ello ha organizado una estructura paralela a la de la Generalitat, con su consejo de gobierno, su asamblea de parlamentarios, e incluso sus consejos locales para la República o un Ministerio de Exteriores Libre de Catalunya que busca catalanes por el mundo para nombrarlos representantes diplomáticos. Al ex presidente de la Generalitat residente en Bruselas no parece preocuparle lo más mínimo que esta política bufa sustentada en una institución fake deslegitime gravemente al gobierno estatutario y constitucional de Cataluña. 

La política bufa debe tener un encanto irresistible visto que se contagia fácilmente. La candidatura de estos JJOO está en el aire por las discrepancias del gobierno de Aragón con la propuesta organizativa que inicialmente ya habían aprobado junto con el COE y la Generalitat. Aun sin el acuerdo preceptivo para formalizar la petición al COI, hay previstas ahora mismo tres consultas sobre los JJOO. La de Puigdemont, cuyo resultado se conocerá en junio, y las dos convocadas por el gobierno catalán para el 24 de julio. En una, la vinculante, unos 55.000 convocados de las comarcas de l’Alt Pirineu y la Vall d’Aran responderán a la pregunta de si quieren o no presentar la candidatura. En la otra, otros 63.000 habitantes de las comarcas de Ripollés, Solsonés y Berguedà podrán expresar su deseo de colaborar o no en el proyecto. El resto de Cataluña, comenzando por Barcelona, ciudad que dará nombre a la candidatura, se limitará a contemplar el singular proceso.

Las diferencias entre los dirigentes de ERC y el entorno de Puigdemont, a fecha de hoy, son profundas e insalvables, como quedó en evidencia ante la reacción por el catalangate. Un caso de espionaje a unas cuantas decenas de dirigentes que, de inmediato, pareció afectar a todos los independentistas y, finalmente, se ha transformado en una “violación universal de derechos fundamentales” de todos los catalanes, según el lenguaje del Consell per la República. En la terminología soberanista es habitual confundir al ciudadano independentista como el único catalán auténtico.

A medida que se acerca la votación del jueves en el Congreso sobre el decreto de medidas económicas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania, los dirigentes de ERC, con Oriol Junqueras a la cabeza, apremian al gobierno Sánchez a ofrecer alguna dimisión expiatoria por el espionaje político. El fracaso de la reunión entre la consejera Laura Vilagrà y el ministro Félix Bolaños ha disparado la presión verbal, desechando por insatisfactorias las medidas propuestas por el gobierno Sánchez. El catalangate ya es a estas horas el mayor escándalo político de la historia moderna, al decir de ERC, hasta tal punto que para Junqueras “no cambiaría absolutamente nada” que las escuchas tuvieran autorización judicial.