El director general de la Policía entre 2011 y 2016, Ignacio Cosidó, ha cesado este lunes a petición propia como personal eventual de la Junta de Castilla y Léon, según el acuerdo que ha publicado el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) y que firma Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico.

Cosidó, natural de Salamanca y residente en Palencia, se incorporó a la Junta en 2019, convirtiéndose en el asesor mejor pagado, con un suelto anual de 55.120,54 euros. Poco se ha sabido de este fichaje y del trabajo del mismo en el Gobierno autonómico como asesor de Mañueco, tan solo que asesoraba en “despoblación”. En el acuerdo publicado este lunes, Mañueco agradece los servicios prestados en sus obligaciones como asesor y se deja patente que se formaliza el cese “a petición propia”.

No obstante, el nombre de Cosidó lleva consigo lastres de los que el PP quiere despojarse. Su persona cada vez cobra más protagonismo en los casos de corrupción del partido, en concreto en el caso Kitchen, después de que el director adjunto operativo de la Policía durante el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, Eugenio Pino, declarase ante el juez García-Castellón que Cosidó “lo sabía todo” sobre la operación.

Cosidó también fue señalado por el comisario Villarejo como el alto cargo que le encargó que captara al chófer de Luis Bárcenas para espiar al extesorero del PP y recuperar la documentación comprometida.

Además, su nombre salió a la palestra por el mensaje que envió al grupo de Whatsapp parlamentario mientras era portavoz del PP en el Senado en el que alardeaba de que la designación del magistrado Manuel Marchena les permitía controlar desde atrás la sala del Tribunal Supremo encargada de juzgar a los aforados políticos y la que ilegalizaba partidos.

El cese de sus labores en la Junta llega tres semanas después de que la Fiscalía presentara un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación sobre el presunto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas. En el escrito, la Fiscalía pedía imputar a Ignacio Cosidó y reabrir la causa contra la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La oposición desconfía del cese

La oposición al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Castilla y León desconfía de este cese y cree que Mañueco pretende cubrirse las espaldas con él. Pablo Fernández, coordinador general de Podemos en la Comunidad, ha afirmado que “todo hace indicar que es un cese preventivo y que el señor Mañueco se está protegiendo por lo que pudiera pasar en ulteriores etapas procesales con el señor Cosidó”.

Además, Fernández ha añadido que el cese escenifica “el fracaso palmario de las políticas del Partido Popular”, ya que Cosidó ha sido técnico para luchar contra la despoblación durante casi dos años y “no ha hecho absolutamente nada”.

Por su parte, Luis Tudanca, secretario general del PSOE en la Comunidad, ha señalado que “da la sensación” de que Mañueco “está soltando lastre”. “No parece que le haya asesorado muy bien en estos dos últimos años y no parece, en todo caso, que el señor Mañueco vaya a rectificar sus políticas. En fin, el gobierno sigue siendo el mismo y el presidente de esta comunidad autónoma, lamentablemente, sigue siendo el mismo y no parece que sus asesores, ni los pasados, ni los presentes ni los futuros vayan a cambiar las políticas que tanto daño han hecho a esta tierra durante las últimas tres décadas”, ha aseverado.