El único procurador de Ciudadanos en el Parlamento de Castilla y León y exvicepresidente del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Igea, ha anunciado este viernes que denunciará ante la Fiscalía al actual vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo por delitos de odio y discriminación.

El procurador denuncia que en las últimas semanas, el cargo del ejecutivo autonómico “ha emprendido acciones y manifestaciones” que, a su juicio, podrían constituir “un delito tipificado en el art. 510.1.a) del Código Penal”.

Uno a cuatro años de prisión

El artículo citado señala, literalmente, que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: “Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad”.

En este sentido, Igea recuerda “algunas actuaciones del vicepresidente entonando consignas como ‘España cristiana, no musulmana’” que él mismo ha compartido habitualmente en manifestaciones, concentraciones o videos en la red social X.

Gallardo on fire

Además de su participación en numerosas protestas ante diversas sedes del PSOE, tanto en Castilla y León como en la calle Ferraz de Madrid, Igea incide como ejemplo en la publicación ante el Hotel Balneario de Las Salinas, donde se alojan 183 migrantes llegados de Canarias, en la que el ultraderechista “equipara la ‘invasión migratoria’ con la inseguridad ciudadana”.

El procurador subraya que en esas declaraciones, grabadas en vídeo y compartidas por el propio Gallardo en su cuenta en X-Twitter, atribuye ”de manera genérica riesgos para las mujeres con la llegada de refugiados”.

Concretamente, Gallardo, en ese vídeo, grabado de noche a las puertas del Balneario en el que habían sido acogidos, a pocas horas de conocerse su llegada a Medina del Campo (Valladolid), califica a esos 183 refugiados bajo la protección de la organización no gubernamental ACCEM, como “invasión de varones en edad militar” y los señala, dice Igea, “como potenciales delincuentes”.

“Intentamos que rectificase en las Cortes de Castilla y León”, dice Igea, “pero no lo conseguimos”, y de hecho, continúa, “ayer, en una de las manifestaciones a las puertas de la sede del Partido Socialista en Valladolid, encabezó gritos del tenor de ‘España cristiana, no musulmana’”.

Una deriva muy peligrosa

El procurador entiende que “esta es una deriva muy peligrosa en una situación de mucha tensión en nuestro país”, y considera “intolerable” esta actitud, más aún en un cargo público de la importancia del vicepresidente de Castilla y León.

Igea asegura que se ha intentado “por todos los medios, políticamente”, no trasladar el asunto a la justicia, pero recuerda la negativa del presidente del Gobierno autonómico a adoptar decisiones, así como la de su portavoz a desautorizar el comportamiento de Gallardo.

Acoso a periodistas

La última actuación de Gallardo, que denuncian el propio Francisco Igea y el secretario general socialista, Luis Tudanca, es el acoso y acusación de manipulación a una periodista de la Cadena SER de Valladolid que anoche cubría la concentración de la ultraderecha ante la sede del PSOE, en la calle Santa Lucía.

“No podemos dejar pasar esto, porque cualquier día ocurrirá una desgracia y nos arrepentiremos de no haber intentado evitarlo”, señala Igea, mientras que Tudanca traslada su solidaridad a la periodista por el acoso sufrido por parte de los radicales, si bien, coincide en que es más grave aún la presencia del vicepresidente, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, y algún concejal de Vox en Valladolid, “capitaneando esos ataques a la libertad de prensa”.

Tudanca entiende que “el Partido Popular lo consiente, porque el señor Mañueco fue quien nombró a ese vicepresidente”, y añade su exigencia al presidente del Gobierno autonómico para que muestre su solidaridad a la periodista y, de nuevo, para que cese a Gallardo.