La Xunta busca silenciar la “oposición social” que lucha contra proyectos considerados peligrosos

La Xunta de Galicia suspende en la gestión de explotaciones mineras. Esta es la conclusión que puede extraerse de las últimas experiencias del Gobierno autonómico con algunos proyectos que, bien están ya paralizados por decisión judicial, bien tratan de volver a reactivarse mediante maniobras que las organizaciones ecologistas y colectivos vecinales afectados consideran sospechosas.

Esto es lo que está sucediendo con la mina de Touro-O Pino en A Coruña que gestiona la empresa Cobre San Rafael, una compañía que en los últimos años impulsa una publicidad en medios de comunicación en la que se ensalza lo 'verde' de su sistema de extracción.

Sin embargo, a la vista de las quejas contra esta explotación, parece que no es así. Estas entidades y colectivos que luchan desde hace mucho tiempo contra este proyecto ofrecieron esta mañana una rueda de prensa para denunciar también la actitud del Ejecutivo que preside Alfonso Rueda.

Entre otras cuestiones reiteraron que, mientras Cobre San Rafael continúa, como en los últimos meses, con “las presiones y acoso sobre la población local”, la Xunta adopta la decisión de impedir a los afectados que puedan tomar parte en los procedimientos administrativos relacionados con la mina.

Esto significa según explicaron este jueves que se deja a los vecinos “fuera del procedimiento y en una situación de indefensión” evidente. De este modo, al mismo tiempo que “la empresa y la administración negocian la autorización”, las personas que pueden sufrir las consecuencias no tienen la opción de “conocer los informes técnicos, presentar alegaciones fundamentadas, solicitar la realización de pruebas como mediciones de agua o aire, ni ser escuchadas antes de que se dicte la resolución final”.

Esta polémica se une a otras que también relacionan al Gobierno gallego con decisiones sobre otras empresas mineras, eólicas y de otros sectores, por ejemplo, la macrocelulosa prevista para Palas de Rei (Lugo).

El impulso de este tipo de actividades, tal y como ha sido denunciado pública y judicialmente desde diferentes ámbitos, se lleva a cabo “bajo el argumento de la simplificación y agilización administrativa”. En base a esta, tal y como se reiteró esta mañana, “se han eliminado controles ambientales fundamentales y se han reducido los plazos de exposición pública”.

De igual manero, recordaron que uno de los pasos fundamentales que facilita las cosas a las compañías es la consideración de un proyecto como estratégico, un término que abre mucho las puertas mediante la reducción considerable de los trámites para lograr esa consideración.

La consecuencia de estas y otras medidas del Ejecutivo gallego es una “profunda desprotección de la población rural, que facilita la fragmentación de proyectos, debilita las declaraciones de impacto ambiental y otorga prioridad a los grandes proyectos industriales frente a los usos tradicionales de la tierra y del agua”.

Exclusión e indefensión

Para hacer frente a esto, el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas, participante en la comparecencia de este jueves reclamó a la Xunta de Galicia que “reconozca de manera inmediata a las personas y organizaciones sociales como parte interesada en el procedimiento de la mina Cobre San Rafael y que cese en su estrategia de exclusión e indefensión”.

A su juicio, si la administración autonómica no toma de una vez cartas en el asunto “la democracia y el territorio seguirán en peligro”.

Cabe recordar que, a día de hoy, esta explotación minera está en pleno proceso de reapertura, a la espera de que finalice la tramitación de la autorización pertinente. Se da la circunstancia de que durante el proceso de información pública, contra el proyecto se presentaron miles de alegaciones por parte de particulares y de asociaciones ambientales, organizaciones sindicales e, incluso, empresas. En las mismas se reclamaba formalmente “el reconocimiento como persona o parte interesada”.

Precisamente, ante los informes sectoriales que se han ido dictando desde diferentes ámbitos de la administración gallega, Cobre San Rafael ha respondido con detalles que “probablemente modifican las condiciones y circunstancias del expediente”. Ante esto, es “fundamental” que quienes alegaron, esas miles de personas y entidades, “puedan ser reconocidos como parte interesada y tengan la oportunidad de conocer dichos informes antes de que se dicte resolución”.

Por ello, a lo largo de “más de un año y medio” el Servicio de Energía y Minas del Departamento Territorial de A Coruña, órgano competente de la Xunta, “requirió a personas y organizaciones que acreditasen su condición de interesadas”, y así fue. Sin embargo, y a pesar de que esas respuestas reclamadas por Energía y Minas “fueron presentadas en tiempo y forma”, hace unos días empezaron a recibirse las primeras cartas que deniegan la condición de interesado a personas individuales y propietarios afectados por expropiaciones.

Los denunciantes dejaron claro que “el perjuicio no es una simple preocupación abstracta por la legalidad”, sino que el proyecto “afecta de manera directa, material y patrimonial a las personas residentes o propietarias de bienes en los municipios afectados debido a la propia depreciación patrimonial”.

Para estas entidades, todo lo que está ocurriendo alrededor de las políticas en la materia por parte de la Xunta, como el caso de la mina de Touro- O Pino responde a una estrategia que solo busca “excluir a la oposición social”.