La batalla vecinal contra proyectos industriales que, a tenor de sentencias judiciales o informes de diferente índole, continúa y no se paraliza a pesar de las dificultades con las que se encuentran. Es es caso de la Plataforma Ulloa Viva que, junto a otros colectivos, ha denunciado públicamente esta semana las maniobras que se llevan a cabo desde la Xunta de Galicia en las luchas que mantienen contra proyectos bendecidos, patrocinados y defendidos por el Gobierno que preside Alfonso Rueda.

Entidades como Ulloa Viva, la Plataforma Vecinal contra la Mina de Touro-O Pino y la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA) han puesto de manifiesto lo que han calificado como “obstáculos, intimidaciones e impedimentos” que la Xunta de Galicia "está poniendo a la vecindad que lucha contra proyectos lesivos”.

Se refieren en concreto a la mina de Cobre San Rafael y la macrocelulosa que la multinacional portuguesa Altri ha previsto en la localidad lucense de Palas de Rei. De este modo, la portavoz de la plataforma contra la Mina de Touro-O Pino, Che Cancelo, no ha dudado en hablar de "estas prácticas” del Ejecutivo autonómico contra los vecinos. Ante esto ha advertido de que “vamos a seguir luchando por nuestro territorio hasta el final”.

En una línea similar se ha mostrado el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, quien ha denunciado un evidente “recorte clarísimo de libertades” en estos procedimientos por parte de la Xunta y aseguró que “persistiremos para conseguir transparencia y participación sin trabas”.

La denuncia sobre la actitud de la administración gobernada por el Partido Popular la han explicado en rueda de prensa, en la que el presidente de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, se refirió a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que condena a la Xunta por la desprotección medioambiental de los terrenos de la zona de la Serra de Careón.

Cabe recordar que en esta zona a la que se refiere la resolución del alto tribunal gallego es donde la compañia lusa pretende ubicar su factoría bajo la denominación de proyecto Gama. Sobre esta sentencia, también esta misma semana, el propio presidente gallego ha anunciado que no recurrirán la sentencia, lo que lleva a Sánchez a señalar que "entendemos que acatan la resolución del TSXG de proteger el entorno de la Serra do Careón”.

Tal y como ha explicado el máximo responsable de la Plataforma Ulloa Viva, lo dictaminado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia "declara la ilegalidad cometida por la Xunta para desproteger” esos terrenos, algo que, en palabras de Juan Pedro Sánchez, es “fundamental para entender que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva otorgada por la Xunta al proyecto queda anulada, y que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) pendiente tendrá que ser denegada”.

Es esta una de luchas que se mantienen abiertas ahora mismo, ya que mientras esto no se haga, se sospecha que un gobierno central del PP podría dar luz verde a la macrocelulosa. Por ello, el presidente de Ulloa Viva ha afirmado que “queremos que el Gobierno de la Xunta de Galica lo haga público cuanto antes”.

Al margen de esto, el colectivo que lucha contra la implantación de Altri en Palas de Rei se pregunta "si la desprotección es previa a la DIA positiva; eso podría ser constitutivo de algún elemento de prevaricación, por no haber sido protegidos los terrenos o estudiado suficientemente el proyecto”. Sobre esto, ha ahondado el presidente de la plataforma al indicarque “entendemos, por la línea temporal de la desprotección de los terrenos, que hay un elemento claro de intencionalidad para desproteger medioambientalmente esos terrenos y fomentar un proyecto privado”.

Además de esto, alrededor del proyecto de la macrocelulosa sigue pululando la sospecha sobre el pacto "secreto" firmado por la Xunta y Altri y, sobre todo, por las consecuencias que pudiera tener su incumplimiento. Estos recelos crecen todavía más con el tiempo, debido a que desde el Gobierno autonómico de Alfonso Rueda no se ofrecen explicaciones al respecto.