Desde hace meses, tanto el Bloque Nacionalista Galego como el PSdeG llevan reclamando a través de diferentes vías los documentos en los que se detallan las claves del acuerdo firmado por la Xunta de Galicia con la multinacional Altri, para la construcción de una megacelulosa en el municipio lucense de Palas de Rei.

Ahora, esta lucha por la consecución de ese convenio acaba de recibir lo que, a priori, puede ser un respaldo fundamental para arrojar luz sobre un acuerdo repleto de claroscuros. Esta luz verde la ha dado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en forma de admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo presentado por el BNG para relcamar el “acceso a los acuerdo firmadois” entre el Gobierno 'popular' gallego y la empresa portuguesa y, en concreto para conocer los datos relativos, especialmente, al “Memorando de entendimiento suscrito en octubre de 2021 entre la empresa y la Sociedade Impulsa”, ahora en liquidación. Este acuerdo fue rubricado en tiempos de Alberto Núñez Feijóo, como uno de sus últimos actos como presidente de la Xunta antes de dar el salto a Madrid para dirigir el PP, apenas unos meses después.

La líder nacionalista, Ana Pontón, aprovechó las últimas horas para anunciar la decisión del TSXG. Según sus palabras, el Ejecutivo de Alfonso Rueda “lleva dos años ocultando sus acuerdos secretos con Altri, por eso tuvimos que acudir a la justicia, para poner luz donde el PP quiere que haya opacidad y esperamos poder tener acceso a ese acuerdo que fue firmado” por el Gobierno gallego. “El empeño del Partido Popular en ocultar el pacto con Altri es una prueba de que ese pacto favorece a la macrocelulosa pero perjudica a Galicia, sobre todo a la gente del rural y del mar”, añadió Pontón.

El Bloque hace hincapié, sobre todo, en el Memorando de entendimiento firmado por el entonces presidente de Sociedade Impulsa y vicepresidente segundo de Rueda, Francisco Conde, hoy diputado en el Congreso, al que sucedió “la conselleira de Economía, María Jesús Lourenzana, hasta que la entidad creada en 2021 con un 48% de participación pública fue liquidada por el Ejecutivo popular en 2025”, lo que los nacionalistas interpretan como “un intento de borrado de pruebas”. En este sentido, denuncian que desde el PP se hicieron “cambios legales a medida de la empresa lusa tras el pacto de 2021, incluida una indemnización patrimonial si el proyecto fracasa”.

Se da la circunstancia de que la formación liderada por Ana Pontón decidió acudir a la justicia tras la negativa reiterada del Ejecutivo autonómico a facilitar la documentación sobre este pacto, unas peticiones que se iniciaron por parte del Bloque en 2024 en sede parlamentaria.

Para Pontón, Galicia está expuesta a una “auténtica bomba ambiental” que el Partido Popular “quiere colocar en el corazón” de la región; y esto a pesar del “coste ambiental, social y económico que implicaría para el sector agroganadero”.

No a la financiación nacional

Cabe recodar que la pasada semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue claro al recordar que el proyecto previsto por la Xunta y la compañía lusa Altri para el mencionado concello de la provincia de Lugo “no ha pasado” los requisitos de los proyectos estratégicos.

Tal y como comentó, los llamados proyectos estratégicos deben cumplir una serie de criterios en materia de financiación que, en este caso, no se han producido, por lo que quedan fuera de esa posible inversión nacional.

Además, en el mismo acto celebrado en la capital gallega aseguró que se remitía en relación con este asunto “a lo dicho” por los titulares de los Ministerios de Industria y Transición Ecológica.

Pero no solo, en el ámbito gallego, ha venido reclamando el BNG esta documentación. Así, también la semana pasada, la portavoz socialista de Industria en el Parlamento autonómico, Patricia Iglesias, volvió a reclamar en comisión que la Xunta “debe entregar el Memorando de entendimiento” rubricado hace poco menos de cinco años.

Sobre esto insistió en que, desde que se sabe que existe ese documento, la callada por respuesta ha sido la actitud del Gobierno presidido por Alfonso Rueda, que se “niega a explicar su contenido”.

La Xunta, a pesar de la Sociedade Impulsa tiene una clara participación pública, ha argumentado siempre que “se trataba de una sociedad mercantil privada ajena” al Ejecutivo regional, en referencia a Altri, algo que para socialistas y nacionalistas no sirve, al igual que el argumento de la actual conselleira de Industria, en el sentido de que desconoce qué contenido tiene ese Memorando.

Por ello, para Patricia Iglesias, la forma de actuar de la Xunta invita a pensar mal, afirmando a modo de conclusión que “quien oculta información es porque tiene algo que esconder”.

Ahora, al admisión a trámite de la denuncia del BNG abre una puerta a la reclamación de ambas formaciones y de los colectivos sociales, culturales, medioambientales y económicos que se oponen a la construcción de la megacelulosa en Palas de Rei.