La crisis ecológica que han provocado los pellets de plástico que inundan las costas gallegas ha reabierto el debate acerca de la contaminación marina y la necesidad de endurecer la legislatura para reducir el ecocidio. Tras la llegada de microplásticos al norte de España, ha sido la fundación Stop Ecocide Internacional (Stop Ecocidio) una de las que más alzado la voz y urge de una manera más contundente a erradicar este problema y otros del mismo tipo juzgándolos en la Corte Penal Internacional.

Para ello, tal y como ha podido saber ElPlural.com, la cofundadora del organismo, Jojo Mehta, emplaza a Europa a endurecer la normativa vigente y habla incluso de “responsabilidad penal” ya que, asegura, “solo cuando la haya para aquellos responsables, veremos una reducción en este tipo de contaminación”.  A su juicio, para “proteger verdaderamente el océano de la contaminación grave e imprudente, debemos establecer el ecocidio como un delito bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional, donde pertenece, junto con el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad”.

En estas, aunque acoge “con satisfacción” el desarrollo de la legislación específica por parte de la Unión Europea (UE) para prevenir derrames de pellets, no esconde su opinión de que “cuando se toma colectivamente, la contaminación plástica a nivel mundial requiere una legislativa también a escala planetaria”.

Avances logrados

La cofundadora de Stop Ecocide, eso sí, celebra los avances logrados hasta la fecha en un ámbito sobre el que cada vez se toma más conciencia. De esta manera, aplaude que ahora hay un “gran impulso reuniéndose a nivel nacional, regional e internacional para establecer una nueva legislación de ecocidio específicamente destinada a prevenir y criminalizar las formas más graves de destrucción ambiental”, algo que refleja de la siguiente manera.

“En noviembre del año pasado, la UE fortaleció su Directiva de Delitos Ambientales al consagrar en la ley un nuevo delito que busca castigar ‘casos comparables al ecocidio”. El acuerdo, respalda, “tiene el potencial de inaugurar una nueva era de protección ambiental en Europa a medida que los Estados miembros reflejan la nueva Directiva en la legislación nacional en los próximos 24 meses”. La experta explica, además, que “se propusieron o avanzaron nuevos proyectos de ley de ecocidio a nivel nacional el año pasado en Inglaterra, Escocia, Italia, España, Bélgica, Países Bajos, Brasil y México”.

Para que el lector adquiera un poco más de contexto, Jojo Mehta es cofundadora de Stop Ecocide, en 2017, junto con la abogada y pionera legal, Polly Higgins, ya fallecida. Entre otras cuestiones de su lucha medioambiental se encuentran, precisamente, apoyar el establecimiento del ecocidio como un delito en la Corte Penal Internacional. En lo que a Mehta respecta, es presidenta de Stop Ecocide Foundation y coordinadora del Panel de Expertos Independientes para la Definición Legal del Ecocidio que preside Philippe Sands QC y Dior Fall Sow.

Comparecencia de los responsables en calidad de investigados

La situación que cobró fuerza en Galicia y se ha extendido por las comunidades vecinas con el paso de los días ha traído consigo peticiones de transparencia y de explicaciones por parte de los presuntos responsables.

Así lo muestra otro documento que ha podido obtener este medio -y que se encuentra visible para cualquiera que lo quiera consultar- en el que Podemos y varias asociaciones como la fundación Motescola, Ecologistas en acción o la Plataforma pola defensa do mar da comarca Muros-Noia piden que dos empresas comparezcan en calidad de investigados tras el vertido de microplásticos en la autonomía liderada por el popular Alfonso Rueda. Se trata de las compañías responsable de los contenedores (Maersk) y del etiquetado de los pellets (Bedeko Europe Company), respectivamente.

Los firmantes consideran que los hechos podrían relacionarse con un “presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente” en el que hacen igualmente alusión a la posible culpabilidad de otras entidades.

En la misma línea, piden esclarecer información acerca de las “normas técnicas aplicables a la seguridad y sanidad de los pellets”, así como “su fabricación y etiquetado”. También que las diferentes compañías aseguradoras -de los contenedores, naviera, fabricante, etc- hagan frente a “toda su responsabilidad” que puedan tener frente a posibles “problemas de salud”, como de “todos los costes de limpieza, daños y perjuicios ocasionados por el vertido”.

Siguiendo este camino, solicitan información más precisa tanto a las autonomías afectadas por el vertido como al Gobierno Central: resultados de los análisis, identificación de los responsables de encargos y pagos, etc.

Partidos y asociaciones, contra la inacción de la Xunta

Partidos de la izquierda y asociaciones ecologistas y de otros sectores van de la mano en un problema que, consideran, la Xunta no está gestionando como debiera.

Se pueden recoger algunos ejemplos de ello, y es que tanto PSOE como Podemos han puesto pie en pared frente al modo de hacer y las mentiras de Rueda -los morados han denunciado tanto a la Xunta como a la empresa naviera del buque Toconao por delitos contra el medio ambiente-.

También el BNG -principal triunfador en términos electorales, según el presidente de la Xunta- destaca la escasa movilización de recursos para reducir los daños de esta marea blanca.

Lo mismo sucede son los pescadores, y es que muchos de ellos, como Miguel Delgado, responsable de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), exigen el “cese fulminante” tanto del líder gallego como de su tía, Paloma Rueda, al estar “desaparecida” pese a presidir una fundación destinada a la prevención de contaminación marítima y por cuyo trabajo cobra 60.000 euros anuales de la Xunta.