Día importante para la sanidad gallega con varios puntos de interés que ponen a uno de los pilares del estado del bienestar en los titulares de prensa, radio y televisión.
Este martes, por ejemplo, han tomado posesión los nuevos responsables de algunas de las áreas sanitarias en las que se divide la región. Nada extraño, sobre todo cuando hace muy poco que el nuevo Gobierno gallego tomó posesión.
Sin embargo, en estos movimientos propios del inicio de cualquier legislatura, uno de los más llamativos es la salida de la gerencia del área de Santiago de Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo y que ha ocupado este puesto en los últimos siete años y siempre rodeada de polémica. La última es la que le ha costado el puesto y tiene que ver con la demora en la atención a enfermos de cáncer en el hospital santiagués, lo que provocó semanas atrás protestas de los afectados y sus familias.
El otro punto de interés de hoy ha estado en el Parlamento autonómico. Allí se debatía sobre la creación de una comisión de investigación para tratar de conocer los detalles de los contratos firmados por la Xunta de Galicia ligados a la pandemia, es decir, a los últimos años del período presidencial de Feijóo antes de dar el salto a Madrid.
No ha habido sorpresas y, a pesar de la insistencia de los grupos de la oposición (Bloque Nacionalista Galego y PSdeG), el Partido Popular se ha servido del rodillo de la mayoría absoluta de la que dispone para echar por tierra la petición de esta comisión de investigación.
Se da la circunstancia de que, en el caso de Galicia, las sospechas sobre la contratación de empresas de suministros para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, vienen de lejos. En más de una ocasión, desde la oposición, nacionalistas y socialistas han instado a la Xunta y al Gobierno presidido antes por Feijóo y ahora por Alfonso Rueda claridad acerca de cómo se produjeron los compromisos con diferentes empresas.
El cuñado y la hermana de Feijóo
Precisamente, una de las cuestiones sobre las que más se ha llamado la atención tiene que ver con que determinadas compañías han sido las principales beneficiarias de esos contratos. Es ahí donde aparecen las empresas de algunos familiares del propio líder nacional del Partido Popular, como su cuñado y su propia hermana. Así, según los datos del BNG, en 2020 casi la mitad de lo contratado se concentró en tan solo 11 empresas, mientras que el ejercicio siguiente, 2021, más del 66 % se centros e únicamente 4 compañías.
En la sesión de hoy en el Parlamento autonómico se ha hablado de este asunto tras activar la opción de la investigación el Bloque Nacionalista Galego. El grupo del BNG dispone por número de la capacidad para poner en marcha este mecanismo de fiscalización. Sin embargo, a pesar de contar con el respaldo de los diputados socialista y el único parlamentario de Democracia Ourensana, la mayoría absoluta del PP ha impedido su activación.
La actitud de los 'populares' gallegos choca de lleno con lo que están haciendo ahora mismo en el Senado y el Congreso de los Diputados. En las Cortes, el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo se muestra como el adalid de la transparencia para investigar, eso sí, los contratos relacionados con gobiernos autonómicos socialistas.
Este mismo martes, ante la posibilidad de arrojar luz sobre unos contratos que tienen que ver con la sanidad pública y su gestión por parte del Servizo Galego de Saúde, el portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Alberto Pazos Couñago, ha tratado de justificar el voto en contra de su formación para crear la citada comisión de investigación. Siguiendo el argumentario de su formación, ha asegurado en O Horreo que no existen motivos -"ni uno solo"- para poner en entredicho los contratos cuya fiscalización ha buscado hoy el Bloque Nacionalista Galego.
Iago Tabarés, portavoz de Administración del BNG, ha lamentado ese voto en contra de una comisión que podría servir para resolver las sospechas de "irregularidades y actuaciones que non se ajustan a la legalidad", en relación con esas contrataciones de emergencia.
Cabe recordar que esta petición del Bloque se ha producido tras negarse el PP a realizar una auditoría externa sobre los contratos realizados por la vía de urgencia. Esta solicitud se produjo después de que la mayor parte de esos contratos no fueran fiscalizados y entre los que sí lo fueron, tal y como han explicado los nacionalistas, el propio Consello de Contas habla de "reparos de legalidad y actuaciones poco acordes con los principios elementales de lo que es una buena gestión de los recursos públicos", ha dicho en el Parlamento autonómico Tabarés.
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