La Xunta de Galicia sigue asegurando que el proyecto de macrocelulosa que la multinacional portuguesa Altri quiere implantar en Palas de Rei, Lugo, está muerto. Sin embargo, no da el paso definitivo para enterrarlo, tal y como reclaman desde hace meses al presidente Alfonso Rueda las entidades vecinales, ecologistas, sociales y culturales.
El temor de todos estos colectivos es que un cambio de Gobierno en Madrid dé aire a un proyecto que, ahora mismo, es inviable desde diferentes perspectivas.
El movimiento planteado por Greenfiber, filial de la multinacional portuguesa que se encarga de la macrocelulosa, lo anunció ayer y pasa por la presentación -algo que realizó este mismo martes- de alegaciones ante la Consellería de Economía e Industria contra el archivo del proyecto.
A través de un comunicado, la compañía ha explicado los motivos por los que ha alegado, con la circunstancia de que lo ha hecho justo antes de la conclusión del plazo del que disponía para hacerlo, es decir, al límite del comienzo del procedimiento de archivo.
Al margen de quedarse fuera de las ayudas europeas al descartar el Gobierno central su inclusión en alguna de ellas, la falta de conexión eléctrica -que también denegó el Ministerio- es el motivo principal alegado por la Xunta para dar carpetazo al proyecto. Por ello, Altri elevó ante la Consellería de Economía e Industria lo que denomina un "escrito formal de alegaciones" para defender “la continuidad de la tramitación del proyecto"; además, en ese escrito recalca que el mismo está declarado Industrial Estratégico desde finales de 2022, una declaración que los contrarios a la macrocelulosa denunciaron como un movimiento del Ejecutivo de Rueda para facilitar los trámites para su implantación.
Y como el tema de la conexión eléctrica se ha convertido en el verdadero y último escollo para Altri, la multinacional portuguesa ha alegado “"la autosuficiencia energética del proyecto", lo que, según sus cálculos, ya “no hace imprescindible la conexión externa a la red".
Las organizaciones ecologistas, muy duras
La Xunta, a través del departamento correspondiente, ha seguido la línea marcada hasta ahora, es decir, que ante estas alegaciones, "como en cualquier procedimiento administrativo, se examinarán a nivel técnico y posteriormente se resolverá".
La Plataforma Ulloa Viva ha sido una de las organizaciones más activas contra la llegada de Altri a la comarca que le da nombre. Ahora, ante la impugnación de la empresa ha insistido en exigir al Gobierno presidido por Alfonso Rueda “la denegación ya” de las autorizaciones administrativas pendientes y en tramitación. Para este colectivo, es evidente que “sobran datos técnicos para hacerlo”, además de aseverar que “nunca alcanzará licencia social”.
No ha cogido desprevenida a la Plataforma la decisión de Altri. “Ninguna sorpresa”, han comunicado, porque en opinión de Marta Gontá, portavoz de Ulloa Viva, se trata de una compaññia que “miente y va a hacer lo que haga falta para conseguir su objetivo, que no es otro que convertir los recursos de todos en dinero para ellos”.
“Desde el principio sabemos que a la empresa le da igual el río Ulla, la ría de Arousa o, incluso, enfermar a la población, porque vienen aquí a hacer dinero”, ha subrayado al tiempo que ha confirmado que “continuamos en la lucha y vamos a llegar hasta el final, ganará la vida”.
En una línea similar se ha pronunciado Greenpeace cuyos representantes no han dudado en hablar de "una broma de mal gusto" refiriéndose a las alegaciones de Altri contra el archivo del expediente relativo a la fábrica que proyectó para el concello lucense.
Al respecto, advierte de que la empresa "no tiene financiación pública, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene licencia social", llegando a la conclusión de que lo único que atesora es “poca vergüenza".
"Es absolutamente indignante que la empresa insista en instalarse donde ni es necesaria ni es bienvenida, y que expedientes que ya tienen tres y cuatro años no se descarten de una vez", explicó este martes Manoel Santos, coordinador de Greenpeace.
Precisamente, recordando la cronología de este proyecto tan polémico, la organización ecologista señaló que ya el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró nula, y por tanto ilegal, la desprotección ambiental por parte de la Xunta de Galicia de la zona "ambicionada" por Altri, lo que, a su juicio, debería invalidar la declaración de impacto ambiental emitida.
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