El Ayuntamiento de Vigo le gana la batalla a la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro

Un total de 1.109.000 euros. Esta es la cantidad que la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tendrá que pagar al Ayuntamiento por el Impuesto de Bienes Inmuebles. El Consistorio liderado por Abel Caballero le ha ganado la batalla a la entidad societaria con el dictamen por parte del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad que establece que la compañía debe pagar por todo el complejo y no solo por los espacios de explotación privada como la lavandería, la cafetería y los aparcamientos. 

El alcalde ha defendido siempre, pues llevan años de litigio, que "la empresa tiene la concesión del 100% y que, por tanto, tiene que pagar el IBI por el 100%, por el total de la concesión".

La cuestión del porcentaje sobre el que había que calcular el IBI del principal centro hospitalario de esta ciudad gallega,  ha sido objeto de enfrentamiento continuo entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, que se ha venido posicionado del lado de la compañía. En 2018 el entonces consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, llegó a acusar al Ejecutivo local de "no seguir el camino del acuerdo, sino de la imposición y de poner dificultades al servicio público".

 "Lo que más nos sorprende es que la Xunta de Galicia apoya a la sociedad concesionaria para que no pague el IBI a la ciudad de Vigo. La Xunta de Galicia siempre en contra de los intereses de Vigo", ha incidido el primer edil tras conocer la sentencia.

Un modelo público-privado muy cuestionado

Hace diez años ya que se inauguró, entre protestas, encierros de los trabajadores y quejas de los usuarios, el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, un centro que reorganizó la asistencia sanitaria en el municipio, sustituyendo al emblemático Hospital Xeral, reconfigurando el Hospital Meixoeiro, e imponiendo un modelo muy distinto al existente, bajo la fórmula tan defendida por el Partido Popular público-privada. El resultado de la copia del modelo de Esperanza Aguirre fue un sobrecoste de más 400 millones de euros y una concesión, a 20 años, que ha llegado a su ecuador, dejando a la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo unos beneficios de más de 22 millones de euros.

El acuerdo contempla el pago por parte de la administración autonómica de una Cantidad Máxima Anual por las obras de construcción y la prestación de doce servicios no clínicos, entre ellos, la lavandería, la limpieza, el mantenimiento, la seguridad o la restauración.

Muchas sombras planean sobre la UTE (Unión Temporal de Empresas) que estuvo detrás de la edificación de estas instalaciones, formada por varias compañías con vínculos con el Partido Popular, e, incluso, algunas de ellas, involucradas en casos de corrupción. Y aún más llamativo, tal y como alertó el BNG, fueron algunos de los nombres que estuvieron detrás de la operación. Es el caso de Tomás Pérez Vidal (accionista de Puentes y Calzadas, expresidente del Parlamento Gallego y conselleiro en gobiernos de Manuel Fraga); Agustín Hernández (directivo de la misma firma y conselleiro en gobiernos de la Xunta con el PP); Rodrigo Rato (presidente de Bankia, entidad que financió la UTE, exministro en ejecutivos ‘populares’ y miembro de su dirección estatal) y Luis de Guindos (alto directivo de PriceWaterHouseCoopers desde 2008 y con un “claro protagonismo” en los informes de adjudicación del hospital).

Pese al dinero de más que la administración pública pagó por el centro, los resultados no cumplieron con las expectativas iniciales, pues se redujo la superficie en un 25% a costa de prescindir, por ejemplo, de los pabellones de investigación y docencia y del hotel de paciente, y se quitaron camas (de 1.465 se pasó a 845). Concessia, nombre de ese conjunto de empresas, recortó los recursos contemplados en el contrato de concesión firmado con el SERGAS "con el objetivo de incrementar sus ganancias, y con la complicidad del Ejecutivo presidido por Feijóo", han denunciado en varias ocasiones desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública.

El proyecto de un nuevo complejo hospitalario en la ciudad olívica ya estaba en la mente del bipartido PSOE-BNG, pero de un modo muy distinto al ejecutado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, amigo, en palabras de integrantes del Bloque Nacionalista Galego, de "“convertir los servicios públicos en nichos de negocio para las multinacionales”.

En los últimos años, se han producido varios cambios en el accionariado de la concesionaria privada que ahora tendrá que abonar al Ayuntamiento vigués más de un millón de euros. A día de hoy, la mayor parte de las acciones están en manos de Meridiam, un grupo inversor multinacional con sede en Francia.