En diversas ocasiones, organizaciones animalistas gallegas se han preguntado por los motivos que hacen que, el denominado por ellos como lobby procaza, tenga tanto predicamento ante la administración autonómica.

En estos tiempos de pandemia, las mismas entidades entidades han puesto de manifiesto episodios y casos en los que denuncian esta situación, siendo uno de los más comentados el que señalaba, ante las restricciones de movilidad impuestas por la Xunta de Galicia, que no se permitiera ir a visitar a un familiar al concello vecino, pero sí desplazarse a otra provincia para cazar .

Ahora ha sido la Asociación Animalista Libera la que ha hecho público otra medida del Gobierno gallego relacionada esta práctica. El día de ayer, el Diario Oficial de Galicia publicó una convocatoria de subvenciones destinada a los cotos de caza para que puedan “financiar actuaciones como desbroces o la creación de ‘vivares artificiales’ cuyo objetivo fundamental es favorecer que se puedan matar más animales silvestres con dinero de todos y todas las gallegas”, según denuncia la organización.

Libera “censura” lo que califica como “lluvia de fondos públicos en plena pandemia”, al tiempo que subraya que la Federación de Caza de Galicia “ya recibe decenas de miles de euros para actuaciones tan peregrinas como fomentar la caza entre la juventud u organizar cursos sobre seguridad”.

No todas las instituciones públicas gallegas otorgan subvenciones a esta práctica. En este sentido, los animalistas mencionan que desde hace dos años la Diputación de A Coruña no aporta este tipo de ayudas que, según dice, son “actuaciones propias de los cotos de caza y de las sociedades que los administran”.

En total, según lo publicado por el Diario Oficial de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente destinará 200.000 euros para tal fin. Libera señala que con ese dinero podrían adquirirse más de 250.000 mascarillas FPP2 “como las que reclama Alberto Núñez Feijóo de uso obligatorio, pudiendo repartir este material sanitario básico en residencias de personas mayores, centros educativos o entre el personal que lucha en primera línea contra la Covid-19”.

A modo de recordatorio, la entidad animalista denuncia que se use el instrumento del Diario Oficial como “máquina de reparto de dinero público para mantener contenta a una auténtica ultraminoría”. En relación con esta afirmación cifran en “menos del 2% del total de la población gallega” la que posee una licencia de caza.