Un oscuro manto envuelve a la Asamblea de Murcia desde los ‘lejanos’ tiempos de la fallida moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos. La reforma del Estatuto de Autonomía crea un nuevo cisma en la región. Partido Popular, auspiciado por los expulsados de Cs y Vox, ha maniobrado para evitar que las enmiendas del proyecto sean aprobadas en el Congreso, por lo que han votado a favor de retirar el texto de la Cámara Baja. La oposición, que se marchó durante la votación, ha estallado ante el ejercicio de "obstruccionismo" del Ejecutivo autonómico.

En abril de 2019, la Cámara murciana aprobó por unanimidad el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la región. Dos años en los que “han pasado muchas cosas en todo el mundo”, entre otras una pandemia que azota aún a todo el planeta y, en clave autonómica, una moción de censura que el presidente, Fernando López Miras, sorteó apoyándose en “la voluntad comprada” de los escindidos de Ciudadanos y Vox.

La lucha contra el transfuguismo es, de hecho, una de las cuestiones de fondo que ha impulsado esta última maniobra del Gobierno regional. El PSOE enmendó el acuerdo de 2019 con el fin de que fuese la Asamblea la que regulase la condición de los diputados no adscritos. Pero también Ciudadanos trabajó en una senda semejante, para que los parlamentarios expulsados se marcharan al Grupo Mixto. Además, los liberales incluyeron en sus enmiendas una limitación de mandatos que impediría la reelección de López Miras.

Se convocó para este jueves una sesión extraordinaria en la Asamblea de Murcia para dirimir si la Cámara reclamaba el texto de la reforma al Congreso de los Diputados. La tensión marcó un pleno del que se ausentaron tanto PSOE, como Ciudadanos, como Unidas Podemos, aunque estos últimos sí hicieron uso de su turno de palabra para cargar contra el “atropello democrático” del Ejecutivo. No obstante, toda vez que los morados defendieron sus 53 enmiendas al proyecto, tomaron el mismo camino que socialistas y liberales.

Para la hora de la votación, tan sólo estaban presentes en la sala los diputados conservadores y los expulsados por Ciudadanos y Vox, amén del diputado ultraderechista que aun permanece en el partido. Por supuesto, la retirada del proyecto salió adelante con 24 votos a favor. Entre tanto, la oposición desfilaba ante los medios de comunicación para denunciar una nueva “cacicada” del PP y sus aliados.

“Atropello democrático”

A las puertas de la Asamblea, los lamentos de PSOE, Ciudadanos y Podemos convergieron en un canto contra “otro golpe de crédito” a las instituciones. Los tres partidos de la oposición han equiparado esta “maniobra” del Ejecutivo y sus socios con la “compra de voluntades” en la moción de censura o la “reforma exprés de la Ley del Presidente”.

La portavoz de Podemos, María Marín, denunció que el Parlamento murciano se ha convertido en “la camarilla de un servicio de un presidente regional sin escrúpulos”, al tiempo que cuestionó la credibilidad de la propia institución, la cual cotiza, a su juicio, “a niveles de bono basura”.

Durante su escueta intervención en la Asamblea, Marín acusó a PP y sus aliados de propinar “otro golpe de crédito a nuestras instituciones”. Respondió también a las justificaciones del Gobierno autonómico para ejecutar su maniobra, basadas en la “aprobación unánime” del proyecto en abril de 2019.

Marín no desdeña la unanimidad en la reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia, pero enfocó su argumentario en el tiempo transcurrido. La portavoz morada se sustenta en la cualidad líquida de los tiempos actuales. “Han pasado muchas cosas en dos años en la región, en el país y en el mundo”, destacó la dirigente de Podemos, que ejemplificaba sus palabras con la situación de emergencia que desató el coronavirus en marzo de 2020 y que aún persiste.

La portavoz morada se acogió al “transfuguismo” en la moción de censura del pasado mes de marzo y avisó de que el dirigente de Podemos en Murcia, Javier Sánchez Serna, “tratará de parar en el Congreso” este “atropello democrático”.

Por su parte, el portavoz socialista en la Asamblea, Diego Conesa, ha denunciado que el PP y los “tránsfugas” de Ciudadanos junto a los “expulsados de Vox” han convertido a la Región de Murcia en una “república bananera” para acometer este “secuestro”.

Conesa no entiende el concepto de “unidad nacional” de López Miras y sus aliados. “No sé donde está la Constitución para ellos”, lamentó, mientras ponía el acento en las “grandes mentiras y falacias” en las que se han apoyado para perpetrar su maniobra”.

Los estatutos de autonomía han sido revisados cuando han pasado por el Congreso de los Diputados. “Absolutamente todos”, apostillaba el socialista, que duda de la “legalidad” de los actos y medidas adoptadas en el pleno. “Están provocando que haya una democracia de pésima calidad, legislando sólo para sus intereses y usando las instituciones para su propio beneficio”, acotó. Así las cosas, Conesa indicó que su grupo ha encargado un informe a los servicios jurídicos del parlamento murciano.

Acusaciones de deslealtad

Por su parte, el portavoz del Grupo Liberal, Francisco Álvarez, expulsado por Ciudadanos, ha justificado que la reforma del Estatuto salió de la Asamblea el 1 de abril de 2019 por unanimidad de los 45 diputados. Sin embargo, la oposición, a su juicio, lo ha intentado modificar “por la puerta de atrás” y sin la “mayoría del parlamento autonómico”.

Juan José Liarte, el diputado expulsado de Vox, defiende que, si bien el proyecto alberga planteamientos políticos “marxistas”, se manifiestan “frontal y profundamente contrarios” a permitir las enmiendas. De hecho, enmarca las posturas de Ciudadanos y PSOE en el “rencor” tras el fracaso de la moción de censura.

El portavoz de los conservadores en el Parlamento también ha insistido en la unanimidad de 2019, pero ha cargado frontalmente contra PSOE y Ciudadanos, a los que ha acusado de “deslealtad”.

Periodistas al banquillo

Pero la aprobación de la retirada no es lo único que preocupa en el entorno parlamentario de Murcia. Este mismo jueves, la periodista de InfoLibre Alicia Gutiérrez y el director, Daniel Basteiro, declararon ante un tribunal a raíz de una denuncia del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y del propio presidente murciano.

Antes de presentarse como escuderos de la libertad de prensa, Egea y López Miras se querellaron contra los periodistas por publicar una información veraz, contrastada y de interés público. Y es que el pasado mes de junio, el citado medio desveló que el presidente regional medió en una operación quirúrgica de un familiar del número dos de Casado mientras el coronavirus arremetía con violencia en España.

Los periodistas de InfoLibre captaron el pantallazo de la conversación entre los dos políticos, aunque no en su integridad. Egea reclamó al presidente que escribiese al secretario general de Salud lo siguiente: “Asegúrate de que lo citan”. Finalmente, el familiar de Egea se pudo saltar la lista de espera y, tras la publicación de la noticia y calificarla como “falsa”, ambos recurrieron a la vía judicial querellándose contra Rojo y Basteiro por “revelación de secretos”.

Recortes a la libertad de prensa

A raíz de estos hechos, un periodista de EFE ha denunciado en Twitter una nueva maniobra del Ejecutivo regional, pero esta vez con la prensa como damnificada. Jorge Sánchez publicó una imagen del pleno del jueves, donde tan sólo aparecen los diputados del PP junto a los expulsados por Ciudadanos y Vox.

Sánchez lamentaba la calidad de la imagen, aduciendo que no es buena “porque no permiten hacer fotos del pleno a los periodistas”. “Democracia”, agregaba al final del primer tuit de este breve hilo. El comunicador ha tachado de “vergüenza” que la prensa tenga que “evitar a ujieres” porque les han ordenado expresamente que “coarten la libertad de prensa”. “Es escandaloso”, insistió.

Y es que Sánchez establece el vínculo entre esta medida de la Cámara y la publicación del mensaje de Egea a López Miras. “La cosa va así: pillan al presi mandando WhatsApp indiscretos para colar a familiares de los que mandan en las listas de espera, los periodistas que lo publican, declarando hoy ante el juez y los de la Asamblea, sin poder siquiera somarse al Pleno”, censura en un su hilo al tiempo que recalca unas declaraciones de García Egea en solidaridad con los “medios” tras el comunicado de los jefes de prensa de los grupos parlamentarios en el Hemiciclo.