La comparecencia como testigo del expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el juicio sobre la compraventa de la Perla Negra ha durado escasamente veinte minutos, los que ha tardado el abogado de una de las defensas en realizar sus preguntas, a las que Herrera ha respondido de forma atropellada, poniendo distancia con el asunto, negando haber mediado con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en torno al precio del edificio y rechazando la idea que la operación fuera una decisión política.

Ninguna de las acusaciones -ni la Fiscalía ni la acusación particular de la propia Junta de Castilla y León, ni siquiera el letrado de la acción popular del PSOE- ha tenido cuestiones que plantear al que fuera durante dieciocho años presidente del Gobierno autonómico, a cuya mano derecha, el fallecido consejero de Economía, Tomás Villanueva, ha reconocido como artífice de la operación por la que están sentados en la Sala doce acusados, entre ellos, varios exaltos cargos de la administración.

Niega reuniones con Trillo ni con Del Olmo

Herrera ha calificado de “confidencia” el momento en el que tuvo conocimiento, a través del vocal del consejo de administración, Pablo Trillo, de las dudas que a este le suscitaba el asunto de la Perla Negra y su “inquietud” por el precio “costosísimo” o “elevadísimo” de la operación, si bien, ha negado haber vuelto a reunirse con Trillo, tal y como señaló en su declaración el aludido, sino que a partir de ese momento, acudió a quien tenía las competencias, que no era otro que el titular de la Consejería de Economía, Tomás Villanueva, cuyos entonces colaboradores están sentados en el banquillo por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

Los contenidos de esas conversaciones con Villanueva no han trascendido más allá de la escueta declaración del presidente acerca de que las hubo, y que, al parecer, fueron tranquilizadoras acerca de las “inquietudes” del “confidente”.

Según ha dicho, Villanueva le informó de la unanimidad en el consejo de Gesturcal, del que era responsable como consejero de Economía, a la hora de aprobar la compra, donde se sentaban, ha dicho, “consejeros cualificadísimos, un consejo bandera”.

Herrera también ha asegurado es que no puede “contextualizar ninguna reunión con Trillo en mi despacho” al margen de esa “confidencia” a las puertas de la Feria de Valladolid, y niega “rotundamente” haberse reunido con la consejera de Hacienda con el objetivo de que se valorase el inmueble para llegar a un mejor precio.

Una operación poco favorable o “coherente”

Frente a la opinión de la que fuera secretaria general de la Consejería de Hacienda, Teresa Mata —coincidente con la de la consejera de ese departamento, Del Olmo— en torno a que el contrato suscrito con Urban Proyecta sobre el edificio no le pareció “favorable”, ni la operación “rentable” para la Administración, Herrera ha considerado “coherente” la decisión del consejo de administración, que adjudicó la compraventa por unanimidad a la única empresa que se presentó después de varias tasaciones.

A la pregunta de la defensa del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, sobre si sigue considerando “acertada” la compraventa del inmueble, Herrera ha respondido que lo que considera acertado es haber confiado en el consejo de Gesturcal, en cuyo seno se sentaban personas expertas.

De hecho, el expresidente ha deslizado que “los posibles errores” que se cometieran en el procedimiento tuvieron lugar cuando “se prescindió del consejo de administración de Gesturcal”, sin especificar exactamente a qué se refería.

Lo que sí ha afirmado, finalmente, es que no se trató de una decisión política, sino que fue aquel consejo el que resolvió.